Todo Gobierno tiene un deber inexcusable: cumplir y hacer cumplir la ley como garantía de una convivencia civilizada y pacífica. Cuando, por inacción o incompetencia, lo incumple, queda deslegitimado ante los ciudadanos que le confiaron esa función básica. Y pierde su autoridad.

Los procesos revolucionarios se caracterizan porque el Estado se ve desbordado por la fuerza de quienes quieren derribarlo por medios insurreccionales. Actuaciones como la ocupación de las vías públicas y la obstaculización de infraestructuras críticas que garantizan el normal funcionamiento de la sociedad, precipitan la caída de los Gobiernos, que pierden la autoridad ante su incapacidad de hacer cumplir la ley frente a los desmanes.

En Cataluña en general, y Barcelona en particular, estamos viviendo un «proceso» que es más propio de otras latitudes que de un país de la UE. Es absolutamente inaceptable que tengamos que tolerar como «normal y cotidiano» que unos cuantos individuos conviertan la vía pública o una plaza céntrica de Barcelona, en un camping, imposibilitando la vida normal de más de 120.000 personas.

También, que los CDR actúen como una auténtica organización criminal de delincuentes, con total impunidad hasta ayer, a cualquier hora del día o de la noche, y preavisando de sus acciones. El Gobierno, con el progresista Sr. Sánchez al frente, debe acabar con esta situación que ya «ha progresado» demasiado.