Un par de funcionarios autonómicos ha retirado este mediodía las tres pancartas, la del lazo amarillo, la del lazo blanco y la que indicaba «libertad de expresión», que colgaban de la fachada del Palacio de la Generalitat de Cataluña. Minutos antes, Quim Torra ha informado de que presentará «una querella por un presunto delito de prevaricación» contra la Junta Electoral Central (JEC), así como un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de retirar los símbolos partidistas.

Con este paso, el gobierno catalán obedece finalmente, once días después, las órdenes del órgano electoral, que exigió el pasado 11 de marzo la retirada de cualquier simbología partidista de los edificios de titularidad autonómica en vísperas del inicio de la precampaña electoral por los comicios del 28 de abril.

A su vez, este viernes, varios departamentos de la Generalitat, así como otras dependencias oficiales ya han inciado la reculada a primera hora de la mañana. No obstante, los Mossos d’Esquadra tienen la misión, ordenada por la JEC, de quitar los lazos antes de las 15:oo horas de hoy.

Diferencias en el gobierno catalán

Desde el 11 de marzo, Torra ha recibido, con la de ayer, cuatro advertencias explícitas por parte de la JEC (11, 18, 19 y 21 de marzo) para que cumpliera con lo que establecen las normas y han dictaminado los tribunales, en relación a la neutralidad de las instituciones públicas, especialmente durante el periodo electoral.

Durante estos once días, las tensiones en el gobierno catalán se han acentuado, debido a las diferencias en la estrategia a la hora de aplicar lo establecido por la JEC, según diversas fuentes de la Generalitat. En este sentido, los responsables de las Consejerías controladas por ERC eran partidarios, con matices, de acatar los acuerdos de la JEC; mientras que Torra y algunos consejeros de Junts per Catalunya, apostaban por desobedecer (tal y como han hecho durante once días).

Sin embargo, el acuerdo de la JEC de este jueves, en el que se ordena a los Mossos d’Esquadra intervenir para retirar la simbología partidista, a puesto punto final a la estratagema de Torra, pues tanto en la Consejería de Interior (que controla Miquel Buch y de la que depende la policía autonómica) como en la de Vicepresidencia (Pere Aragonès) se ha optado por no seguir tensando la cuerda con el Estado de Derecho.

Entendido como una reacción del derrotado, Torra, en su comunicado de este viernes, ha animado a los ciudadanos «a llenar los balcones de pisos y casas con esteladas y lazos amarillos». Una iniciativa que impulsa la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y que tendrá, presumiblemente, poco impacto, pues en Cataluña quedan pocos balcones de partidarios de la secesión que no exhiban ya su iconografía. Algo que, por otro lado, no incumple con la ley.