El Fiscal ha anunciado este lunes la rebaja de la acusación al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Luis Trapero, de 11 años de cárcel por rebelión a 10 años por sedición, y ha ofrecido como alternativa poder condenarle a 60.000 euros de multa por desobediencia, lo que le liberaría de la cárcel. Esta decisión de la Fiscalía, bajo la supervisión de la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado.

La decisión de retirar la acusación por delito de rebelión en consonancia con la sentencia del “procés”, además de Trapero, también beneficia a los otros acusados por este delito y que también se enfrentaban a 11 años de cárcel: el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y el ex secretario general de Interior, César Puig.

La transformación de la ‘rebelión’ en ‘sedición’ o ‘desobediencia

El papel de Dolores Delgado, tanto al frente del Ministerio de Justicia como ahora en el cargo de Fiscal General de Estado, ha jugado un papel fundamental en la modificación del delito de Rebelión, marcado por la Fiscalía al comienzo de la investigación, al ahora delito de desobediencia por el que ha sido condenado Trapero.

En noviembre del año 2018, la Abogacía dependiente del Gobierno, presentó en el Tribunal Supremo un escrito de acusación con la firma de la reciente nombrada abogada general, Consuelo Castro, que apostaba por la sedición y se desmarcaba de la Fiscalía, que observaba desde el comienzo de la investigación un delito de rebelión.

El cese de Edmundo Bal, clave en la estrategia de Delgado

El nombramiento de Castro fue uno de los primeros movimiento de Delgado, dentro del Ministerio de Justicia, para encarar el juicio del procés en los primeros instantes del Gobierno Sánchez. Castro sustituía a Edmundo Bal, responsable de ejecutar las acusaciones del Gobierno en la causa del procés soberanista. En este sentido, Delgado empleaba la misma fórmula que hace pocas jornadas ejecutaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para destituir a Diego Pérez de los Cobos. Bal fue expulsado de su cargo por “pérdida de confianza” para llevar la acusación del Estado en la crisis del procés.

Bal mostró su disconformidad ante la postura de Dolores Delgado de acusar a los líderes independentistas de un delito de sedición y no de rebelión como se hizo desde un principio. Desde que el Partido Socialista llegó al Ejecutivo, la línea de rebajar la dureza en el proceso penal contra los exmiembros del Govern ha marcado la pauta de la investigación judicial del caso. Este hecho se hizo notable por primera vez el 2 de noviembre de 2018, cuando la Abogacía del Estado se desmarcó de la senda de la Fiscalía y entregó una acusación por malversación y sedición y no por rebelión.

Ahora, la Fiscalía apoya que Trapero, como principal responsable de los Mossos d’Esquadra cometió un delito de sedición, una figura jurídica muy diferente a la que defendió antes de la llegada de Dolores Delgado al cargo de Fiscal General del Estado.

La principal diferencia entre la Abogacía del Estado y la Fiscalía es que la primera defiende los intereses del Estado mientras que la segunda protege el interés general. Además, el fiscal general del Estado es independiente del Ejecutivo a pesar de que es elegido por este, pero desde la llegada de Sánchez al Gobierno todo comenzó a cambiar y se intentó desde el primer momento que tanto Abogacía del Estado y la Fiscalía lanzasen un mensaje común.

El cambio de Gobierno, clave en las sentencias del procés

El papel de la Abogacía del Estado estaba claro hasta que el cambio del Ejecutivo fruto de la moción de censura a Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia. Con el nuevo Gobierno, Dolores Delgado fue nombrada ministra de Justicia y María José Segarra como fiscal general. Poco tiempo después de ambas llegadas, la cosas tanto en la Fiscalía como en la Abogacía del Estado comenzaron a cambiar, y poco a poco se empezó a modificar la idea de rebelión por la de sedición.

En relación con la cartera de Justicia se lanzaron varios comunicados sobre el error que suponía que Junqueras y otros exconsellers, además de Forcadell y los ‘Jordis’ estuvieran en prisión.

Además desde el propio Gobierno, apoyado por los partidos independentistas, se lanzó la idea de que los hechos ocurridos en Cataluña se podrían encuadrar en un delito de rebelión, una idea que poco a poco también ha ido calando en la Fiscalía General del Estado hasta la sentencia de este lunes bajo la supervisión de Dolores Delgado.