El 27 de marzo de 2018 fue el día en que otra gota de provocación colmó el vaso de la paciencia del Gobierno español. Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ya había comparado al Estado español con la Alemania nazi y había alertado de una limpieza étnica en Cataluña a cuenta del pulso de los independentistas por el referéndum, entre otras graves acusaciones. Pero hasta entonces Assange lo había hecho en su cuenta de Twitter y en medios o bien independentistas o bien en la órbita de la desinformación rusa. Aquel día, sin embargo, el fundador de Wikileaks se hizo entrevistar por una colaboradora suya, Stefania Maurizi, en uno de los principales diarios de Europa, el rotativo italiano «La Repubblica».

En la entrevista, Assange volvía a defender la autodeterminación de los catalanes, «porque tienen su propia lengua y cultura, y porque son su propio pueblo y tienen el derecho a la autodeterminación». Habían pasado casi seis meses de la consulta ilegalizada y el periodista australiano había intensificado sus ataques a la policía, la justicia y el gobierno de España. Compartía mensajes en inglés, español y catalán acusando al estado de autoritario y comparando sus métodos con los del fascismo. Mientras, consultaba frecuentemente con los abogados que le asistían, Baltasar Garzón a la cabeza, y se vio, en noviembre, con un ideólogo clave del independentismo catalán, Oriol Soler.

Aquel 27 de marzo, el gobierno de Mariano Rajoy contactó con Lenín Moreno, su homólogo ecuatoriano, para trasladarle una enérgica queja. Assange era un asilado, y aunque no hay un código de conducta para quienes disfrutan de ese derecho, utilizaba el refugio y el altavoz de la embajada ecuatoriana en Londres para atacar a las instituciones y a periodistas españoles, según fuentes conocedoras de aquellas gestiones consultadas por este diario.

Al día siguiente, pendiente una investigación, el Gobierno de Ecuador cortó la conexión a internet de Assange. Según le comunicó el ejecutivo de Moreno a Rajoy, el periodista había firmado un acuerdo de no injerencia en asuntos extranjeros a finales de 2017, que había violado en repetidas ocasiones. La queja de un socio político y comercial como España llevó al presidente ecuatoriano a optar por una medida ciertamente drástica.

En un comunicado, el Gobierno ecuatoriano dijo que «el comportamiento de Assange, con sus mensajes a través de las redes sociales, pone en riesgo las buenas relaciones que el país mantiene con Reino Unido, con el resto de los Estados de la Unión Europea y otras naciones». Al interesado se le comunicó que era un aviso serio de que sus anfitriones comenzaban a perder la paciencia, tras las denuncias por injerencia recibidas tanto por Reino Unido, en la crisis del Brexit, como por Estados Unidos, por sus ataques a Hillary Clinton y la filtración de correos de los demócratas, robados por Rusia.

Antes ya se le había cortado temporalmente el acceso a la red, pero en esa ocasión fue diferente: su incomunicación digital no duró sólo unos días, sino unos meses. Finalmente, Assange renunció a compartir mensajes en redes sociales bajo su nombre (su cuenta de Twitter pasó de llevar su nombre y apellido a llamarse Defend Assange, y en teoría la gestionaban sus colaboradores) y dejó la dirección de WikiLeaks, que cayó en manos de Kristinn Hrafnsson.

Aun así, WikiLeaks comenzó una batalla sin cuartel contra el Gobierno ecuatoriano, que a la vez ofrecía el asilo a Assange. Tras una serie de filtraciones sobre el propio Moreno, el fundador de Wikileaks ha sido detenido poco más de un año después de perder su conexión a internet.