Joaquín del Pino.- Iré a Mingorrubio para dar mi segundo adiós a Franco, sin complejos. Ya lo hice, por primera vez, el 21 de noviembre de 1975, con 14 años, al visitar su capilla ardiente en el Palacio de Oriente tras cuatro horas y media de cola. Tuve suerte entonces. Centenares de miles de españoles soportaron hasta 12 horas de larga espera a la intemperie en esos fríos días para rendir su último homenaje al que había sido Jefe del Estado durante casi 40 años. Ahí están los incontables documentos gráficos para quien quiera consultarlos.

Porque no es verdad que los españoles odiaran a Franco. Muchos quizá sí, pero la mayoría le respetaba, admiraba y agradecía que hubiera librado a España de convertirse en una dictadura comunista satélite de Stalin y a la Iglesia Católica del exterminio. Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, Henry Chilton, embajador británico en Madrid, informaba de que existía la pretensión de «instalar un régimen soviético en España» y que para prevenirlo se estaba preparando un golpe militar (Peter Day, «Los amigos de Franco»). La supuesta «legitimidad» de la II República se perdió tras su violenta deriva hacia un régimen dictatorial comunista. Cinco días antes del comienzo de la guerra, miembros de la Guardia de Asalto y algunos escoltas del ministro socialista Indalecio Prieto secuestraron y asesinaron de 2 tiros en la cabeza al jefe de la oposición, José Calvo Sotelo. Fue el sangriento culmen de la violencia instaurada en las calles de la República, tolerada, cuando no incitada, por el gobierno social-comunista.

Si se olvida todo esto, que es el objetivo principal de la Ley de Memoria Histórica, no se entiende a Franco. Porque Franco fue la consecuencia del desastre de la II República. Si la República se hubiera comportado como lo que siempre debió ser, una democracia, no hubiera habido Guerra Civil.

Lamentablemente, en julio de 1936 no hubo en España opción democrática que, por otra parte, la República socialista nunca quiso. Hay numerosos testimonios documentados de dirigentes socialistas justificando el acceso al poder por la violencia, incitando incluso a la guerra, si las urnas no se lo otorgaban. Por tanto, en 1936, tras la llegada al poder del Frente Popular, la democracia ni estaba ni se la esperaba. Sólo había dos alternativas posibles: una dictadura soviética o el régimen autoritario franquista. Afortunadamente, se impuso la segunda. Digo afortunadamente porque, si comparamos la España que dejó Franco en 1975 con lo que dejaron las dictaduras comunistas en los países de Europa del este tras la caída del Muro en 1989, solo un necio, un ignorante o un sectario podría preferir lo segundo. Ahí están, para quien quiera estudiarlos, los logros económicos y sociales del régimen franquista frente a la miseria de los regímenes comunistas.

La más grave acusación contra Franco es la de las «represalias» de la posguerra. Tras la Guerra Civil, como ocurre en todas las guerras, los vencedores juzgaron a los vencidos. La Enciclopedia de la Memoria Histórica (15mpedia.org) ha identificado, hasta el momento, 6.377 personas ejecutadas «víctimas del franquismo» entre 1940 y 1956, si bien advierte de que podrían ser muchas más (hasta 100.000 estima, sin aportar más datos ni fuentes, incluyendo los muertos en las cárceles por enfermedad, malas condiciones de vida o causas naturales). En ningún momento informa sobre las causas de las condenas.

Para tener un idea de la credibilidad de esas cifras y del carácter de «víctimas del franquismo» de los ejecutados, baste indicar, como ejemplo, que el último ajusticiado de esa lista lo fue en 1956 por el robo y asesinato de dos estanqueras en Sevilla en 1954. Nada que ver, por tanto, con la guerra ni con ninguna depuración política. La mayor parte de los ejecutados por los tribunales franquistas en la posguerra lo fueron por graves crímenes y tras un juicio. Es posible que se cometieran injusticias (¿dónde no?).

¿Alguien piensa que, de haber ganado la guerra los republicanos, las represalias hubieran sido distintas?

O bastante peores, considerando el antecedente de Paracuellos donde 5.000 personas inocentes (276 de ellas menores de edad) fueron asesinadas en menos de un mes, sin juicio previo de ningún tipo.

En Francia, tras la Segunda Guerra Mundial y como ejemplo de actuación de los vencedores, la «Depuración Francesa» dejó un saldo de 13.000 asesinados A esta cifra de muertos hubo que añadir otros 80.000 ciudadanos franceses encarcelados o condenados a trabajos forzados (Carlos Caballero Jurado, «Contra Stalin y De Gaulle»; y, del mismo autor, Carlomagno. «Vae Victis, El destino de los vencidos». Ignacio Marina Grimau, «La Francia más entregada». Joaquín Bochaca, «Los Crímenes de los Buenos»). Otro autor, el historiador norteamericano Herbert Lotmman, cuantifica en 6.763 las condenas a muerte en Francia tras la guerra y 10.000 víctimas más por «ejecuciones sumarísimas» (se entiende que sin juicio). Teniendo en cuenta la división entre los franceses colaboracionistas y los de la Resistencia, el clima y las emociones en Francia durante la posguerra pueden considerarse parecidos a los de una guerra civil. Ambiente y consecuencias, por tanto, no muy distintos a los de la España de la época.

El Valle de los Caídos fue construido como un monumento en memoria de los muertos en la guerra. Así lo recoge el Decreto-Ley de 23 de agosto de 1957, por el que se crea la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en su art.1: Sus fines serán rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres, sobre la base de la justicia social cristiana. Por tanto, en ningún caso fue concebido como «mausoleo para el dictador», falsedad repetida como un mantra por la izquierda. No hay constancia fehaciente de que Franco quisiera ser enterrado allí. Aparte de la lápida con su nombre, no hay en el Valle ninguna otra referencia a Franco, ni a su victoria, ni a su régimen (salvo el entonces escudo oficial en la fachada). Al contrario, hay elementos artísticos en la basílica que hacen referencia a la reconciliación. Especialmente conmovedores son dos grupos escultóricos representando a los dos bandos, uno frente al otro a cada lado de la nave principal, cada uno con 4 figuras humanas vestidas con hábito que, con la cabeza agachada ante quienes tienen enfrente, se piden perdón mutuamente.

Es un templo católico que guarda los restos de caídos de ambos bandos. Es una obra arquitectónica colosal, una de las más monumentales del siglo XX. Está en un entorno natural espectacular. Por todo ello, es deber del Estado conservarlo y protegerlo por ley, y una grave irresponsabilidad y omisión punible permitir que se vaya deteriorando poco a poco. No se puede poner la desacralización del templo como condición para su mantenimiento. Ello, unido a la descabellada propuesta de dinamitar o demoler la mayor cruz de la Cristiandad (equiparable a la destrucción por los talibanes de monumentos históricos), demuestra que la motivación última de esas actitudes es in odium fidei, por odio a la fe.

No es ningún drama enterrar a Franco en Mingorrubio, al lado de su mujer. Es intranscendente. Al fin y al cabo, con esta decisión el Gobierno está cumpliendo la última voluntad tácita del general. Lo grave e irresponsable son las motivaciones. La exhumación de Franco, forzada tras una modificación ad hoc de la mal llamada Ley de Memoria Histórica, no persigue la justicia y la reparación. Busca el enfrentamiento, no la reconciliación. Está motivada por el revanchismo de una izquierda cada vez más radical que no perdona a Franco el haber sido la única persona en toda la Historia que ha derrotado al comunismo. Pretenden ganarle muerto lo que no supieron ganarle vivo. Mercadean con un cadáver para ganar votos. Triste y deleznable estrategia que no tendrá los frutos que esperan.

Iré a Mingorrubio como muestra de agradecimiento a Franco por habernos librado del comunismo y como gesto de protesta ante una decisión sectaria de un gobierno con tics totalitarios que impide a la familia cubrir el ataúd con una bandera de España, nos prohíbe a los españoles asistir a un entierro y nos niega el derecho a la información plural sobre la exhumación, impidiendo el acceso a los medios de comunicación, salvo los oficiales. Como cuando el NO-DO.