La polémica acabó tomando buena parte del protagonismo a la misa de recuerdo a las personas fallecidas por la Covid-19 que este domingo se celebró en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, con las medidas de distancia e higiene. El Arzobispado de Barcelona mantuvo la celebración a pesar de que la Generalitat no dio la autorización al acto por cuestiones de aforo y este lunes el presidente catalán, Quim Torra, ha confirmado un expediente sancionador por ello.

Torra ha detallado, durante una comparecencia ante los medios, que ha ordenado al departamento de Salud que abra un expediente sancionador al Arzobispado de Barcelona por la misa funeral en recuerdo de las víctimas de la pandemia por coronavirus, que reunió a decenas de feligreses.

«Todos los sectores son iguales«: los ciudadanos, las empresas y también la Iglesia», ha defendido Torra, que ha lamentado que la ceremonia se celebrara ya que las restriciones del Govern decretadas para la zona metropolitana fijan citas religiosas con un aforo máximo de 10 personas. «No estaba autorizada por el Procicat y se abrirá el correspondiente expediente sancionador«, ha zanjado.

Además, el presidente catalán ha lanzado un dardo envenenado al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, al que ha reprochado que no haya alzado ni una sola vez su voz para condenar «la represión» que durante los últimos años se ha sufrido, a su juicio, en Cataluña.

Misa sin representantes públicos

La misa contó con más de un centenar de feligreses, a los que se tomó previamente la temperatura y que se sentaron en los bancos cumpliendo con las distancias de seguridad. Aunque entre el público había algún líder político, como Ramon Espadaler (Units per Avançar) o Eva Parera (BCN Canvi), el acto no contó con ningún representante de la Generalitat ni del Ayuntamiento de Barcelona. El concejal Albert Batlle lamentó que el gobierno municipal no acudiría a la cita para no contradecir las disposiciones de la Generalitat, «que acatamos desde el desacuerdo más absoluto», incidió.

Para evitar cualquier riesgo, el templo limitó al 23 por ciento su aforo por prevención -un máximo de 460 asistentes-. Además, en un comunicado el Arzobispado tildó la decisión de «injusta y discriminatoria», teniendo en cuenta que han sido «muy cuidadosos y respetuosos por mantener las normas sanitarias exigidas para los espacios cerrados». En esta línea, la Iglesia barcelonesa anunció que iniciaría en los próximos días «las acciones legales oportunas contra la arbitrariedad y la indefensión que sufren el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto, constitucionalmente protegidos».

Durante la homilía, Omella pidió a «quienes tienen el poder, a los políticos, que aúnen fuerzas» porque, a su juicio, «es tiempo de tender la mano y de tener en cuenta el bien común».