Recientemente hemos visto la absolución de un señor, después de estar casi dos años en prisión provisional, nada menos. ¡Y nadie se escandaliza, faltaría más, que estamos en España!

Aquí reinan la arbitrariedad, disfrazada de discrecionalidad técnica, la prevaricación administrativa y toda clase de injusticias, y no pasa nada. Y si pasa, no importa.

Como decía un secretario judicial de Teruel, “algo habrá hecho”, es decir legitimaba cualquier actuación injusta o arbitraria contra una determinada persona, basándose en sus antecedentes, conducta anterior, y posibles pecados que hubiere cometido, en su caso… ¡Y se quedaba tan pancho! Menos mal que no era juez o fiscal, sino solo secretario (Ahora letrado, suponiendo que no se haya jubilado ya).

Nadie se plantea exigir responsabilidades, por lo menos disciplinarias, a ese juez que decretó la prisión provisional, y al fiscal –o acusación particular o popular- que la pidió, aunque en este caso creo que fue la fiscalía.

No solo eso, sino que la propia fiscalía, en lugar de reconocer públicamente su colosal error, en un gesto que les honraría, “amenaza” con recurrir la decisión, y prolongar por lo tanto el encausamiento de la persona absuelta, como si no hubiera tomado ración suficiente de esa pócima, más bien hiel, que llamamos “justicia”.

Y la solución adoptada es la más justa y menos gravosa para el acusado. Peor hubiera sido que le hubieran condenado a una pena ínfima, con la que “cubrir” el expediente, y justificar su encarcelamiento preventivo, que ya sabemos que las Instituciones nunca se equivocan, y si lo hacen, aplíquese el artículo anterior, y todos contentos. (Todos menos el condenado, claro, pero seguro que algo habría hecho).

Esta forma de actuar no es propia de un verdadero Estado de Derecho, sino más bien de una satrapía medieval, donde ante cualquier queja o denuncia del Emperador (en este caso, USA), se arbitran las medidas más duras posibles, para que quede claro quién manda, y que nosotros no somos más que unos simples vasallos del Imperio.

Decía Napoleón, con todo su poder, que él realmente mandaba poco, pues quiénes realmente mandaban en Francia eran los Jueces de Instrucción. ¡Y, posiblemente, no le faltaba razón!

Hemos creado un órgano, muy útil y necesario, pero que a fuerza de alimentarlo, de darle más y más facultades, y de no controlar debidamente su funcionamiento, por mor de la “independencia judicial”, al final ha devenido en un monstruo.
Y lo mismo que digo es aplicable a la Fiscalía, incluso en mayor medida, al no ser “independiente”, sino meramente “autónoma”, aunque en los dos casos podríamos decir que ni lo uno ni lo otro.

Quienes ostentan esos cargos y funciones, saben perfectamente hacia donde deben inclinar la balanza de la Justicia, por lo menos si quieren hacer carrera, y no pasarse la vida en los lugares más bajos del escalafón, en órganos unipersonales, codeándose con jueces y fiscales sustitutos, en destinos que nadie quiere.

En fin, termino ya, para no aburrir al personal, que tenemos que reflexionar para ver a quien votamos.

Dicen que el poder corrompe, y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Aplicando el símil al poder judicial, ¿no les estará pasando esto mismo a muchos fiscales y jueces de instrucción, que “juegan” tan alegremente con el principal patrimonio de cualquier persona, que es su libertad, su reputación, su honor, su patrimonio?

Además de una forma absolutamente impune, ante el sacrosanto respeto a la “independencia” judicial y fiscal.

Independencia y Autonomía, sí, pero con sujeción a las responsabilidades disciplinarias y penales correspondientes.

Abogado y escritor.