El presidente del Gobierno no se cansó durante la campaña electoral y el debate de investidura de la necesidad del desbloqueo político para tener unas cuentas públicas. Hay que recordar que Pedro Sánchez gobernó casi dos años con los del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. Los Presupuestos eran para el presidente la prioridad, lo que el país requería con urgencia para hacer políticas sociales, de igualdad, enfrentar la emergencia climática. En fin, para resolver con políticas progresistas los problemas de desigualdad que el país venía acumulando durante años.

El sábado, la ministra de Hacienda manifestó que los Presupuestos estarían cuanto antes, que ya están trabajando en ello. El lunes, el presidente los retrasaba hasta después del verano. Veremos qué ocurre, porque las cuentas no van a depender de la voluntad de Sánchez, sino de sus compromisos políticos con los independentistas, nacionalistas, filoetarras y regionalistas y sobre todo de Bruselas. La Comisión Europea ya ha advertido al Gobierno que arrastra un agujero en las cuentas públicas de 9.600 millones de euros y que va a estar muy vigilante con los aumentos de gasto público. En este sentido, hay que anotar ya los 1.400 millones de la subida de las pensiones y la de los salarios de los empleados públicos acordada con los sindicatos por Rajoy, medidas aprobadas en los dos primeros Consejos de Ministros celebrados. Para cubrir una parte de estos gastos, se pondrán en marcha el impuesto al diésel y otros tributos llamados verdes, la tasa tecnológica, la subida del IRPF para “ricos” y quién sabe.

En todo caso, estos ingresos y los que vengan serán insuficientes para cubrir el abultado gasto realizado y el previsto. Entre otras cosas porque la desaceleración de la economía es un hecho, que ya prevé hasta el FMI, cuyas previsiones apuntan a un crecimiento la mitad que hace apenas tres años. Lo siguiente será el aumento del paro. Veremos si al final desisten de algunos gastos o “ricos” pasaremos a ser todos.