Por Juan Carlos Sánchez.- En el año 2001 el legislador republicano de Georgia, Lynn Westmoreland, presentó en el Congreso estatal una ley que pretendía evitar la división de los distritos electorales.

La norma se oponía a un descalificado ejercicio de manipulación de las circunscripciones conocido como Gerrymandering, que en opinión del congresista Westmoreland era utilizado por el Partido Demócrata para diseñar un mapa electoral que adaptaba la demografía de los distritos con el propósito de habilitar a cualquier precio mayorías fraudulentas, a fin de quebrar la imparcialidad del sistema electoral.

Esta regla electiva, vigente desde 1812, ha sido usada por los políticos con una doble vara de medir. Cuando se intenta crear un distrito debilitando la posibilidad de las minorías étnicas o raciales para elegir al candidato de su preferencia (casi siempre demócrata) es ilegal e inconstitucional, pero si un partido consigue abarcar la mayor cantidad de votantes de su contrincante utilizando fórmulas de dudosa credibilidad democrática en la menor cantidad de distritos posible, es 100 % legal.

En 2010, las elecciones en el sexto distrito de Maryland a la Cámara de Representantes dispararon las alarmas. Un candidato republicano se impuso por 28 puntos de ventajas. Pero un año después, inexplicablemente perdió su escaño por 21 puntos frente a su rival demócrata. ¿Cuál fue la trampa? El Partido Demócrata, que controlaba el gobierno estatal, decidió redibujar el distrito para agrupar de manera arbitraria barrios cercanos a Washington —considerados feudos progresistas— a fin de minimizar la representación legislativa republicana.

En 2018, alarmado por la manipulación política de la proporcionalidad, el Tribunal Supremo de EE. UU. reconoció que los cambios en los mapas electorales y sus conflictivos procedimientos para adulterar política, ley y demografía (identidades suplantadas, incluidas) beneficiaban claramente a un partido en detrimento del otro y ponían en entredicho la limpieza democrática del sistema.

Sin embargo, la negativa del alto tribunal a desautorizar el método del mapa legislativo por razones estrictamente políticas desató una tormenta de reacciones entre los expertos, al considerar que los partidos pueden establecer la delimitación de los distritos electorales para su propio beneficio. Una práctica controvertible pero inexplicablemente legítima. La prueba más clara de que los cambios partidistas de mapa electoral han beneficiado a algunos congresistas se puede observar en la reciente elección de Alexandria Ocasio-Cortez o Ilhan Omar.

Invariablemente y de cara a cada elección presidencial, las cúpulas de cada partido se acusan de forma recíproca de favorecer el fraude tanto en el registro suplantado de nuevos votantes como en la duplicación de identidades y boletas, sobre todo en aquellos Estados indecisos donde es más fácil cometer irregularidades, destruyendo o manipulando los formularios.

En una entrevista concedida recientemente a CNN, el fiscal general William Barr haciéndose eco de lo que ya habían advertido muchos consultores electorales bipartidistas, admitió que el Departamento de Justicia dirige varias investigaciones de fraude electoral “muy grandes” en varios estados.

Concretamente una base de datos gestionada por el grupo de expertos conservadores de la Fundación Heritage, estima que al menos 32 personas han sido condenadas penalmente por fraude electoral cometidos en 2019.

Pero la manipulación de los mapas legislativos no es el único método que utilizan los partidos para cometer sus contrabandos de voto, utilizando vacíos legales en la Ley Electoral.

Hace tan solo unos días, un confidente anónimo formuló unas explosivas declaraciones al ‘New York Post’: “El fraude electoral, especialmente con las boletas por correo, no es una invención… Algunos de los cargos más importantes en diferentes estados se han beneficiado de esta trampa”.

En base a la información recibida por el diario neoyorquino, la fuente anónima podría tratarse de un alto funcionario demócrata que ha venido realizando este tipo de operaciones fraudulentas, a gran escala, durante décadas.

Y aunque su identidad no se revela en el documento publicado por miedo a ser procesado, de su tenor se desprende que posee un extenso conocimiento de las múltiples irregularidades que se utilizan por parte de la maquinaria del Partido Demócrata para dar clara ventaja a través del voto por correo a determinados candidatos en detrimento de otros.

La filtración recibida por ‘New York Post’ incluye referencias concretas sobre las elecciones municipales y federales en Paterson, Atlantic City, Camden, Newark, Hoboken y el condado de Hudson en las que el denunciante reconoce haber realizado el trabajo sucio para manipular masivamente el voto por correo.

“En una elección que está influenciada por 500 votos, 1 000 votos pueden marcar la diferencia y podría ser suficiente para cambiar el color político del Estado”, dijo la fuente cuya ficha y trayectoria como consultor de varias campañas han sido confirmadas por el Post. Las declaraciones del funcionario comprometen a los políticos que han sido beneficiados por estas operaciones y airean de nuevo las sospechas sobre el excesivo interés de algunos gobernadores demócratas de enviar papeletas de votación por correo a todos los votantes registrados del Estado como medida excepcional ante la situación de pandemia por la COVID-19.

El confidente, que ha puesto seriamente contra las cuerdas con sus declaraciones a la formación demócrata, ha llegado a decir incluso que no solo cambiaba la identidad de las boletas a lo largo de los años que trabajó como consultor electoral, sino que también dirigió a agentes y estafadores que actuaron bajo sus órdenes en las elecciones de Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania, este último un estado que será clave en las elecciones de 2020. “El fraude es más la regla que la excepción en el proceso electoral en EE. UU.”, ha señalado.

Rica en detalles, las declaraciones del funcionario anónimo arrojan más combustible al debate que plantea el presidente Trump y el Partido Republicano sobre una posible manipulación generalizada del voto ausente en las próximas elecciones.

Ahora bien, pese a que estas son las advertencias que daría cualquier consultor electoral que reconoce sus faltas sobre una práctica que va contra la integridad del sistema electoral norteamericano, existen dudas en cuanto a que el Partido Demócrata esté dispuesto a aclarar y a prevenir futuras irregularidades.

En cualquier caso, las incertidumbres sobre el voto por correo se acrecientan en unas elecciones singulares en las que por lo menos el 83 por ciento de los votantes estadounidenses, aproximadamente 100 millones de personas, podrían votar por esta vía en las próximas elecciones presidenciales, según cifras de Washington Post.

Durante la entrevista concedida al presentador de CNN, Wolf Blitzer, el fiscal Wiliam Barr admitió que nunca Estados Unidos había celebrado una elección de este tipo, con el acceso masivo al voto por correo. “Hemos tenido boletas por ausencia de personas que las solicitan en una dirección específica. Ahora de lo que hablamos es de enviarlas por correo a todos los votantes en la lista, cuando todos saben que esas listas de votantes son inexactas”, señaló.

Para respaldar sus afirmaciones, Barr se refirió a las conclusiones de una Comisión no partidista sobre la reforma de las elecciones federales, copresidida por el expresidente Jimmy Carter y el exsecretario de Estado James Baker, que determinaron en 2005 que el voto por correo animaba la posibilidad de fraude electoral y abría la puerta a la coacción si se permite a los activistas o a los trabajadores de los partidos manipular las papeletas.

Detrás del ruido mediático, que se hace más fuerte por la cercanía de las elecciones presidenciales, se descubre la falta de acuerdo total entre demócratas y republicanos, lo que pone en evidencia la necesidad de reformar algunos procedimientos de la Ley Electoral. Mientras la formación azul y su brazo armado —los grupos de la izquierda radical— buscan facilitar a toda costa los mecanismos de las votaciones por correo, los republicanos ponen en duda las medidas implantas por algunos estados que podrían socavar la integridad de las elecciones. Los demócratas dicen que estas preocupaciones son infundadas y acusan a los republicanos de suprimir el voto en su beneficio.

La pasada semana, la cadena CNN publicó una encuesta que refleja la incertidumbre de los ciudadanos ante el voto por correo. Pese a que muchos secretarios de las oficinas estatales, como es el caso de Michigan y Ohio, ya están implementando cambios para garantizar que las boletas de votación por correo sean enviadas y recibidas a tiempo, casi dos tercios de los estadounidenses —64 %—, se muestran algo preocupados ante la posibilidad de que las formalidades no prosperen en algunos estados para que pueda efectuarse el voto postal.

Asimismo, llama la atención que a un 59 % de los estadounidenses le preocupa que los cambios se presten para emitir votos fraudulentos. Mientras que un 36 % de los encuestados —una cifra considerable— asegura que su confianza en la votación disminuirá en el caso de que no pueda determinarse un claro ganador en la noche de las elecciones, al demorarse más de lo habitual el conteo.

Las elecciones primarias, celebradas recientemente, ya avisaron de una serie de percances ocurridos durante el proceso de votación.

En Michigan, más de 10 000 boletas enviadas por correo a funcionarios electorales no fueron computadas, principalmente porque llegaron tarde. La propia secretaria del Estado, la demócrata Jocelyn Benson, reconoció que otras 1 438 papeletas carecían de firma, mientras que en 787 las rúbricas no coincidían, mientras que 846 boletas pertenecían a personas que murieron después de la votación.

Por su parte, el Centro de Información al Votante, en Virginia, reconoció que en los pasados comicios primarios se envió más de medio millón de solicitudes inexactas de boletas para votar en ausencia. Los destinatarios incluían personas muertas y una mascota.

Asimismo, el ‘Washington Free Beacon’ informó que más de 200 000 boletas en el condado más grande de Nevada fueron enviadas a direcciones obsoletas, a principios de año.

Entre quienes ponen en duda la puntualidad de este tipo de votación esta David Becker, fundador del Centro no partidista para la Innovación e Investigación Electoral. “En los estados que tienen un historial de muchas boletas electorales, podrán procesar estas boletas muy rápidamente y obtendrán resultados con bastante rapidez”. Pero en aquellos Estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, poco habituados a este tipo de recuento por correo, “puede llevar algún tiempo procesar todas esas papeletas correctamente y asegurarse de que los resultados de las elecciones sean definitivos”.

En un artículo reciente publicado en ‘The Wall Street Journal’, Justin Clark, subdirector de la campana de Trump, ha alertado de la posibilidad de que en el estado de Nueva Jersey se cometan en estos comicios las mismas irregularidades que en las pasadas elecciones presidenciales. Por solo citar un ejemplo, una investigación realizada en 2016 encontró 2 460 votantes en las listas que llevaban muertos al menos cinco años, de los cuales casi 60 habían votado aparentemente después de su muerte.

La dirección del Partido Demócrata busca desesperadamente un fondo extraordinario para financiar el voto postal y evitar las demoras en la entrega de las boletas. Pero al mismo tiempo busca eliminar una serie de garantías dirigidas a proteger la integridad de cada voto, incluyendo la identificación con foto, la coincidencia de firmas y los requisitos de los testigos. Su tesis es que a causa de leyes como la Help America Vote Act del 2002, en la que se exige algún tipo de identificación emitida por el gobierno como condición antes de votar, los votantes que viven en condados fuertemente demócratas podrían ver limitados su derecho de ejercer su voto.

Lo sucedido en 2013 en Carolina del Norte resulta ilustrativo. El Parlamento de este estado ratificó una legislación que establecía una serie de requisitos para poder votar, entre ellos la obligación de presentar un documento de identidad con fotografía en el centro de votación.La mayoría republicana en Carolina del Norte explicaba la medida como una garantía clara para evitar el fraude. Pero en 2016 un tribunal federal eliminó la nueva normativa al entender que comprendía restricciones al voto que “estaban dirigidas a los afroamericanos con precisión casi quirúrgica”.

Más recientemente, un análisis pormenorizado de las actas en las elecciones primaras de Massachusetts, en una reñida carrera por el Congreso entre dos demócratas, desveló graves errores cometidos durante el escrutinio. Según informes de la oficina del secretario de Estado, Bill Galvin, encontraron unas 3000 papeletas sin contar en Franklin, uno de los municipios históricos del Estado.

El presidente y candidato republicano en las próximas elecciones, Donald Trump, rechaza una elección universal de voto por correo, cuestionando que este tipo de procedimiento podría convertirse en una invitación al fraude y al caos el día debido a la insolvencia del Servicio Postal de EE. UU. ¿En qué se basa para pensarlo?

En la mayor parte de los casos detectados en los diferentes Estados donde se han cometido supuestas irregularidades, la suma de electores y de votos emitidos no coincide, las boletas no se reciben adecuadamente y su conteo se extiende durante semanas después del día de las elecciones, millones de papeletas llegan tarde o incompletas, debido a retraso en el correo o se han adjudicado de forma fortuita, y en algunos condados incluso existen actas que han desaparecido o están en blanco.

El voto presencial se diseñó para territorios como Pensilvania o Michigan, estados pendulares donde las elecciones son muy reñidas y por un puñado de votos un partido puede ganar democráticamente en las urnas y perder las elecciones generales por el Colegio Electoral. Por ello, la Junta exige que el conteo de los votos comience el mismo día de la elección. Los expertos advierten que un retraso significativo en estos estados a causa de la demora en la entrega de las papeletas podría convertirse en una situación potencialmente peligrosa, dado el clima de crispación política actual.

La incertidumbre crece aún más en Estados como California donde la ley electoral acepta recibir votos hasta 17 días después de los comicios. El Servicio Postal ha advertido a los gobernadores de que tal vez no pueda cumplir con los plazos establecidos para entregar todo el correo electoral, debido al déficit de fondos y personal.

En ese punto de la controversia estamos. Las próximas elecciones han dividido al país en un debate existencial sobre “votar o no votar por correo”. Por tanto, el foco de la discusión no debería estar en si los norteamericanos debieran físicamente ir o no a las urnas, sino en qué garantías sanitarias y legales existen objetivamente para garantizar el respeto a los derechos fundamentales (sobre todo el de expresión y circulación) durante el ejercicio soberano al voto. Esa es la gran pregunta que tenemos que responder.

En un contexto en el que las cifras del coronavirus bajan de manera irrefutable y los gimnasios, cines, teatros, estadios deportivos, restaurantes, playas y supermercados han abierto de manera gradual, sin mayores problemas, las dudas se ciernen sobre si el alcance actual de la pandemia justifica los cambios de regla que proponen los demócratas sobre el sistema electoral: flexibilizar los requisitos para votar por correo, sin necesidad de presentar una justificación para ello, incluso en aquellos Estados donde existen leyes estrictas sobre este sistema de votación.

El Comité Nacional Demócrata, la portavoz del Congreso, Nancy Pelosi, los gobernadores de los estados azules así como empresas y medios de prensa afines parecen empeñados en que el voto por correo se lleve a cabo, mientras que una comunidad cada vez más numerosa de estadounidenses no creen las explicaciones que se dan sobre los criterios supuestamente técnicos y sanitarios que se toman en cuentan a la hora de decidir este tipo de votación, surgida a mediados del siglo XIX cuando una situación extraordinaria como la Guerra Civil impidió que los votantes emitieran sus votos en persona.

Para conseguir su objetivo están llevando a cabo una campaña legal fuertemente financiada en todo el país para facilitar el voto por correo además de los votos en ausencia. El aspirante presidencial demócrata Joe Biden señaló que su partido tiene a más de 600 abogados trabajando en casos relacionados con las elecciones.

En puridad, le corresponde a cada estado, no a los partidos ni al gobierno federal, decidir si admiten el voto universal por correo. Resumido de la forma más sencilla: solo en 17 de ellos, Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Indiana, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New York, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia y West Virginia, los votantes deben proporcionar una razón para poder votar por correo. El resto, Alaska, Arizona, California, Colorado, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming ejercen el voto por correo sin necesidad de presentar una justificación.

En el caso concreto de los Estados de Colorado, Oregón, Washington y, más recientemente, Hawaii y Utah, siempre han llevado a cabo todas sus elecciones por correo. El sistema de entrega de las boletas también tiene inconvenientes. Las restricciones y fechas para emitir este tipo de sufragio varían en cada Estado, y algunos cuentan con requisitos de fecha límite de matasellos para devolver su boleta por correo.

¿Para qué le sirve a un partido forzar a que se vote por correo?

Teniendo en cuenta experiencias anteriores, todas las evidencias apuntan a que existen determinados procedimientos electorales que no cuentan aún con garantías democráticas plenas.

Desde la Fundación Heritage, el jurista Hans A. von Spakovsky ha señalado que “los votos en ausencia son las herramientas elegidas por los estafadores electorales porque se emiten sin la supervisión de los funcionarios electorales, lo que hace más fácil el robo, la falsificación o la alteración de los mismos, así como la intimidación de los votantes”.

El Partido Demócrata tiene miedo a un batacazo electoral y pretende blanquear sus resultados a través del voto por correo con el absurdo argumento de que sin cuarentena habría más muertos en el país. Pero los demócratas no dicen toda la verdad. En Estados Unidos, si tenemos en cuenta el total de su población, sólo ha muerto hasta la fecha el 0,057 % de sus habitantes, con un 1,91 % de contagiados por el virus. Dato sumamente significativo para conocer el verdadero impacto de la pandemia y reducir el alarmismo.

Ante que rasgarse las vestiduras en la plaza pública por el cuestionamiento de una modalidad de votación que se presta a muchas sospechas, los demócratas harían mejor si se preguntaran por qué no utilizar herramientas de vigilancia, control y participación para que evitar delitos tan graves como la falsedad en documento público y el perjurio en la custodia de documentos.

El conteo aplazado de las papeletas es otra de las preocupaciones de los expertos, en el marco de uno de los comicios más discutidos de la historia reciente de EE. UU.

En 1934, durante el XVII Congreso del PCUS en la ex Unión Soviética, Stalin dejó para la historia una frase que ilustra su visión totalitaria del control del poder político: “No importa quien vota sino quien cuenta los votos”. La frase de Stalin cobra rabiosa actualidad. El 3 de noviembre tendrán lugar las elecciones presidenciales y parlamentarias, pero no será hasta el 14 de diciembre que se hará el recuento de los votos, según la Ley de Conteo Electoral que data de 1887.

¿Qué quiere decir esto? Después de que usted emita su voto para elegir el presidente, pasará a un conteo estatal. Por regla general, es posible determinar un potencial ganador la misma noche de las elecciones de noviembre, una vez finalice el conteo de la votación popular ciudadana. Sin embargo, no será hasta mediados de diciembre que se fije oficialmente al vencedor con la votación del Colegio Electoral.

La Ley de Conteo Electoral fue aprobada por el Congreso de EE. UU. a raíz de las reñidas elecciones presidenciales de 1876 entre el presidente Rutherford B. Hayes y Samuel Tilden. El recuento entonces de los votos electorales en Florida, Carolina del Sur, Luisiana y Oregón generó desconfianza, obligando a la Cámara de Representantes a crear una «comisión electoral» para resolver las supuestas irregularidades. Por este motivo, el presidente asumió el cargo el 4 de marzo, fecha establecida para la toma de posesión, según la Enmienda XII de 1804.

El sistema electoral exige que los Estados no deberán exceder más allá de 41 días para elegir a sus electores, una vez se hayan celebrado las elecciones. Ello explica por qué la Corte Suprema dictaminó proclamar a George W. Busch ganador de las elecciones de 2000, ya que en Florida el conteo de los votos no arrojaba un claro vencedor.

Pero eso podría pasar otra vez. Si bien la Ley de 1887 establece un anclaje jurídico sólido para garantizar que los diferentes Estados concluyan el conteo de votos con suficiente antelación. ¿Qué pasaría si se presentaran problemas con el correo? Algunos expertos consideran que la naturaleza ambigua de algunos apartados de este estatuto podría dar luz verde a algunos Estados para que continúen contando votos frente a otros que renunciarían a hacerlo.

Debido al carácter extraordinario de la situación en la que se desarrollarán las elecciones, el papel tanto demócratas como republicanos deberá ser el de velar por la legalidad, seguridad procedimental y la transparencia de todo el proceso electoral.

Emitir el voto es un privilegio de la ciudadanía que debe garantizarse con unas elecciones libres y transparentes. Hay suficientes recursos legales en el ordenamiento legal norteamericano para luchar contra la manipulación del voto y contra la pandemia sin socavar las libertades de los ciudadanos, sin más encerronas sobre el coronavirus.

La renovada legitimación de la política no solo exige la desaparición del poder absoluto de las cúpulas de los partidos sobre los electores; también sobre el sistema electoral.

Es evidente que para afrontar una reforma de la Ley Electoral se necesita un escenario político más sosegado que el que actualmente existe en Estados Unidos. El consenso entre los partidos políticos mayoritarios es indispensable para poner en marcha iniciativas legislativas de enorme trascendencia. Algo descartable mientras la relación entre los demócratas y republicanos siga condicionada por la desconfianza, y su pugna por el poder no se cuestione democráticamente de otro modo que no sea la sistemática descalificación mutua y sin cuartel.

Las declaraciones recientes del excanciller, Henry Kissinger, insinuando un clima político de reflexión y serenidad para superar la incertidumbre política actual han provocado diversas interpretaciones. “Ahora, en un país dividido, es necesario un Gobierno eficiente y con visión de futuro para superar los obstáculos sin precedentes en magnitud y alcance global. Mantener la confianza pública es crucial para la solidaridad social, para la relación de las sociedades entre sí y para la paz y la estabilidad internacionales”.

Independientemente de que este golpe de efecto de un perro viejo de la política tiene mucho que ver con un propósito de salvaguardar el interés nacional, es significativo el eco que ha tenido su columna publicada en ‘The Wall Street Journal’.

Kissinger ha constatado un hecho que todos los norteamericanos pueden certificar: que la atmósfera política es irrespirable, que el encanallamiento del tono utilizado por los líderes de ambas formaciones y los métodos de tierra quemada practicados por la mayoría de los medios de prensa para destruir al adversario político han llegado a cotas insólitas, y que por la vía de la liquidación sistemática del consenso básico en el debate político vamos hacia el canibalismo.

Gane quien gane las elecciones de noviembre, este país no puede soportar indefinidamente la situación actual con agravios permanentes para las instituciones, el propio sistema democrático y la fe de los estadounidenses en el mismo.

Quienes siempre hemos estado contra la guerra sucia, y también contra la manipulación política y mediática que tanto ha condicionado la vida norteamericana en las últimas décadas, deseamos que la sociedad civil, el gobierno y los jueces cumplan con su obligación de defender la integridad del proceso electoral como única garantía para proteger el sistema democrático participativo de aquellos que a la postre quieren destruirlo.