El fiscal del Tribunal de Cuentas ve “indicios sugerentes de responsabilidad penal” en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, lo que le llevaría a pedir a la justicia ordinaria que revise este asunto. Las irregularidades detectadas tienen que ver con la facturación de servicios de Neurona Comunidad S.L. con la que se contrató para dicha campaña.

La “necesaria y ulterior investigación para determinar si tales irregularidades tienen relevancia penal corresponde a la Fiscalía competente, por razón de la materia y del territorio”, según ha informado la Fiscalía del órgano contable en un comunicado, por lo que previsiblemente este asunto sea remitido en las próximas horas a la Fiscalía de Madrid.

Según adelantó la Cadena Ser, el fiscal del tribunal de cuentas Miguel Ángel Torres apunta dos tipos de delitos -fraude electoral y falsedad en documento mercantil- en un informe interno que ha remitido a la Sección de Judicialización del órgano contable, en los servicios facturados a Neurona al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor.

Dado que este tribunal carece de competencia para el conocimento de tales infracciones penales, el fiscal interesa la expedición del denominado “testimonio de particulares”, lo que significa que debe remitir el asunto a un fiscal de la justicia ordinaria para que determine si el asunto debe ser llevado o no a los tribunales.

Para el fiscal, según la información dada por la citada emisora, un total de 290.000 euros facturados a Neurona analizados durante la fiscalización de los comicios del 28-A “no tienen consideración de gasto electoral” y por ello no han sido admitidos como “susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales”, apuntando a un posible contrato simulado.

En su informe de fiscalización sobre los gastos electorales del 28-A, dado a conocer a principios de este mes el Tribunal de Cuentas ya señalaba sobre Neurona que Unidas Podemos aportó en sus alegaciones a este órgano vídeos y diseños publicitarios, si bien no había quedado “suficientemente acreditada su efectiva elaboracion por parte del proveedor”.

Durante la fiscalización se solicitó a la coalición sucesiva información en relación con el gasto en concreto, que debía aportar un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios a prestar, y se valoró económicamente cada uno de los conceptos de facturación.

“Ante dicha solicitud, la formación envió un contrato de prestación de servicios por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habiendo sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019; en el contrato se recogen los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada, sin valoración económica individualizada de lo contratado”

De la información disponible resulta que la empresa proveedora fue objeto de inscripción constitutiva en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, “no coincidiendo su objeto social con la presentaciones contratadas”, según el Tribunal de Cuentas.

Las dudas sobre la actividad de Neurona también aparecen en la denuncia del ex abogado de la formación, José Manuel Calvente, que ha dado lugar al inicio de una instrucción penal sobre la financiación del partido en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.

Calvente habla en su denuncia de “graves irregularidades financieras de Podemos principalmente mediante la contratación de servicios de las campañas electorales tanto directa como mediante empresas interpuestas con la empresa mexicana Neurona Consulting y con su presunta filial española Neurona Comunidad S.L., la cual podría estar vinculada a operaciones fraudulentas y de corrupción en algunos países latinoamericanos”.

En su denuncia también dice que el tesorero de la formación, Daniel de Frutos, anunció que ya en el ejercicio 2018 no se había procedido a realizar una auditoría externa debido al solapamiento de comicios electorales -Elecciones Generales del 28 de abril de 2019 y las Elecciones Autonómicas, Municipales y Europeas de mayo de 2019- durante el primer semestre del año 2019. Añadió que la experiencia en relación a la fiscalización de partidos, tras cuatro años contratando servicios privados de auditoría, demuestra que el equipo técnico del Tribunal de Cuentas realiza un trabajo óptimo que cubre este proceso, según el denunciante.