La Educación ha sido siempre objeto de predilección para la izquierda pues, en su ideario sobre la libertad y la persona–individuo, es prioritario dominar las conciencias para alcanzar la hegemonía social y política. La Historia –maestra en tantas cuestiones– pone de relieve lo que, cuando han ostentado el poder, esto ha significado en España.

Así ha ocurrido desde la Constitución liberal de 1812 hasta la actualidad: La génesis del actual artículo 27, regulador del derecho a la educación, muestra bien a las claras ese debate constituyente hasta llegar a esa fórmula de consenso.

En él se comprueba la tensión entre el control absolutista y público de la educación, y la libertad de los padres y profesores a educar y promover centros conformes a sus convicciones, especialmente morales y religiosas.

Por ello, una vez aprobada la Constitución, los sucesivos Gobiernos han promulgado leyes de desarrollo del artículo 27, intentando conseguir una regulación lo más aproximada posible a su ideario.

En consecuencia, hemos tenido numerosas leyes educativas, con la singularidad de que las aprobadas por gobiernos del PP prácticamente no han tenido vigencia, ya que eran derogadas por el PSOE en cuanto ocupaba el poder. Conocemos los frutos de la regulación de este derecho fundamental por la calidad de nuestro sistema educativo reflejada en los informes PISA, y algunos programas de tv, por desgracia. La Sra. Celaá ya ha dicho lo que entiende por el derecho a la educación: Avance del preacuerdo con Podemos.