Pedro Sánchez nombró ya a todos los ministros del área económica, con alguna sorpresa para los españoles y también para sus socios de Podemos. Sin duda, el nombramiento más llamativo es el del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aunque habría que empezar diciendo que el Gobierno no da precisamente ejemplo de austeridad. Va a ser el Gobierno con más miembros de la democracia o prácticamente igual que el primero de Adolfo Suárez. Además, no hablamos únicamente de los cuatro vicepresidentes y los ministros sino de toda la retahíla de cargos y gastos que llevan consigo.

Pero, volviendo a la composición del Gobierno en su vertiente económica, lo primero que llama la atención y lo más importantes para un Gobierno es saber si serán capaces de aprobar unos Presupuestos, ya que las prórrogas de los de Montoro no caben. Y, el primer problema que se avecina es que su aprobación no depende de las partidas de gasto o ingreso, sino de los acuerdos políticos con sus socios comunistas, nacionalistas, regionalistas e independentistas. De momento, la cosa pinta mal. España, a pesar del desprestigio en que Sánchez ha hecho caer a algunas instituciones, es un Estado de derecho que funciona y Junqueras y Torra lo han “padecido” en sus carnes en las últimas horas.

En todo caso, y suponiendo que haya Presupuestos, la realidad es que para cubrir el gasto público prometido, no menos de 35.000 millones de euros, tendrán que mentir a los españoles: bien porque no se pueda hacer o si se hace porque será subiendo impuestos a diestra y siniestra, incumpliendo también la palabra dada de que esta orgía de gasto la iban a pagar los ricos, los bancos, las grandes empresas, etc.

Y, en cuanto a la Seguridad Social y a su saneamiento, la figura de Escrivá en si misma no es una garantía de éxito. Claro que da más tranquilidad que otros pretendientes, la cuestión es si le dejarán hacer. En su etapa en la AIReF, decía que había que subir la edad de jubilación, el periodo de cálculo de la pensión y desgajar algunas partidas importantes para pasarlas al Estado. El reto está ahí. Lo conseguirá?