A medida que se conocen los detalles de la declaración judicial de Dina Bousselham se refuerza la necesidad de una investigación judicial sobre Pablo Iglesias. El ahora vicepresidente no ha dicho nunca la verdad sobre la tarjeta del teléfono móvil de su colaboradora. Ni la robaron, ni había conspiración contra él, ni fue perjudicado. Retuvo la tarjeta durante varios meses y la entregó a Bouselham manipulada e inservible. Pretendió ser víctima de un delito que nunca se cometió, accedió al contenido digital de otra persona y posiblemente intentó destruir la tarjeta por motivos que solo Iglesias sabe. Además, ha sometido a Bosuelham al control remoto por medio de una abogada de su confianza, la cual ha hecho un ejercicio de la abogacía más que discutible en términos deontológicos. Cualquier ciudadano habría pasado ya por un interrogatorio judicial, en calidad de investigado, para ofrecer respuestas a esos interrogantes. Vox ha presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra estos protagonistas del caso Iglesias y contra el fiscal que, al parecer, era la «garganta profunda» de la abogada de Podemos en el Juzgado de Manuel García Castellón.

No habría que esperar a la denuncia de un partido político para que las instituciones reaccionen ante un escándalo que ya es notorio para cualquiera, que está documentado en declaraciones judiciales y en transcripciones de mensajes y que ha desvelado la insolvencia moral de sus protagonistas. No existe democracia sin Estado de Derecho y el Estado de Derecho solo existe si todos quedan sometidos a la ley. Iglesias no debe ser una excepción, aunque ahora viva en la burbuja de la casta que tanto despreció, empezando por el aforamiento que le aguarda -o debería aguardar- en la Sala Segunda del TS y siguiendo por la protección policial que custodia su residencia de clase alta.