El Gobierno aprobó el viernes un Real Decreto por el que modifica las causas del despido. La ministra de Trabajo fue la encargada de explicar su contenido en la “rueda de prensa” posterior al mismo. Y la armó. Díaz explicó que el despido quedaba prohibido en España y saltaron todas las alarmas. Periodistas, empresarios y analistas se lanzaron a poner blanco sobre negro las consecuencias de semejante barbaridad. La fundamental, si no se puede despedir, pero hay que seguir pagando salarios, cuotas e impuestos, la ministra estaba alentando a cierres masivos de empresas y, por tanto, mandaba a decenas de miles de trabajadores al paro. Una vez más, el ala comunista del Gobierno ganaba una batalla al ala más moderado encabezado con Calviño. Sin embargo, no hay que olvidar que en el Gobierno las decisiones se toman de forma colegiada y, de momento, no sabemos que Calviño y otros hayan dimitido. Quizás a cambio, ya lo veremos en los próximos días, del rescate de los alquilados u otras medidas solicitadas por Podemos.

En todo caso, el Decreto Ley no prohíbe los despidos. Lo que sí regula es el despido y su coste. Es decir, que si una empresa o autónomo con empleados no puede acogerse a un ERTE y su única opción ante la caída del negocio es el despido, éste no podrá ampararse en causas económicas, ni de fuerza mayor, ni por razones derivadas del COVID-19.

Es decir, se eliminan las causas objetivas, por lo que el despido pasaría a considerarse improcedente que es mucho más caro. Estas medidas entraron en vigor ayer sábado, por lo que no sabemos qué ocurrió durante la tarde del viernes, tras el anuncio de la ministra. Sí se puede colegir que la inseguridad jurídica que creó, llenó los despachos de abogados, asesorías y gestorías, ya que aún estaba en vigor el despido por causas objetivas. La sangría puede ser mayúscula en términos de empleo y de cierre de empresas.

Una vez más, el Gobierno ha demostrado incompetencia manifiesta para hacer frente a la crisis.

Además, lo hace, a pesar de lo prometido, sin hablar con empresarios y autónomos que cuando conocieron la decisión advirtieron de que una medida así provocará una recesión más larga y profunda.