El Ejecutivo de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano, Álex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro y del lavado de millones de dólares para el régimen a través de un esquema de sobornos. Sin embargo, será el Tribunal de Apelaciones el que tome la decisión final y responda a la petición de EE.UU. cursada a través de Interpol para su arresto. La noticia se conoció el mismo día que Saab contrató los servicios del exjuez Baltasar Garzón para que lo defienda ante instancias judiciales internacionales y caboverdianas.

Garzón acudirá al rescate de Álex Saab ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para iniciar un proceso contra EE.UU. y Cabo Verde por «la violación de la inmunidad jurisdiccional», explicó a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro, desde Praia la capital caboverdiana. En paralelo el exjuez español intentará abrir ante la Justicia del archipiélago «un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen», por un monto de entre cinco y doce millones de dólares, según afirmó su abogado.

Desde su detención el pasado 12 de junio, cuando el avión privado en el que viajaba a Irán hizo escala en el país insular africano para repostar combustible, el Gobierno de Venezuela no se ha quedado de brazos cruzados y ha intentado por todos los medios ponerlo en libertad. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, viajó personalmente hasta Cabo Verde para pedir su excarcelación pero su solicitud no prosperó. En ese momento, Arreaza describió a Saab, hombre clave del régimen, como un «agente del gobierno bolivariano» con «inmunidad diplomática» que llevaba a cabo una misión para «garantizar la obtención de alimentos, medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia».

«El puente es Zapatero»

El presunto testaferro fue trasladado a San Vicente, otra isla del archipiélago, donde se librará la batalla legal que decidirá si será extraditado a EE.UU. El Ejecutivo avaló la extradición sobre la base de «la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República», enviada el pasado día 8, para su revisión, al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente, que asumirá la deliberación final, afirmó Pinto, que tiene plazo hasta el jueves para interponer ante la citada corte un recurso contra la decisión del Gobierno.

Si la decisión del Tribunal es favorable, Saab podrían aún apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia y, en última instancia, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. «Nuestro equipo está trabajando con optimismo para obtener los resultados definidos, es decir, la liberación inmediata de nuestro cliente», dijo Pinto.

El empresario ya presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia dos «habeas corpus» (el derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su «encarcelamiento ilegal», pero ambos fueron desestimados. El abogado sostiene que el empresario «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde».

El canciller del Gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, aseguró a través de su cuenta Twitter que «el puente entre la dictadura y este abogado (en referencia a Garzón) es el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien se ha convertido en el defensor internacional del régimen y se ha beneficiado del robo a los venezolanos. No evitarán que llegue la justicia en el caso de Álex Saab» y señaló que «es el mismo círculo de corrupción y crimen organizado. Garzón es abogado de Evo Morales y ahora pretende defender a Saab, principal testaferro de Maduro y su familia».

Para conseguir sus objetivos, el «agente bolivariano» contrató un amplio consorcio de abogados que incluye, además de José Manuel Pinto y otros letrados caboverdianos, a reconocidos especialistas internacionales como el propio Garzón, el holandés Rutsel Martha (exdirector de asuntos legales de Interpol) y la ucraniana Maryna Pogibko, experta vinculada a la firma británica Amadeus en Londres.