Este país, antes llamado España, es realmente sorprendente. Hace catorce años, en 2005, en el septenio negro zapateril, se promulgó una ley para regular el “matrimonio” de los homosexuales y lesbianas, pero al mismo tiempo no han querido regular las parejas de hecho.

Y al día de hoy, muchos años después de la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo –evidentemente contra natura-, y aunque desconozco los datos exactos, he leído en prensa que ascienden a escasamente veinticinco mil las uniones realizadas (me niego a llamarlas matrimonios). Parece que no hay tantos homosexuales y lesbianas como los colectivos gays pretenden hacernos creer, ya que para ellos los heterosexuales somos anormales. O que muchos no han querido salir del armario, que también.

Mientras tanto, alrededor de un millón de parejas de hecho siguen esperando que el legislador se acuerde de ellas y establezca una regulación estatal.

Soy consciente de que varias comunidades autónomas han promulgado la creación de registros de parejas de hecho –creo que sólo algunas-, pero con carácter meramente administrativo, carentes por tanto de efectos civiles respecto a sucesiones, usufructos de bienes, etc. En resumen, un parche para una realidad social que requiere su urgente regulación jurídica.

En el ínterin, el Gobierno sigue esperando a que el Constitucional, ese legislador negativo, diga si la ley que regula el matrimonio de personas del mismo sexo es o no constitucional.

Parece que hay que dejar la patata caliente en manos de estos señores, que ven llegar su abultada nómina todos los meses, mientras pasan los años sin que se decidan a dictar una sentencia. Sentencia que será como el parto de los montes: dará una de cal y otra de arena, y no resolverá nada. Como por otra parte ya nos tiene acostumbrados el mal llamado Tribunal, de composición meramente política y partidista. Y que están muy entretenidos dando la vuelta al mundo, con el dinero de nuestros impuestos, alegando reuniones peregrinas, mientras los asuntos que deben resolver duermen el sueño de los justos.

Es obvio que el Estado es el único legislador positivo existente, y que tiene el deber de legislar cuando hay realidades sociales que requieren una normativa propia y específica. Y no soy partidario de que se meta en todo, como suele ser habitual en los regímenes socialistas, pero sí de que se regulen situaciones que afectan a centenares de miles de personas, que navegan en la más absoluta inseguridad jurídica.

Mientras tanto los Juzgados de lo Social están denegando diariamente pensiones de viudedad a personas que han convivido con otra durante muchos años, basándose en que su relación no estaba inscrita en el registro de parejas de hecho –que como digo sólo existen en varias autonomías, así como en algunos ayuntamientos-, o constaba fehacientemente en documento público, es decir escritura notarial que reconozca su constitución.

La última que recuerdo es la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en recurso de casación para la unificación de doctrina, de 10 de mayo de 2012, que deniega la pensión de viudedad a una señora que había convivido con su pareja en el mismo domicilio, debidamente empadronados, desde 1999 hasta 2009, es decir, más de diez años ininterrumpidos. Para el Tribunal Supremo además de una pareja de hecho debe existir convivencia estable y notoria, debiendo concurrir ambos requisitos para el reconocimiento del derecho a pensión a favor del sobreviviente. Indica asimismo que la “existencia de pareja de hecho” debe acreditarse, bien mediante “inscripción en registro específico” de parejas de hecho, o “documento público en el que conste la constitución” de la pareja, lo que refleja la voluntad de la ley general de la seguridad social de limitar la atribución de la pensión en litigio a las parejas de hecho regularizadas.

Si el Gobierno no piensa promover nunca una ley reguladora de las parejas de hecho, -que podría incluir en un apartado específico las uniones de personas del mismo sexo, como se ha hecho en otros países europeos-, al menos que cree un registro nacional de parejas de hecho, con efectos constitutivos, con lo cual además se daría trabajo a funcionarios ociosos, de los muchos que pueblan la administración general del Estado.

Abogado y escritor.