Anticorrupción concluye que Pablo Iglesias no fue víctima de Villarejo
Pablo Iglesias en una comparecencia en el Senado
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que retire la condición de perjudicado al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en la causa que se sigue por el robo del móvil de su asesora Dina Bousselham cuyo contenido apareció en los archivos del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
Iglesias fue llamado al procedimiento en febrero del año pasado porque parte aquellos archivos, y en concreto los pantallazos de unas conversaciones de chat en las que quedaba en mal lugar, fueron publicados en un medio de comunicación. Durante la instrucción se pondría de manifiesto que el volcado del teléfono pasó al menos por otra redacción, la de la revista Interviú, aunque en este medio se optó por no difundirlo.
Sin embargo, las contradicciones entre la versión de los hechos que dio Iglesias cuando fue llamado a declarar y las que ofrecería la igualmente perjudicada Dina Bousselham han llevado a los investigadores a concluir que el primero no fue víctima, en este caso, de lo que él denomina la «cloaca» del Estado.
El origen está en que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, mostró a Iglesias el contenido de la tarjeta de memoria de aquel móvil que había llegado a la redacción de Interviú en enero de 2016 y se la entregó. Sin embargo, él no comunicó a Bousselham el hallazgo hasta seis meses después, cuando en julio empezaron a publicarse los pantallazos de las conversaciones.
Iglesias le devolvió entonces la tarjeta, pero completamente «destruida», tal y como explicó Bousselham en su segunda comparecencia al respecto, que tuvo lugar el pasado 18 de mayo. Apuntaló la afirmación poniendo a disposición del juzgado una serie de correos que acreditarían su intento de reparar sin éxito ese dispositivo del que consta que seis meses antes, funcionaba.
La difusión de las conversaciones
Tras la publicación de las charlas privadas, ella amplió la denuncia por el robo del móvil sin comunicar a la policía que su jefe le acababa de devolver la tarjeta de memoria del terminal. Iglesias también guardó silencio de cara a las autoridades.
La clave es un informe de la Policía Científica sobre los archivos de Bousselham intervenidos a Villarejo. El análisis reveló que los pantallazos de conversaciones que habían visto la luz en prensa estaban guardados en la carpeta de «enviados» de una aplicación tipo WhatsApp.
En su primera declaración, ella negó taxativamente haber difundido esas charlas privadas, pero preguntada por este asunto el pasado 18 de mayo, con el informe policial ya sobre la mesa, hubo de reconocer que hacía capturas de conversaciones y las compartía con personas de su círculo.
Se rompía así el supuesto vínculo entre Villarejo y la difusión de esa información que fue lesiva para el líder de Podemos, ante la posibilidad cierta de que ella y no el comisario, estuviese en el origen de la filtración.
Se mantienen las imputaciones
Esta es la tesis por la que, por el camino, fueron imputados dos periodistas por revelación de secretos, el exdirector de Interviú, Alberto Pozas, y el redactor de la extinta revista Luis Rendueles. Ellos entregaron un pendrive a Villarejo con una copia del contenido del teléfono móvil de Bousselham, tal y como los tres han reconocido ante el juez.
Ahora, según ha avanzado El Mundo, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido sacar a Iglesias del procedimiento, retirándole su personación en calidad de perjudicado porque entiende, a la luz de los detalles que se han ido poniendo de manifiesto a lo largo de algo más de un año de investigación, que no fue víctima de Villarejo en este asunto.
Respecto de Bousselham no se proponen, de momento, cambios en su situación respecto de la causa, de acuerdo a las fuentes consultadas, igual que se mantienen las circunstancias actuales de los dos periodistas investigados, que han recurrido la imputación pidiendo que se archiven las actuaciones porque entienden que ellos se limitaron a proporcionar información a un comisario en activo que les trasladaba un requerimiento verbal.
