Mientras Cataluña arde incendiada por los terroristas callejeros del movimiento independentista, el Gobierno socialista en funciones se ha limitado a hacer público un comunicado genérico y vacuo en el que afirma “garantizar la seguridad ante la violencia que se está produciendo en las calles de varias ciudades catalanas”.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no hay que olvidar que existe gracias al apoyo prestado en su momento por los golpistas catalanes, los filoterroristas vascos y demás ralea de extrema-izquierda, repite, además, en su declaración, un mensaje tan nítido como improductivo: actuará con “firmeza y proporcionalidad” y “unidad” con el resto de las formaciones políticas.

Pero al mismo tiempo que el Presidente en funciones continúa sin enfrentarse con un mínimo de rigor a uno de los mayores desafíos sufridos por la democracia española en las últimas décadas, la actual situación de las calles catalanas presenta una realidad intolerable e indecente en la que las principales instituciones españolas, desde la Monarquía a la Justicia, pasando por el Parlamento y las Fuerzas Armadas, aparecen ante los ciudadanos como instrumentos inútiles que no pueden salvaguardar lo que nos es más querido y más valioso: la libertad, la convivencia civilizada, el respeto a las leyes, la igualdad entre los ciudadanos y la seguridad para nuestros hijos.

Ante esta bochornosa inacción de la que el Gobierno de Pedro Sánchez hace gala para proteger los derechos constitucionales de gran parte de la ciudadanía catalana, la Monarquía de Felipe VI y el Ejército español han de saber que los ciudadanos demócratas españoles les estamos mirando fijamente, con tanta atención como desconfianza. Y que esperamos encarecidamente que, a través de los mecanismos que la Constitución pone a su disposición, defiendan nuestros derechos como hombres y mujeres libres que somos, que esperamos que protejan el futuro de nuestros descendientes y que esperamos que resguarden con fuerza nuestro sistema de convivencia de esa contumaz patulea independentista, incendiaria y radical que, malversando los recursos públicos, trata de imponer a todos los españoles sus ensoñaciones más delirantes y fanáticas.

En estos momentos de nuestra historia, los ciudadanos simplemente decentes, quienes pagamos religiosamente nuestros impuestos, quienes tratamos de facilitar la convivencia colectiva, quienes intentamos transmitir ideales de tolerancia a nuestros descendientes y quienes todavía confíamos y creemos en los valores que se derivan de palabras como Constitución, democracia, patria, tradición, familia, libertad, estirpe o historia, nos encontramos excepcionalmente indignados por la negativa de nuestras instituciones, mayoritariamente en manos de la extrema izquierda y de los independentistas periféricos, a defender nuestros derechos más elementales: sobre todo, a la seguridad física, a la protección normativa, al disfrute de nuestras libertades, a la garantía de entendernos en español con nuestros vecinos y a la esperanza de un futuro para nuestros hijos.

Cada vez más hombres y mujeres de este país tienen menos certeza, menos seguridad y menos confianza en un Estado español en descomposición por la inacción de muchos y la traición de bastantes. Y, ante este estado de cosas, los principales responsables institucionales de la nación han de preguntarse y reflexionar urgentemente sobre lo que puede ocurrir si, al final, y como ya está comenzando a ocurrir en Cataluña, son los propios ciudadanos quienes se vean obligados a ejercer su legítimo derecho a la defensa para proteger lo que les es más querido: su libertad y la de sus hijos.

La Tribuna del País Vasco/Alerta Digital