El Gobierno de Pedro y Pablo ha deshonrado a nuestros ancianos durante el estado de alarma, los ha maltratado y ha provocado su muerte. No puede quedar impune.

Es muy posible que haya quienes piensen, en este momento en el que, el gobierno social-comunista ha acabado por levantar el “estado de alarma”, que lo peor ya ha pasado, que ya hemos superado la terrible crisis de salud pública ocasionada por el coronavirus y que todo ello es una pesadilla de la que ya hemos, ¡por fin!, despertado.

La habilidad para manipular, engañar, ocultar datos, etc. del gobierno frente-populista que, encabezan Pedro y Pablo, ha conducido, con total seguridad a muchos españoles a pensar que los terribles momentos en los que en España han muerto –oficialmente- alrededor de 50.000 personas debido a la epidemia de coronavirus ya pertenecen a un pasado remoto (son muchos los que afirman que las cifras reales son más del doble)… también es muy posible que, haya quienes consideren que lo mejor es alegrarse de estar vivos, celebrarlo, bailando, cantando… y huir de la muerte.

Porque, al fin y al cabo ¿de qué sirve ahora ocuparse de los muertos que, muertos están, y poco o nada se puede hacer por ellos?

Durante los más de tres meses en los que los españoles hemos sido obligados a permanecer en casa, en arresto domiciliario, a pesar de que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias haya recurrido a todo lo que ha estado al alcance de su mano para ocultarlo, ha estado sucediendo una terrible tragedia entre nuestros ancianos, entre nuestros mayores, no solo porque eran las más duramente afectadas por la Covid-19, sino porque el sistema público de salud y los diversos servicios sanitarios los marginó de forma cruel.

El sistema sanitario les negó a nuestros ancianos el acceso a las UCI. También le impidió a una enorme mayoría, que pudieran usar respiradores, y especialmente a los que estaban más gravemente afectados por el coronavirus. Y para más INRI, no ser permitió que fueran trasladados desde las residencias geriátricas a los hospitales.

Los ancianos que eran traslados por algún familiar a un hospital, en principio eran “acogidos”, pero acto seguido se practicaba lo que se ha dado en llamar “cribaje”, tras el examen médico se les indicaba que usaran analgésicos, y a la mayoría de nuestros ancianos se le recetó opiáceos y fueron devueltos a sus domicilios, para que allí malvivieran y emprendieran el viaje final. El uso de morfina fue masivo. Pero, ni la Fiscalía General del Estado ni el Ministerio de Sanidad han emprendido ninguna investigación respecto de que se haya recurrido de forma masiva a actos de eutanasia no solicitados, y menos deseados.

Y mientras todo esto ocurría, para el gobierno de Pedro y Pablo, sus secuaces y los medios de información y manipulación de masas, regados generosamente con nuestro dinero, nuestros muertos eran simples números de una curva, dígitos deshumanizados. Al gobierno y sus secuaces y sus trovadores, según parece les importaba un bledo, que a las miles de familias que han perdido a algún ser querido no les hiciera ninguna gracia. Les importaba un carajo que a los españoles que han perdido a seres queridos se les hiciera insoportable no poder enterrar a sus muertos, y ni siquiera hacerles un funeral como se merecen, “como Dios manda”.

Sin duda alguna, todo ello pudo haberse evitado, y no se evitó por ineptitud, por negligencia inexcusable,… y también, seguramente por maldad, la maldad de quienes estaban más preocupados y ocupados en tapar sus vergüenzas, en hacerse propaganda, en tratar de salir exitosos, o bien parados de semejantes canalladas.

Por ejemplo, ante el desbordamiento de las UCI, se podía haber dado traslado a nuestros ancianos a algunas de las camas que estaban disponibles en la Sanidad privada, muchas de las cuales han permanecido vacías durante el tiempo del estado de alarma, según han confesado algunos hospitales privados.

Si el objetivo principal del gobierno, al declarar el estado de alarma era que existiera un mando único y superior (que por ejemplo sí que requiso EPIS comprados por la comunidades autónomas para, supuestamente, luego redistribuirlo), no se entiende por qué este mando, presidido por el Ministro de Sanidad, no decidió, como se hizo en otras naciones de la Unión Europea, redistribuir los enfermos necesitados de cuidados intensivos entre las plazas disponibles en toda España, y de esa manera haber evitado le dilema de dejar vivir a nuestros ancianos o dejarlos morir.

Tras todo lo que vengo narrando, es hora de preguntarse para qué han servido el estado de alarma y el mando único.

El mejor acto colectivo que podemos hacer para honrar a nuestros muertos, es exigir que todo ello sea investigado política y judicialmente.

No cabe duda de que a quien hay que empezar a pedir responsabilidades, y llevar ante los tribunales para que se haga justicia y se le castigue como corresponde, es al vicepresidente para Asuntos Sociales, Pablo Iglesias Turrión, por no haber dado instrucciones para toda España, respecto a las residencias geriátricas, y por haber provocado el abandono de la administración pública.