Dolores Delgado, fiscal general del Estado.

Érase un país donde la Fiscalía pide cuatro y tres años de prisión para un periodista y dos sacerdotes por opiniones e informaciones contrarias al islamismo radical. En ese mismo país, el Ministerio Público pide al Tribunal Supremo que no admita a trámite las más de 20 querellas interpuestas a lo largo del estado de alarma contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia, que ha causado más de 50.000 fallecidos, al considerar que no se puede abrir una causa general contra el Ejecutivo.

En un informe de 300 páginas, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, aborda las veinte querellas interpuestas contra los miembros del Ejecutivo de forma individualizada sin entrar en consideraciones genéricas aunque si comparte argumentaciones.

Las querellas se dirigen en algunos casos contra el Gobierno al completo y en otras contra el presidente, Pedro Sánchez, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, o los ministros de Sanidad e Interior, Salvador Illa y Fernando Grande Marlaska, por delitos como homicidio y lesiones imprudente, prevaricación administrativa, contra la seguridad de los trabajadores o desobediencia.

Y aunque no ofrece una visión global de todas las querellas, si que advierte en cinco de ellas que no se puede abrir una causa general contra el Gobierno o un ministro cualquiera.

Del mismo modo que asegura que “resulta contrario a las reglas de la lógica y la sana crítica pensar que el conjunto de administraciones que integran la Administración pública española, a pesar de su distinto signo ideológico y político, y de los distintos intereses en juego, obraron, sin excepción, de modo poco diligente, atendido el estado de la ciencia y la técnica existentes con anterioridad al 14 de marzo”.

“Resultando aún más absurdo -continúa- pensar que no sólo la totalidad de las administraciones públicas españolas se mostraron negligentes en la gestión de la crisis del COVID-19, sino también las administraciones competentes en materia sanitaria pertenecientes al resto de países de nuestro entorno cultural”.

Ya entrando en el caso concreto, una de las más mediáticas es la de Vox, que rechaza porque “resulta palmario que mientras que los hechos en ella relatados no resultan constitutivos de ilícito penal, y además no se fundamentan, más allá de las meras manifestaciones o elucubraciones del denunciante, en principio de prueba alguno que justifique la incoación de un procedimiento penal”.

Es más, tacha la querella de “genérica” ya que “no se determina ni cuándo se han producidos los hechos, ni quienes son los sujetos pasivos de los delitos atribuidos, ni cuántos y cuáles son los homicidios y lesiones imprudentes” como tampoco en qué centros de trabajo se han producido la falta de medidas.

Asimismo, no menciona los concretos incumplimientos, ni los trabajadores afectados por el riesgo, ni cuales son los equipos de protección que no se han proporcionado, “lo cual hace no solo inviable y carente de toda lógica la investigación pretendida, sino que además se trataría de una investigación genérica proscrita en nuestro ordenamiento”.

Tampoco ve indicios de delito en los hechos relatados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en la querella que interpuso contra Illa, por un delito contra la seguridad de los trabajadores, donde pedía investigar las gestiones para la adquisición de material de protección, los controles y los requisitos exigidos para su compra.

La Fiscalía sostiene que CESM atribuye al ministro responsabilidad criminal “a todas luces difusa y genérica” y no por su “concreta intervención” en los hechos, sino “en atención” a su cargo, y concluye que la querella “no aporta principio de prueba bastante para justificar otra decisión distinta a su archivo”.

Mismo criterio sigue la Fiscalía con la querella que el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España interpuso contra Sánchez e Illa, donde les reprochan “falta de previsión” y de medidas para proteger a los trabajadores sanitarios.

También aquí el fiscal ve “manifiesta indeterminación de los hechos atribuidos” sin “elemento probatorio alguno que avale el objeto de la querella”, y subraya “lo genérico” de la querella, “que pretende ser una ‘causa general’ contra el Gobierno y en concreto contra Sanidad por la gestión de la crisis sanitaria.

Igualmente señala que “no cabe la posibilidad de atribuir responsabilidad criminal” a Illa ni Grande Marlaska como pretende la Asociación Profesional de la Guardia Civil.

Así, niega la existencia de un delito de los trabajadores porque “las referencias genéricas sobre la falta de equipos de protección y la falta de control de los adquiridos nos impide determinar que la conducta suponga una vulneración de la normativa”.

Y en cuanto al homicidio imprudente, el fiscal afirma que “los querellantes se han limitado a atribuir a los ministros muertes sin identificar, en ocasiones al fallecido, ni las condiciones en que se produjo su contagio”.

Asimismo, rechaza que Sánchez e Iglesias hayan cometido un delito de desobediencia, como señala alguna de las querellas, puesto que “resulta evidente” que no pudieron desobedecer orden alguna, “cuando no consta que previamente la recibieran”, y precisa que los organismos Internacionales “se limitaron a dictar y ofrecer recomendaciones a los distintos países”, sin que su incumplimiento, en el caso de haber tenido lugar, justificase dicho delito.

Ahora, corresponde a la Sala de lo Penal del Supremo decidir si sigue el criterio de la Fiscalía y rechaza las querellas o, en cambio, inicia una investigación respecto de ellas. Mientras tanto, la Fiscalía elabora el otro informe pendiente de remitir al alto tribunal, sobre la treintena de denuncias contra el Ejecutivo