Javier Marzal.

En artículos anteriores hemos informado de la denuncia de ANVIPED contra el autoritarismo de la Seguridad Social, del Presidente de Gobierno Sánchez y su antecesor Rajoy, así como de dos Ministros de cada uno de ellos y de varios cargos nacionales y provinciales que la prensa calificó como “estafas” de la “mafia de los recortes”.

En 2007, el Gobierno de Zapatero aprobó el Real Decreto 1311/2007, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

A efectos de la denuncia de ANVIPED, cabe destacar que se mantiene la documentación necesaria para acreditar el trabajo de estos trabajadores.

El otro aspecto relevante de este Real Decreto (RD), consiste en que establece que el Instituto Social de la Marina (ISM) tenía que realizar en un año un “plan de medios” para unificar toda la documentación sobre el trabajo efectivo de estos trabajadores. Con este Plan de medios se habría acabado con el autoritarismo de la Seguridad Social denunciado. El ISM es un organismo de la Seguridad Social que interviene junto con el INSS en la tramitación de las pensiones de varios colectivos de trabajadores.

En este año de 2007, estalló la crisis estadounidense y la gente informada, como el Presidente Zapatero, sabían que crearía una gran crisis en España, aunque negara la misma. El referido RD es de octubre de 2007 que es el mes en el que estalló la crisis en Estados Unidos.

La administración Zapatero incumplió su propia ley hasta 2011, es decir, durante tres años.

Resulta llamativo que este Plan de medios no lo hizo el director general del ISM que estuvo durante esos tres años, sino que, como se dice en la denuncia, el actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado Martínez, le sustituyó por Luis Casqueiro Barreiro, mediante designación a dedo.

Según se dice en la denuncia, este Director General hizo el Plan de medios en octubre de 2011, automatizando en los ordenadores las denominadas “estafas” de la “mafia de los recortes” por dos medios de comunicación regionales, influyentes y prestigiosos, uno vasco y otro gallego. De esta forma se ignoraba parte del contenido de los documentos oficiales del Ministerio de Fomento, incumpliendo este Real Decreto, la Ley General de la Seguridad Social, las normas internacionales y la jurisprudencia española, que afirman que los documentos oficiales expedidos por el Ministerio de Fomento, son los únicos documentos que acreditan el “trabajo efectivo” de estos trabajadores.

Estos hechos inducen a pensar que el Gobierno de ZP intentó obligar al director general del ISM a informatizar estas estafas, éste se negó y le destituyeron por ello.

Tras nuestra reunión con un senador del PSOE, esta formación política, entonces presidida por Sánchez, tuvo la desfachatez de registrar una Iniciativa Parlamentaria contra la entonces ministra Báñez, a pesar de lo antedicho.

Hemos informado de esta trama al presidente Sánchez, al Ministro de Fomento y a la Ministra de la Seguridad Social, obteniendo una respuesta donde se desentienden del asunto. La Ministra de Fomento fue invitada a participar en el programa especial de radio en RTVE que se emitió tres veces en noviembre de 2018, pero nadie del Ministerio intervino, limitándose a enviar un escrito donde mantenía la posición del PP.

La denuncia de ANVIPED incluye casos de esta trama, con sentencias judiciales, durante el Gobierno de Zapatero (PSOE), igual que en los anteriores Gobiernos de Aznar (PP) y González (PSOE), así como en los posteriores de Rajoy (PP) y de Sánchez (PSOE). No sólo son casos de los trabajadores del mar, sino también de otros colectivos.

En posteriores artículos seguiremos informando sobre otros aspectos de las 42 páginas de esta denuncia y de su tramitación.

Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED)