Los investigadores de la ONU han denunciado que en Venezuela se han registrado crímenes de lesa humanidad perpetrados o avalados por el Gobierno, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta el propio Nicolás Maduro, y para el que se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).

La Misión Internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela ha concluido que Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las Fuerzas de seguridad del país.

El informe publicado hoy por esa Misión ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.

Más de 4.600 asesinatos

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo que la Misión que dirigió -compuesta por otros dos miembros y un equipo técnico de apoyo- revisó 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos “cometidos por las Fuerzas de Seguridad, y que podemos considerar ejecuciones extrajudiciales”.

Por su parte, el comisionado Francisco Cox Vial precisó en una rueda de prensa virtual con periodistas en Ginebra que la Misión recibió información de diversas fuentes que daban cuenta de 3.479 casos de detenciones arbitrarias por razones políticas en los últimos seis años.

En su investigación, la Misión no solo entrevistó a víctimas, familiares, abogados y testigos, sino también a policías, militares y miembros de los servicios de inteligencia, incluidos algunos que siguen en funciones, a través de medios telemáticos.

“Lamentamos que el Gobierno no haya respondido a ninguna de nuestras comunicaciones, ni siquiera cuando pedimos permiso para visitar el país y reunirnos con autoridades”, explicó la presidenta de la Misión.

A pesar de ello, la Misión consiguió reunir información suficientemente fundada que confirma el patrón sistemático y generalizado de abusos que afectan a la población en general.

Órdenes directas de Maduro

De la responsabilidad de Maduro, Cox dijo que la Misión obtuvo información que indica que el presidente ha dado en ocasiones órdenes directamente al director del SEBIN para seguir a alguien en particular.

La persona en cuestión era puesta bajo vigilancia, se reunía información sobre ella, se interceptaban sus comunicaciones y luego era detenida sin orden judicial, “solo porque había una orden del presidente”, explicó

El informe de 443 páginas concluye, que se han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en el país suramericano.

Tanto el Gobierno como los grupos afines han cometido violaciones “flagrantes” de los Derechos Humanos, hasta el punto de que se han identificado patrones “coordinados” con políticas del Estado y mantenidos de forma sistemática, lo que equivaldría a crímenes de lesa humanidad.

La presidenta de la misión, Marta Valiñas, ha subrayado en un comunicado que, “lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del Gobierno”.

Así, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, no podrían atribuirse a “falta de disciplina” de las Fuerzas de Seguridad, sino que “parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, según Valiñas.

Los investigadores han llamado a poner fin a la impunidad, para lo cual “las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas”.

Valiñas ha planteado también la intervención de las jurisdicciones de otros países, así como del TPI, que “deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la misión ha identificado”.

En el punto de mira

Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

“Documento histórico”, según Guaidó

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, ha considerado que el informe es un “documento histórico”. “Relata el drama que hemos atravesado los venezolanos”, ha afirmado.

Este documento, según Guaidó, evidencia una “sistemática destrucción y violación de los Derechos Humanos” y equipara al de Maduro a otros regímenes como el de Muamar Gadafi en Libia o el de Sadam Husein en Irak. Demuestra también que la sociedad venezolana ha “resistido”, ha enfatizado en una entrevista al diario colombiano ‘El Tiempo’.

Un hito para las víctimas

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), ha señalado que las conclusiones del informe suponen “un hito para las víctimas de violaciones a derechos humanos”. Y es que para Guevara Rosas, el esperado y contundente informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela “respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país”. Por lo que comparten el llamamiento de la ONU “a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, a que se garanticen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

“El informe de la Misión de Determinación de los Hechos hace eco y profundiza en las denuncias que organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales hemos realizado en los últimos años”, recuerda Guevara Rosas.

Para la directora para las Américas de AI, “las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Sin duda, se debe renovar y fortalecer el mandato de este mecanismo de escrutinio internacional. No hacerlo sería darle la espalda a las víctimas, a la verdad y a la justicia”.