El vicepresidente Pablo Iglesias anunció el pasado 19 de marzo que asumía el mando único del área de Servicios Sociales para atajar la crisis sanitaria del coronavirus en las residencias de ancianos. Desde ese momento, más de 18.000 ancianos han fallecido en los centros asistenciales de toda España.

La cifra era de tan sólo 1.516 fallecidos el pasado 26 de marzo, una semana después de que Iglesias asumiera el mando, y desde entonces no ha dejado de crecer exponencialmente. Durante estos dos meses, las residencias no han tenido la menor noticia del vicepresidente Pablo Iglesias, ni han recibido ninguna ayuda del Gobierno salvo la que ofreció la ministra de Defensa, Margarita Robles.

«La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha acudido a desinfectar decenas de residencias, y en algunos casos también se ha ocupado de trasladar a los fallecidos hasta las dos morgues provisionales del Palacio de Hielo y la Ciudad de la Justicia de Madrid. En ocasiones también han asumido esta labor los bomberos», explica Jesús Cubero, secretario general de la La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE).

Las empresas del sector se muestran tranquilas ante las querellas que la Fiscalía ha presentado para esclarecer las muertes por coronavirus en las residencias. «Nos parece muy bien que se investigue para que salga a la luz la verdad. Las residencias no han fallado, ha fallado el sistema sanitario y desde el sector nos hemos sentido muy abandonados por las autoridades sanitarias», señala el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid.

El colapso de la sanidad y las funerarias

Dos factores han contribuido a que en los dos últimos meses de pandemia se hayan registrado más de 18.500 muertes en las residencias sanitarias: el colapso del sistema sanitario y de los servicios funerarios. «Cuando las residencias llamaban al 061 o al hospital para informar de que uno de los ancianos tenía síntomas de coronavirus, nos decían que no podían ingresarlo porque estaban desbordados», relata Fernández-Cid, que añade que «esas llamadas están grabadas, y también existen los correos electrónicos, como podrá comprobar en su momento la Fiscalía».

A su juicio se ha producido una discriminación entre los ancianos que enfermaron en sus casas, que sí fueron admitidos en los hospitales, y las personas mayores de las residencias: «A nuestros ancianos no les han permitido ingresar en el hospital«, señala.

A ello se ha sumado el colapso de los servicios funerarios: si habitualmente acudían a las residencias en apenas dos horas cuando se producía un fallecimiento, durante la crisis del coronavirus en ocasiones el aviso ha tardado hasta 72 horas en ser atendido, porque las empresas del sector estaban completamente desbordadas.

Las residencias de ancianos recibieron además un protocolo sanitario que advertía que los cadáveres de fallecidos por coronavirus son muy contagiosos: por lo tanto recibieron instrucciones de mantener aislado en una habituación el cuerpo de cualquier fallecido hasta que llegaran los servicios funerarios, en ocasiones tres días después, explica el secretario general de AESTE, Jesús Cubero.

«No son héroes, son ángeles»

La situación se agravó cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dictó una resolución que aconsejaba a todos los trabajadores quedarse en casa y pedir la baja, si notaban algún síntoma similar al Covid-19: «De repente algunas residencias se encontraron sin la tercera parte de su plantilla«.

Antes de que Pablo Iglesias asumiera el mando único, el Gobierno tampoco transmitió a las residencias de ancianos las alertas que recibió de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el mes de enero sobre la gravedad de la crisis del coronavirus que había surgido en China.

«Aunque nuestro interlocutor habitual son las comunidades autónomas, da la sensación de que ha costado mucho tomar decisiones», afirma Jesús Cubero. «En la mayoría de los casos las propias residencias se adelantaron a tomar medidas antes de que lo hiciera la Administración, por ejemplo prohibiendo las visitas de familiares, una decisión que resultó difícil pero que ahora se ha demostrado que era acertada», explica.

Cubero constata que la actuación de las distintas comunidades autónomas ha sido muy dispar, aunque destaca que la Junta de Andalucía «ha tomado las decisiones correctas y muy rápido, nos ha suministrado mascarillas y ha realizado el test a todos los ancianos y empleados de residencias, para evitar que se produzcan nuevos contagios».

Ignacio Fernández-Cid considera necesario que el reconocimiento social a los sanitarios se extienda también al personal de las residencias de ancianos: «No es que sean héroes, son ángeles, lo han dado todo. Los sanitarios se han llevado el aplauso de toda la sociedad. Nuestros empleados a menudo al llegar a casa tras una jornada agotadora veían que los medios les culpaban de las muertes en las residencias. ¿Cómo pueden decir que te has cargado a tus ancianos, con los que a menudo se establece una relación humana de cariño extraordinaria?».