Los países son soberanos no solo sobre su territorio, sino también sobre las 12 primeras millas náuticas (22 kilómetros) a partir de su costa. Este es el llamado mar territorial, y sobre él manda cada Estado.

Luego, y desde las 12 hasta las 200 millas, cada país puede establecer una Zona Económica Exclusiva (ZEE), como la de España en Canarias, una zona que el Estado es el único que puede administrar, explorar, conservar y explotar. Pero aún hay una tercera posibilidad, la de solicitar la ampliación de la plataforma continental, lo que extiende el mar soberano hasta las 350 millas náuticas siempre que se demuestre, con informes geográ?cos, oceanográ?cos y jurídicos, que efectivamente el territorio submarino es continuidad de la zona terrestre sobre la que se ejerce la soberanía. España registró en 2014 su solicitud ante la ONU, pendiente de resolver, para que se le reconozca la ampliación de su plataforma continental en Canarias (ver mapa superior). En el documento España reconoce los solapamientos con las áreas de in?uencia portuguesa (por Madeira) y del Sahara Occidental. Esto dejaría bajo el control nacional una zona de 220.000 kilómetros cuadrados de gran riqueza natural.

¿QUÉ PRETENDE MARRUECOS?

Exactamente lo mismo que España: fijar su mar territorial y su ZEE y establecer un argumentario sobre el que sostener una nueva solicitud de ampliación de su plataforma continental (ya hizo una primera solicitud a remolque de la estrategia de España). El problema no solo está en que se solapan las áreas de influencia de ambos países, sino en que, además, el reino alauí toma como referencia para recalcular su frontera marítima los territorios ocupados del Sahara Occidental. Ni España ni Marruecos tienen capacidad para establecer su Zona Económica Exclusiva sin pisar la del otro, de ahí que hasta ahora, y a falta de acuerdo, Madrid y Rabat se hayan regido por la mediana, esa línea imaginaria que delimita las aguas entre la costa marroquí y la de las islas más orientales del Archipiélago en dos mitades equivalentes. Este acuerdo tácito sirvió, por ejemplo, para que cada país hiciera prospecciones petrolíferas en su lado de la mediana sin mayor problema. Pero lo que está ahora en juego es un negocio multimillonario.

¿QUÉ HAY BAJO EL MAR?

Telurio, cobalto y otros metales altamente valorados por la industria tecnológica es lo que yace bajo las aguas en disputa de España y Marruecos. De los volcanes submarinos de previsible riqueza, el único que no queda dentro de las 200 millas de la ZEE española es ‘Tropic’, al que los estudios señalan como la mayor reserva natural de telurio conocida hasta la fecha. Unas 2.600 toneladas de un metal que se paga a entre 200 y 500 dólares por kilo. Al quedar fuera de la ZEE, España solicita la extensión de su plataforma continental, de modo que también ‘Tropic’ quedaría bajo soberanía nacional. Claro que Marruecos también pugna, y para ello emplea el territorio ocupado del Sahara Occidental para recalcular su frontera marítima.

Marruecos ha decidido ampliar su frontera marítima hasta invadir aguas canarias. El reino alauí ha delimitado en dos leyes que ya han sido aprobadas en comisión parlamentaria el espacio marítimo que geográficamente comparte con España y Mauritania. El mapa dibujado por el país vecino implica el solapamiento de intereses en una amplia extensión al suroeste del Archipiélago, la zona en que se encuentra el monte submarino Tropic, cuyos recursos naturales quieren explotar ambos Estados. El nuevo reparto que pretende Marruecos no solo supone afianzar su control sobre el Sahara Occidental, ya que para el cálculo de la frontera marítima tiene en cuenta los territorios ocupados, sino que, además, reabre así el histórico conflicto con España en medio del cual están también los intereses del Archipiélago. De hecho, ni el Gobierno de Canarias ni el Ministerio de Asuntos Exteriores han ignorado el órdago de Rabat y ya han avisado que no le permitirán que hurte “ni una sola milla” a las Islas. Con todo, y más allá del conflicto político, las intenciones de Marruecos chocan con el derecho internacional, que veta cualquier tipo de vía unilateral y que consagra el establecimiento de las fronteras marítimas entre países colindantes al acuerdo entre ambos Estados. Sin este preceptivo acuerdo, las fronteras marítimas tienen como límite la mediana entre ambos territorios, esa línea imaginaria que divide la franja de agua entre Marruecos y las islas orientales de Canarias en dos mitades iguales.

Las leyes con que Marruecos pretende apropiarse de parte de las aguas de la región han sido aprobadas por unanimidad en la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la equivalente al Congreso de los Diputados. La unanimidad en torno a la delimitación de la frontera marítima incluyendo los territorios ocupados del Sahara Occidental es un nuevo gesto de fuerza ante la comunidad internacional. Ni España ni Naciones Unidas reconocen la soberanía marroquí sobre lo que en el reino alauí llaman las provincias del sur, lo que no ha obstado para que Rabat haya afianzado año a año el control del territorio, algo que ahora quiere extender también al espacio marítimo.

Sin embargo, si bien la comunidad internacional ha aplicado una política de laissez faire (dejar hacer) en lo relacionado con el Sahara Occidental, una política alimentada por el hecho de que la antigua potencia administradora, España (que sigue siéndolo), se ha mantenido al margen, no ocurre lo mismo con el espacio marítimo. Ahí los intereses de Marruecos chocan directamente con los de Canarias y España, tanto en términos estrictamente políticos, dado que el Estado no puede permitir que un país tercero delimite unilateralmente un espacio geográficamente común, como en términos económicos, dado que la zona en disputa contiene materias primas cuya explotación puede reportar pingües beneficios. En la zona en cuestión está sumergido, entre otros, el monte Tropic, un antiguo volcán que hoy es una reserva natural de metales tan apreciados por la industria tecnológica como el telurio o el cobalto. En definitiva, una fuente de riqueza a la que ni España ni Marruecos están dispuestos a renunciar.

En Rabat son conscientes de ello, de ahí que su ministro de Exteriores, Naser Burita, se haya apresurado a precisar que Marruecos está abierto al diálogo con España para solucionar el “solapamiento” de intereses, “especialmente en lo relativo a las islas Canarias”. “Marruecos no impone una política de hechos consumados, y no está cerrado al diálogo con España ni con Mauritania para resolver cualquier problema a través del consenso”, ahondó Burita en declaraciones recogidas por Efe. Sin tomar como referencia los territorios ocupados, Tropic queda fuera de cualquier ambición marroquí. Por eso Rabat ya no calcula su espacio marítimo a partir de la ciudad de Tarfaya, sino que en las nuevas leyes toma como punto de referencia la localidad de La Güera, al sur del Sahara Occidental. Así mata dos pájaros de un tiro: consolida de facto su control sobre los territorios ocupados y se lanza a una carrera con España, y por extensión Canarias, por la futura explotación de Tropic.

Hay que recordar que España solicitó en 2014 a la ONU la ampliación de la plataforma continental de Canarias a 350 millas, lo que pondría bajo el control y la explotación nacional un territorio submarino de más de 200.000 kilómetros cuadrados (casi la mitad de la España continental). Y en ese territorio están Tropic y toda su riqueza. Ya la solicitud española, pendiente de resolverse, preveía la colisión con el “área potencial del Sahara Occidental”, que no Marruecos, al que se evitó nombrar en el documento enviado a la ONU. Ahora el reino alauí considera que su nueva normativa le servirá para defender ante los organismos internacionales la ampliación de su plataforma continental, lo que choca con los intereses españoles y canarios.

Los Gobiernos central y regional ya advirtieron ayer que no consentirán que Marruecos se apropie “ni una sola milla” de las aguas canarias. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores explicaron que en la delimitación de las aguas de países colindantes debe regir, “como siempre”, lo estipulado en su día en la Convención del Mar de Naciones Unidas. Es decir, el acuerdo entre Estados. A falta de ese acuerdo, las leyes del reino alauí están vacías de todo contenido, tal como corroboró el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna Vicente Navarro Marchante. Y lo seguirán estando mientras España las refute ante la ONU, algo que hará en cuanto el Ejecutivo marroquí eleve su propuesta para delimitar las aguas al organismo internacional. En el diálogo bilateral que mantienen ambos países “se incluyen, naturalmente, las cuestiones relativas a la delimitación de las aguas”, cuestiones, agregaron desde el Ministerio, que siguen estando en stand by por más que el país vecino haya decidido dibujar su propio mapa. “No cabe la unilateralidad en materia de delimitación de las aguas entre países colindantes”, resumió el profesor Navarro.