Puigdemont en Bruselas

El Pleno de Tribunal de Cuentas aprobó ayer por mayoría el Informe de fiscalización de la Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña durante el periodo 2011 a 2017 que supuso un dispendio de 421 millones de euros de dinero público con un único objetivo: la independencia de Cataluña.

El informe ha contado con el anuncio de la presentación de un voto particular de la consejera del PSOE, María Dolores Genaro, tras debatirse en el Pleno matizaciones que afectaban a partes sustanciales del informe. Según fuentes consultadas del Tribunal de Cuentas, «algunos consejeros habían trasladado inquietudes que obedecían más a directrices de la Generalitat sobre su ámbito competencial».

Desde que se aprobó en las Cortes a finales de diciembre de 2017 por la comisión mixta del Congreso y el Senado, la elaboración del informe ha sufrido múltiples presiones. El trabajo de fiscalización estaba casi finalizado a mediados de septiembre de 2018, para presentarlo antes del inicio del juicio del «procés», «pero la ingente cantidad de alegaciones, así como la aportación de documentación de forma extemporánea por parte de la Generalitat ha dilatado su terminación varios meses».

Tras el debate en la Sección de Fiscalización del TCu del pasado jueves 21 de marzo, ABC ha tenido conocimiento de las presiones del Gobierno para intentar postergar su aprobación después de las elecciones del 28-A. «Ese día los cinco consejeros propuestos por el PSOE en bloque propusieron que se retrasase la aprobación del informe después de las elecciones de abril», aseguran fuentes del TCu. Sin tener en cuenta que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado ya se habían pronunciado en dos escritos presentados el pasado 14 de marzo.

Existencia de delitos

Las andanzas por el mundo de Artur Mas, Carles Puigdemont y los consejeros del Govern en su obsesión por internacionalizar el «procés» tendrán consecuencias económicas. Casi 7 millones de euros sin justificar están en el punto de mira para que se restituyan a las arcas públicas. El abogado del Estado del Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, estima que «procede la remisión a la Sección de Enjuiciamiento con el fin de depurar la responsabilidad contable que pudiera derivarse de los hechos» relatados.

Así, la Abogacía del Estado se une al escrito formulado por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, remitido a la Fiscalía General para que investigue las posibles responsabilidades contables de los principales dirigentes de la Generalitat de Cataluña. No sería la primera vez. Artur Mas fue condenado a pagar 4,9 millones de euros por la consulta del 9-N. Además, como adelanto el fiscal jefe Torres también estipula que dichos hechos permiten «fundamentar la existencia de indicios de la comisión de los delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento público y contra las instituciones del Estado».

El abogado del Estado manifiesta «su conformidad con las conclusiones y recomendaciones recogidas», así como con todas las cantidades «contenidas en el cuerpo del informe de fiscalización». En concreto, de las 500 páginas donde se detallan minuciosamente las irregularidades en subvenciones, asesoramientos, contratos, ayudas, viajes internacionales tanto de los presidentes de la Generalitat -Mas y Puigdemont- como de sus consejeros -Raül Romeva, Francesc Homs, Andreu Mas-Colell y Santi Vila, entre otros-. Un total de 46 viajes que suman casi medio millón de euros destinados exclusivamente para «promocionar el proceso soberanista» a través de encuentros con políticos y conferencias en universidades, «no resultando justificado el uso de fondos públicos para dichas finalidades».

Millones sin control

La única hoja de ruta de la Secretaría de Acción Exterior, y del consejero Romeva, con sus «embajadas» catalanas y Diplocat, era «promover, impulsar, fomentar, debatir, publicitar y tratar de conseguir el respaldo internacional del llamado procés». Una máquina al servicio de la «creación de estructuras de Estado» a través de la intensificación de contactos con otras embajadas, entrevistas con periodistas extranjeros, visitas de responsables gubernamentales y parlamentarios, o la creación de argumentarios en los que no era conveniente «mencionar las palabras «declaración unilateral de independencia» ni tampoco las siglas DUI.

La Secretaría dirigida por Romeva seguía un «manual de instrucciones» cuando cerraba contratos ajenos a su competencia en materia de comunicación, protocolo o sobre defensa internacional, intentando «formar parte de tratados multilaterales» como si fuera un Estado más de la Unión Europea. Gran parte de los 27 millones de euros gastados por estas delegaciones exteriores se utilizaron injustificadamente en actividades que no cumplían las finalidades para las que se crearon, como apunta la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En total asciende al menos a 327.736 euros las irregularidades contabilizadas en actividades ajenas a su finalidad.

La de mayor cuantía –41.045 euros– tiene lugar en París el 25 de septiembre de 2017 para presentar el informe «El legítimo derecho a decidir de Cataluña» para intentar dar legitimidad al referéndum del 1-O. Con respecto a la consulta del 9-N, señala la Abogacía, la utilización de locales de las delegaciones de Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos como la Casa de Perpiñán y oficinas sectoriales de Acció para la votación convocada para el 9 de noviembre, «a pesar de que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional».

Sin documentación justificativa

No existe documentación justificativa de varios gastos recogidos en la contabilidad de varias delegaciones por 302.793 euros. Además, el Tribunal de Cuentas detectó pagos por 171.612,90 euros que resultan injustificados, ya que corresponde a gastos privados de los delegados, otros cuya finalidad se desconoce, donaciones prohibidas en las delegaciones, o servicios prestados desconocidos. Como es el caso de la delegación alemana que pagó el catering posterior a una conferencia sobre la autodeterminación que dio Artur Mas organizada por la Asamblea Nacional Catalana o la delegación de Dinamarca que abonó los billetes de avión de Romeva cuando ya había sido cesado. «Las delegaciones realizaban los gastos que querían y eran utilizadas para disponer de recursos para organizar todo tipo de actividades que no habrían podido realizarse desde la propia Generalitat».

Los argumentarios del «procés» se pagaban bien: 515.675 euros repartidos en contratos menores y en muchos casos no justificados. Por ejemplo, tres pagos por el asesoramiento a un despacho radicado en Londres dirigido por una abogada eslovena. Otro caso: el lobby norteamericano Independent Diplomat recibió casi 1,4 millones de euros –la cifra más alta– «sin incluir documentación que resulte acreditativa del servicio prestado». Un tercer, el conjunto de gastos irregulares, por injustificados, de Diplocat ascienden al menos a 3,9 millones de euros. Constata el informe la afición desmedida de la Generalitat en el empleo de observadores electorales internacionales llegando hasta los 553.120 euros.

Subvenciones irregulares

El dinero público entregado a entidades independentistas se acercó a los 15 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades: 350.850 euros entregados a una asociación vinculada a CiU cuyo objetivo era «el conocimiento y reconocimiento internacional de la nación catalana»; y con el agravante de que dos miembros de su consejo editor son altos cargos de la Secretaría de Acción Exterior. En esta misma línea, Diplocat también concedió ayudas por «una cifra escandalosa»: 565.000 euros para la financiación de los gastos de transporte y de alojamiento de las entidades civiles catalanas. Fue la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) quién gestionó estas ayudas a través de un convenio que está en el punto de mira.

Gastos y más gastos destapados por el Tribunal de Cuentas, a pesar del interés de sus responsables –la Generalitat– de que no trascendiera y, lo que es más sorprendente, a pesar del interés del Gobierno y del Partido Socialista porque no trasciendan antes de las elecciones del próximo 28 de abril. Que cada palo aguante su vela.