José Manuel Franco, secretario general del PSOE madrileño.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado retrasar al 10 de junio la declaración, que tendrá que ser presencial, del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, quien acudirá en calidad de investigado por autorizar la marcha feminista del 8-M en Madrid. Atiende así la petición de la Abogacía del Estado que pedía tiempo para preparar la defensa.

En una providencia, la juez retrasa así su comparecencia cinco días, había sido fijada inicialmente para el 5 de Junio, y señala que tendrá lugar a las 15.30. Ese mismo día declararán tras él y en calidad de testigos el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera, el director del Gabinete técnico, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.

De esta forma, la juez responde al escrito presentado por la Abogacía del Estado que solicitó aplazar tanto la comparecencia ante la juez como la declaración señalada ante la policía judicial prevista para el 25 de mayo. Si bien apunta que dado que el escrito de la defensa entró en el juzgado este jueves 27 de mayo, ha sido imposible atender esta última solicitud.

A pesar de aceptar ese retraso, la magistrada destaca en su escrito “que resulta sorprendente la alegación de la Abogacía del Estado relativa a que necesita tiempo para instruirse” porque se puso a su disposición la documentación tanto el 21 de abril como el 21 de mayo.

Añade que hasta que no se ha ordenado por resolución judicial del 26 de mayo que comparezca Franco, la Abogacía del Estado no ha recogido una copia de la documental. “Sin perjuicio de poner de manifiesto también que dispone -desde esa fecha- de ocho días para el estudio de las actuaciones, a fin de favorecer la preparación de su defensa, se accede a retrasar las declaraciones al día 10 de junio”, añade.

Fallos con la aplicación Zoom

Rodríguez-Medel explica en la providencia que las declaraciones serán presenciales finalmente “a la vista de la incidencia técnica” sufrida con el sistema Zoom, aplicación que se usa para realizar videoconferencias, y que ha dado problemas en días anteriores.

“A fin de evitar que problemas similares impliquen mayores retrasos en las declaraciones de la presente causa, se acuerda que, dada la imposibilidad de tener certeza de que la conexión telemática es posible, se practiquen de forma presencial, debiendo en consecuencia comparecer las partes y los testigos en esta sede judicial en el día y hora indicados”, añade.

La declaración de Franco por el caso 8-M llega después de conocerse el informe elaborado por la Guardia Civil para la juez y que tiene por objetivo esclarecer la actuación del delegado del Gobierno en Madrid a principios de marzo, cuando Franco autorizó la multitudinaria marcha por el Día de la Mujer.

Además se produce después de la crisis política suscitada por la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, quien era el superior de los investigadores de la causa del 8-M. Este hecho ha sido criticado duramente por la oposición como un caso de injerencia política en una investigación judicial.

Este mismo jueves, la Abogacía del Estado, ejerciendo la defensa de Franco, presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez abrió la investigación penal. En el escrito cargaba duramente contra la instructora, a la que acusaba de convertir la instrucción “en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria” saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.