Una de las incógnitas del Gobierno entre el PSOE y Podemos será dirimir el reparto de funciones para la ejecución de una política económica realista ante la inminencia de una crisis. Sánchez ha demostrado demasiadas veces que su palabra no es fiable, pero la hemeroteca está repleta de recordatorios demostrativos de las grandes diferencias entre los programas económicos de ambos partidos. Sánchez e Iglesias podrán edulcorar la compatibilidad de su Gobierno «progresista», pero lo cierto es que siempre han discrepado de las medidas que deben ser adoptadas. Partiendo de la base de que ninguno de los dos nunca hizo méritos para ser una luminaria económica, y de que siempre que la izquierda ha gobernado en España ha dejado a la clase media más empobrecida y con más desempleo que cuando entró, sus soluciones resultan ser demagogia pura y un peligro para el bolsillo. Pero en efecto son dispares. Iglesias aboga por una derogación total de la reforma laboral, y Sánchez, que siempre mantuvo ese discurso, lo rectificó cuando llegó a La Moncloa para decepción de los sindicatos y de amplios sectores de la izquierda. El PSOE plantea una reforma parcial de la ley que aprobó el Gobierno del PP eliminando «lo más perjudicial» para el trabajador. Sin embargo, para Podemos toda la ley es perjudicial, y por eso exige incluso un nuevo estatuto de los trabajadores que Sánchez ni siquiera sopesa. Las fricciones en el ámbito laboral prometen ser serias.

Lo mismo ocurre respecto a la política de vivienda, donde Iglesias pretende tener autonomía de gestión para, por ejemplo, intervenir de facto el precio de los alquileres, algo a lo que el PSOE se opone sencillamente porque es inconstitucional.

*Respecto a la banca, Unidas Podemos propone un simulacro de estatalización que el PSOE sabe inviable, y un masivo incremento de impuestos a sociedades y empresas, a la propia banca con nuevas tasas, y a la energía, cuyo sector quiere intervenir de facto bajo el siempre salvífico argumento de proteger el medio ambiente. El rechazo del PSOE a muchas de estas medidas es frontal, pero si en algo coinciden es en un notable incremento fiscal a la ciudadanía, eso sí, disfrazándolo de «armonización» contra las «rentas altas». Eufemismo tras eufemismo, el español medio ya sabe a qué atenerse y no podrá decir que lo desconocía cuando acudió a votar. El gasto público y el endeudamiento que PSOE y Podemos propondrán para financiar su «gasto social progresista» será tan relevante como la pugna entre ambos por asegurar las pensiones conforme al IPC, la elevación del salario mínimo hasta 1.200 euros y la aplicación de una «renta básica».

Sencillamente, porque España no podrá permitirse tantos excesos de populismo ultraizquierdista.