Ada Colau.

Paloma Cervilla (R) La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se sumó ayer a la medida que va a poner en marcha el Partido Popular para intentar frenar la «incautación», por parte del Gobierno, de los 15.000 millones de superávit de los ayuntamientos españoles. Los populares, como adelantó ABC en su edición del pasado día 9, han dado una instrucción a todos los alcaldes para que no entreguen ni un euro del ahorro de sus vecinos. Barcelona, según aseguró ayer su primera edil, tampoco depositará en la Hacienda Pública su dinero.

«Es una falta de respeto e incomprensión hacia el municipalismo», aseguró ayer Colau, sumándose así al pelotón de primeros ediles de toda España que no piensan ceder el superávit, a cambio de poder acceder a un fondo de 5.000 millones de euros -en dos años y a fondo perdido- y la devolución de los remanentes en diez años -a partir de 2022-.

Aunque el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no obliga a los municipios, el PP se opuso al mismo -como Cs, que no alentará la desobediencia, y el PDECat- y ahora, también, los comunes, que se abstuvieron en la votación de la FEMP, como IU y Podemos. Además, estos tienen un ministro (Universidades) en el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

Colau aseguró que el Ayuntamiento de Barcelona -el segundo más importante de todo el país- dedicará «todos los recursos» a hacer frente a la doble crisis, sanitaria y económica, derivada del Covid-19, que según los cálculos del Consistorio supera los 300 millones de euros. «Y si eso significa tener déficit y usar parte de los remanentes de tesorería, pues los habremos utilizado», señaló.

Necesidades básicas

La alcaldesa de Barcelona añadió que, en su opinión, los ayuntamientos están «muy infrafinanciados» y fijó en un 85 por ciento el porcentaje de recursos públicos que gestionan el Gobierno y las autonomías, dejando solo el 15 por ciento a los municipios. «Los remanentes los necesitamos más que nunca para atender las necesidades más básicas de nuestra población. La ciudadanía más necesitada no va a los ministerios ni a las consejerías a pedir ayuda, sino a los servicios sociales locales», indicó.

Para Colau, la propuesta del Ejecutivo de Sánchez, al que su formación no solo da apoyo sino que forma parte de él, es «inaceptable», por lo que no auguró que pueda superar el trámite en el Congreso (como decreto). «Este decreto tiene que cambiar radicalmente porque no solo es injusto, porque pretende que nuestros recursos vayan al Estado cuando nosotros necesitamos ampliar nuestra capacidad de gasto, sino que además no permite ayudar a quien más lo necesita. El Ministerio de Hacienda tendrá que rectificar sí o sí», advirtió la alcaldesa de Barcelona.

Con este apoyo, los populares van sumando adeptos al frente común que quieren articular para hacer frente a esta medida del Gobierno, que se votará posiblemente en la segunda quincena de septiembre en el Congreso. A día de hoy solo tiene una opción de salir adelante, que pueda ser tramitada como proyecto de ley, no como decreto ley, por lo que recibiría las aportaciones de los grupos políticos.

Negociaciones

En esta búsqueda de apoyos, el PP aseguró ayer que ha iniciado conversaciones con otras formaciones contra el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias, solicitando a alcaldes del PSOE que se sumen a la ofensiva de protesta anunciada por el PP. Ciudadanos ya ha manifestado su voto favorable a las mociones que van a presentar en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos para manifestar su «profundo rechazo». Por su parte, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) también se han opuesto a la entrega de este dinero, al igual que ERC.