Nicolás Maduro, rodeado de militares

Por Sebastiana Barráez (R).-  Cuando al primer teniente del Ejército venezolano Eliézer Daniel Vásquez Guillen lo llamaron aquel 30 de marzo, hace dos años, para “una entrevista” en la sede principal de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Caracas no tuvo ni la más remota idea de que ahí empezaría la más escalofriante travesía de torturas, humillaciones, denegación de justicia y violación de sus derechos humanos. Así se lo confesó a los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas que envió la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michel Bachelet.

Vásquez se encuentra detenido en el Centro de Procesados militares Ramo Verde (Cenapromil). “Yo trabajaba como jefe de la división de ingeniería en el Centro de Mantenimiento del Fuerte Tiuna en Caracas”, comenzó su relato.

La DGCIM lo detuvo cuando acudió a la entrevista. “En ese lugar fui víctima de tratos crueles, infrahumanos y degradantes, no me informaron mi situación ni a qué se debía la citación”. Estuvo incomunicado durante nueve días, “sin poder usar los servicios básicos”.

Cuando asistió a la sede de la DGCIM “la entrevista fue iniciada en ese momento por el Cap. (Néstor Neptalí) Blanco Hurtado (alias Ezequiel) en compañía del 1Tte Deiver Salas y el T/F Angola”. El primer teniente aseguró que no había ni una sola prueba para detenerlo.

Al teniente Eliézer Vásquez Guillen lo presentaron ante el Tribunal Militar Primero de Control, junto con el General de Brigada Ángel Vivas Perdomo, como supuesto líder del movimiento y los siguiente once oficiales Subalternos: el capitán del Ejército Víctor Asdrúbal Pereira Labrador; y los primeros tenientes José Ángel Rodríguez Araña, Ronald Leandro Ojeda Moreno, Marcos Antonio Briceño Camacho, Josué Abrahán Hidalgo Azuaje; José Ignacio Medina Marmolejo, Luis Eduardo Berbesí Torres, Francisco Pablo Rodríguez Ojeda, José Daniel González Bolaño, Luis Alejandro Mogollón Velásquez y Rafael Eduardo Arreaza Soto.

Narró que el 7 de marzo 2017, después de las 8 de la noche, la juez May (Ej) Claudia Carolina Perez de Mogollón ordenó privativa de libertad por 45 días, “que se prolongaron por tres meses para presentarnos en el tribunal para cumplir con la formalidad del proceso judicial”.

Desde el comienzo notaron la Violación del Debido Proceso. “Le negaron a los abogados los actos conclusivos en el cual nos acusaban de los delitos de Traición a la Patria, previsto y sancionado en el artículo 464 numeral 25 y 26, Instigación a la Rebelión previsto y sancionado en el artículo 481 y Rebelión Militar previsto y sancionado en el artículo 476 numeral 1 todos del Código Orgánico de Justicia Militar.

La juez Pérez de Mogollón no daba despacho, de manera que era imposible solicitar copias del expediente del caso y establecer la defensa de la causa.

En siete oportunidades fue diferida la audiencia preliminar. “Durante ese tiempo fui víctima de aislamiento en celdas alejadas de la población penal sin poder gozar de actividades recreativas, de las actividades que otorgan redención a las condenas, de una hora de sol diaria y de la obstrucción de la entrada de los abogados en el día de visita que correspondía”.

La cárcel militar de Ramo Verde

Destacó las requisas constantes por parte del entonces director del penal C/N José Ramón Boston Silva (quien en enero 2018 fue detenido por la fuga de nueve oficiales). “Cada celda donde convivíamos la causa TM-2017-029, conocida ante la opinión pública como “La Espada de Dios”, tenía cámaras de circuito cerrado, que hasta la fecha aún se mantienen grabando el día a día de nuestras actividades, violando la privacidad del detenido”.

Dice Vásquez Guillén que personal de investigación de DGCIM, “vinieron constantemente a golpear, electrocutar, abusar, robar con el fin de, según mi criterio, someternos más al miedo de ser víctimas de los maltratados. En junio del 2017, luego que salieran unos videos de Leopoldo López, fue la requisa más fuerte que nos tocó vivir”.

Otro episodio fue el ocurrido, el 14 de enero 2018, bajo la Dirección del C/F Jorge Russa Brett, “cuando ingresaron funcionarios del DGCIM tomando el control del penal, puestos de seguridad, desarmaron a los custodios, robaron teléfonos a los funcionarios militares del penal y con una lista buscaron a un grupo de privados, entre ellos a mi persona, me golpearon en la zona intercostal izquierda resultando con una fractura de costilla, fractura de peroné por golpes recibidos con un bastón metálico, no fui atendido medicamente. Este momento fue aprovechado por los custodios S/M3ra Saans y S/2do Wilker Dautantt, quienes me golpearon indiscriminadamente”.

El Capitán Victor Asdrúbal Pereira Labrador, quien pertenece a la causa, salió en libertad con medida cautelar, el 30 de noviembre 2017. “Fuimos diferidos por octava vez, destruyendo la esperanza de los 10 oficiales que quedábamos privados; el 28 de octubre 2017 el 1Tte José Ángel Rodríguez Araña se fugo de la cárcel militar de La Pica, y es la novena audiencia que nos difieren y nos dan como excusa que no sabían la situación del 1Tte Rodríguez Araña, teniendo en cuenta que el director de la Cárcel Militar de La Pica, se encontraba privado de libertad bajo investigación por esta fuga, conmigo y en la misma celda”.

La fuga

El 30 de noviembre 2017, luego de otra decepción por el décimo diferimiento, los suben al penal, con la novedad de que en el vehículo Toyota Land Cruiser, chasis largo, venían tres custodios y ocho privados de libertad. “El jefe de la comisión T/F Ojeda no sube con nosotros, pero sí lo hace el A/N Jesús Garay Gómez; modificando la orden de comisión, nos quitaron las esposas saliendo del tribunal, cuando ya nos habían esposado antes de salir, violando las medidas de seguridad en el traslado de privados de libertad”.

En la vía al penal un grupo de sus compañeros militares “aprovecharon la situación, el resentimiento de las injusticias y no querer ser juzgados por un tribunal corrupto, por ello los entiendo, los apoyo y no los critico. Tomaron el control del vehículo, del armamento y personal, yo medié para que nos entregáramos, no hicieran daño a los custodios y ser equilibrio para un desenlace sin violencia. El custodio S/M3ra Saans, quien era el conductor, se pudo soltar y dio parte a la policía, con lo que se inicia una persecución con disparos al vehículo, resultando herido el S/2do Vielma en el brazo izquierdo; se inició un enfrentamiento con el S/M3ra Saans, un policía motorizado y mis compañeros. El funcionario policial cayó herido de bala en la cara; en la huida en el vehículo, las puertas traseras se abrieron por una maniobra peligrosa cayendo del vehículos el custodio S/1ro Jhonathan Leal Palacio y el 1Tte Luis Alejandro Mogollón Velásquez, quien no recibió atención médica oportuna y ahora padece mareos, dolores de cabeza, vómitos y convulsiones, sin que le haya sido chequeada la doble fractura de cráneo que se observa claramente en las dos cicatrices en ambos parietales de su cabeza, no tiene hueso y el cerebro se observa pegado al cuero cabelludo”.

Otro que se cayó del vehículo en marcha “fue el S/2do Vielma y el S/2do Oliveira, quienes pertenecen a otra causa penal y no eran parte de la acción de fuga; en vista que estaban cercados por la policía, el tráfico y otros motivos que generaban presión, decidieron correr y yo me escondí y esperé para entregarme; tres de los primeros tenientes lograron fugarse (1Hidalgo Azuaje, Marcos Briceño Camacho y Ojeda Moreno). El 1Tte Rafael Eduardo Arreaza Soto fue ajusticiado por los funcionarios policiales con un disparo en el pecho y un disparo en la cabeza, hecho que aún no se ha esclarecido”.

Según Vásquez Guillén, “cuando me entregué fui llevado a una área boscosa, donde por la gracia de Dios y mi comunicación con un funcionario policial, le indiqué que era un preso político, que tenía siete meses privado de libertad por los delitos de conspiración y un supuesto golpe de estado; en medio de fuertes golpes y amenazas de muerte me pedían que me arrodillara, logré que no me mataran narrando explícitamente lo ocurrido en la fuga y que no participé, solo corrí para cuidar mi vida”.

Regreso a la Dirección de Contrainteligencia Militar

Después de todo lo acontecido con la fuga, al primer teniente Vásquez Guillén fue llevado a la Dirección de Contrainteligencia Militar el 01 de diciembre 2017. “El C/N Boston Silva, el Cap. Blanco Hurtado y dos agentes de DGCIM, me golpearon, me asfixiaron, me torturaron para saber dónde estaban los fugados, sin olvidar que el C/F Russa Brett y un grupo de tropa profesional de la Armada que trabajaban como custodios, me golpearon hasta partirme la cabeza de tantos golpes. Todo eso fue antes de pasar a la Dirección del penal a una improvisada sala de tortura”.

Presentaron al joven oficial con una causa nueva ante los tribunales militares. Estaba golpeado, con marcas evidentes de tortura, pero aún así “el Juez 3ro de control Cap. Amezquita, no le dio mayor importancia y fui privado nuevamente de libertad, y otra vez de regreso a Ramo Verde, donde fui encerrado en la celda de aislamiento conocido como “el tigrito” pese a las lesiones que presentaba, durante casi un mes y sin visita de mis familiares para que no me vieran las lesiones”.

Nicolás Maduro, rodeado de militares

No hubo nuevas audiencias preliminares hasta después de 33 diferimientos, una fuga, cuatro Primeros Tenientes evadidos, un Primer Teniente herido de gravedad y un Primer Teniente asesinado. “Por fin se dio la audiencia el 12 de febrero 2019, finalizando el 15 de febrero; eso fue por la presión de entregar el cargo a otro juez sin casos pendientes, que tenía la juez 1ro de control, May. Claudia Carolina Pérez de Mogollón, quien salía de reposo prenatal. Todo eso con violación al debido proceso y la obstrucción de la legítima defensa, cuando en noviembre 2018 se pautó, sin los actos conclusivos de la segunda causa y sin las copias de lo que se me acusaba: intento de fuga, uso indebido de arma de fuego, ataque al centinela, sustracción de efectos de la Fuerza Armada y motín; fue diferida por la defensa privada Abg. Beverly Alfonzo y Abg. Dom Crespo, quienes solicitaron prorroga a la audiencia para tener acceso a los expedientes que en tanto tiempo no fue dada oportunamente, se pasó por escrito cada solicitud de documento, salidas al médico y diferentes papeles que dieran algo de información de mi caso, lo que nunca fue respondido”.

Fue así como el primer teniente Vásquez Guillén fue enviado a juicio por ocho cargos: traición a la patria, instigación a la rebelión, rebelión, intento de fuga de preso, uso indebido de arma de fuego, sustracción de efectos de la Fuerza Armada, ataque al centinela y motín. “Sin pruebas, sin una acusación firme y contundente dando paso a la violación a mis derechos humanos”.

Visita de la ONU

El pasado 13 de marzo llegó a la cárcel militar de Ramo Verde una comisión de la Organización de la Naciones Unidas ONU, con el fin de chequear la situación de los presos. Para poder hablar con los inspectores de la ONU, se recurrió a gritos y golpes a las rejas para poder ser atendidos. No todos pudieron hablar sobre su caso. Los presos fueron mantenidos encerrados en sus celdas.

Los detenidos en Ramo Verde aseguran que los Generales M/G Josué Hidalgo Berroteran, Inspector General de Las Fuerza Armada; G/D Carlos Yánez Figueredo, Director Penitenciario Militar (Dispemil); G/D Edgar Rojas Borges, Presidente Corte Marcial; Cnel. Atilio José Peña Ruiz, Director de la cárcel de Ramo Verde no permitieron la comunicación con la comisión de la ONU.

Vásquez Guillen dice que “el G/D Rojas Borges, pretendió mal ponerme, acusándome de estar involucrado en la fuga y de dispárale en la cara a un policía; producto de esto fue tomado en cuenta mi caso y tomaron nota del ajusticiamiento del 1TTe Rafael Eduardo Arreaza Soto”.

El G/D Yánez Figueredo, pidió una lista para que la comisión los atendiera, pero fue nunca lo permitieron. “Posterior a la visita de la comisión de la ONU, hubo represalias por parte de los custodios.

Se les prohibió la entrada al penal a los familiares de los privados que habían mencionado o denunciado la violación a los derechos humanos; la excusa es que había una falla en la data de registro de visitas”.

La familia de Vásquez logró pasar, cuando de sorpresa llegó una comisión de la Inspectoría General de la Fuerza Armada, “quienes observaron muchas novedades y violación de los derechos humanos que ellos mismos trataron de ocultar durante la presencia de los inspectores de la ONU”.

El joven catalogó el caso “como prueba irrefutable, publica, notoria y comunicacional de la violación a los derechos humanos y al debido proceso, los Decretos 3.298 y 3.299, donde se degradó y expulsó de la institución armada a 24 militares oficiales incluyéndome, sin ni siquiera haber tenido una audiencia preliminar”.