La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este lunes confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que el pasado mes de diciembre condenó a un año y medio de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos y para el desempeño de funciones de gobierno, así como a pagar una multa de 30.000 euros al aún presidente de la Generalitat, Quim Torra, que tendrá que dejar el cargo.

En un fallo firmado por unanimidad, el tribunal rechaza el recurso de casación que había presentado Torra y concluye que desobedeció de forma «contumaz y obstinada» a la Junta Electoral Central, cuando, en plena campaña para las generales de abril, le exigió sin éxito que retirase de las fachadas de los edificios públicos las pancartas que pedían la libertad de los presos del procés.

En el fallo que ahora se confirma, el TSJC exponía la «recalcitrante y reiterada actitud desobediente» de Torra frente a los mandatos de la JEC. Durante la vista celebrada el pasado 17 de septiembre, la defensa alegó falta de imparcialidad tanto de aquella Sala como de los vocales de la Junta Electoral que habían dado las órdenes e impuesto sanción administrativa, de quienes además, decía que no tenían competencia para ello.

Consideraba, además, que se estaba vulnerando la libertad de expresión, en este caso, de las instituciones y que dado que la petición expresa de libertad para los presos del «procés» formaba parte de su discurso político cotidiano, debiera estar blindada por su inmunidad parlamentaria.

La sentencia, de la ha sido ponente Juan Ramón Berdugo y cuyo fondo comparten los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral, Susana Polo y Vicente Magro, le quita la razón y concluye que la decisión del tribunal catalán se ajustó a derecho porque el ámbito del recurso «no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central».

Recuerda que este organismo «en el ejercicio de sus funciones garantiza la transparencia y objetividad de los procesos electorales» y fue en ese contexto donde «prohibió su utilización» por la «vulneración del principio de neutralidad a que deben sujetarse las administraciones en general». Es decir, la decisión de Torra de seguir adelante «contravino órdenes expresas» de la JEC, que «es el órgano competente».

«El objeto del proceso no es analizar la condena del recurrente desde la perspectiva de la libertad de expresión, pues como ciudadano es libre de realizar manifestaciones o actos que reflejen su identidad política. El objeto es la desobediencia de las órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es garantizar la transparencia y limpieza de los procesos electorales que exige la neutralidad de los poderes y Administraciones públicas«, zanjan los magistrados.

«La exigencia de neutralidad de la Administración se agudiza en los períodos electorales»
En este sentido, expone que «la exigencia de neutralidad de la Administración se agudiza en los períodos electorales», pues de acuerdo a su propia doctrina, es imperativo para garantizar el «sufragio libre», es decir, «un sistema electoral que garantice un marco institucional de neutralidad en el que el ciudadano pueda con absoluta libertad, sin interferencias de ningún poder público, decidir los términos y el alcance de su participación política».

Torra lo reconoció

Insisten en que no se han vulnerado sus derechos porque, además, el propio Torra, «en todo momento, con anterioridad, durante y después del juicio oral, no ha negado la exhibición de pancartas y otros símbolos en edificios públicos dependientes de la Generalitat, en especial en la fachada del Palau, y su negativa a cumplir las órdenes de la Junta Electoral Central», aún habiendo sido el mandato que ambas contenían «perfectamente comprensible tanto en el fondo como en los plazos».

Es más, destaca que tuvo una voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca de contravenir aquella orden y aprecia dolo en su «contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad». Insiste en esta tesis habida cuenta de la formación jurídica del presidente de la Generalitat y de que contaba con informes de los servicios jurídicos del organismo que le advertían de las implicaciones de desobedecer a la Junta Electoral, es decir, «disponía de los suficientes elementos» para conocer su obligación.

Tendrá que dejar la presidencia

En cuanto a la pena impuesta, la Sala avala la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos electivos porque Torra ha sido condenado en el contexto de su condición de autoridad pública y la condena «debe abarcar a cualquier ámbito en que se comete el delito».

«Constituiría una burla al respeto que los citados ciudadanos deben al buen funcionamiento de los Poderes Públicos que la pena de inhabilitación se limitase al cargo específico en el que se cometió el delito, y permitiese al condenado seguir cometiendo esta clase de delitos en otro cargo análogo, fruto directo o indirecto de unas elecciones políticas, por el mero hecho de trasladarse de un cargo de representación política a otro similar en el propio gobierno autonómico, o de la Nación, en el Parlamento Autonómico, del Estado o de la Unión Europea, o en el ámbito municipal», concluye.

Ahora, el Tribunal Supremo enviará a sentencia al TSJC, órgano sentenciador, para que ordene ejecutar la inhabilitación, un proceso que no se paraliza aunque la defensa de Torra presente un recurso. A partir de ahí, los boletines oficiales del Estado y de Cataluña publicarán su cese como presidente de la Generalitat y tendrá que ser reemplazado.

PRIMER PRESIDENTE CATALÁN INHABILITADO EN EJERCICIO DEL CARGO

Torra deja de ser presidente dos años y cuatro meses después de acceder al cargo en una investidura convulsa, ya que el plan inicial de su formación era investir de nuevo a Carles Puigdemont. Se convierte en el segundo presidente de la Generalitat inhabilitado en año y medio después de que el expresidente Artur Mas fuera inhabilitado el 5 de febrero de 2019 -ya no ocupaba el cargo- por impulsar la consulta ciudadana del 9 de noviembre de 2014 y el tercero consecutivo en acabar en los juzgados, tras el propio Mas y Puigdemont.

LEAL A PUIGDEMONT

Pese a haber estado siempre vinculado al independentismo, el presidente hoy inhabilitado no se incorporó a la política institucional hasta las elecciones del 21 de diciembre de 2017, tras el 1-O y el 155, cuando se integró como independiente y como número 11 por Barcelona en la lista de JxCat liderada por el expresidente Carles Puigdemont.

Tras las investiduras fallidas de Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, su nombre empezó a sonar como posible candidato a la Presidencia hasta que el mismo Puigdemont lo designó como su sucesor y fue investido el 14 de mayo de 2018.

Torra siempre ha mostrado su lealtad al expresidente con el que ha reconocido que contrasta opiniones antes de tomar sus decisiones, como la de no convocar elecciones antes de su inhabilitación, -Puigdemont reconoció haber comentado con Torra el asunto en una conversación en la que le trasladó que él no era partidario-.

De hecho, siempre ha considerado que su predecesor era el presidente legítimo, como dijo en sus primeras palabras del discurso de investidura donde aclaró que se consideraba un presidente provisional: “Yo no tendría que estar aquí, no tendría que estar haciendo este discurso ni pedir la confianza de la Cámara”.

CONTRA EL CASTELLANO

Torra había ocupado el cargo de presidente de Òmnium tras la muerte de su antecesora Muriel Casals. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), trabajó durante años en la empresa privada antes de trasladarse a Suiza, donde fue ejecutivo de una compañía aseguradora dos años, y regresó a Cataluña para dedicarse al articulismo y al ensayo político.

Algunos de sus artículos publicados antes de ser presidente han sido objeto de polémica, como el titulado ‘La llengua i les bèsties’ en el que Torra decía: “Ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias (…) bestias con forma humana que igualmente supuran odio. Un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con moho, contra todo lo que representa la lengua”, por el que grupos de la oposición como Cs y el PP siempre lo han tachado de supremacista.

Desde que llegó al cargo, expresó que su prioridad era hacer efectiva la independencia de Cataluña y llegó a plantear que habría otro ‘momentum’ para que el soberanismo lograra con éxito la república, pero su mandato ha estado marcado por las diferencias estratégicas, las divisiones constantes entre los dos socios del Govern -JxCat y ERC- y la discusión dentro del independentismo sobre optar por la confrontación o el diálogo con el Estado.

Pese a haberse mostrado siempre muy reticente a dialogar con el Gobierno, Torra se reunió con Pedro Sánchez, por primera vez en diciembre de 2018 en el Palau de Pedralbes, lo que suponía el restablecimiento de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno después de los hechos de 2017, aunque ese intento de diálogo acabó fracasando.

Más tarde, en febrero de 2020 Sánchez se convirtió en el primer presidente del Gobierno en acudir a la Generalitat desde José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, y ambos lideraron la primera y única reunión de la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán, que ERC y el PSOE pactaron por la investidura de Sánchez, y que Torra acabó asumiendo pese a su escepticismo inicial.

Estas muestras de diálogo se han ido alternando durante su mandato con llamadas a la confrontación con el Estado y, tras la sentencia del 1-O, llegó a proponer en el Parlament hacer un referéndum de autodeterminación en esta legislatura.

GOVERN DIVIDIDO

Sin embargo, el momento cumbre de la división entre JxCat y ERC se produjo el 29 de enero, cuando Torra perdió el acta de diputado después de que el Tribunal Supremo avalara la decisión de la JEC de retirarle el escaño por su inhabilitación, y acusó a ERC de falta de lealtad, por lo que anunció que convocaría elecciones después de que se aprobasen los Presupuestos de la Generalitat de 2020.

Desde aquel momento han pasado siete meses y, aunque las cuentas se aprobaron en abril, la firma de una convocatoria electoral no ha llegado a producirse porque la pandemia del coronavirus supuso un cambio en las prioridades.

Al igual que el resto de su Presidencia, el tramo final de su cargo también ha quedado marcado por la desunión entre el independentismo y, especialmente, entre JxCat y ERC, en este caso sobre cómo responder a su inhabilitación.

Como ya ocurrió con la sentencia del 1-O, el fallo que ratifica su inhabilitación también ha llegado sin acuerdo entre los socios del Govern -ERC pedía convocar elecciones antes de quedar suspendido y JxCat lo rechazaba- y abre un escenario lleno de incertidumbres con el Ejecutivo catalán en funciones.

POLITIZACIÓN DE UNA CAUSA PENAL

La querella que le ha costado la Presidencia a Torra fue presentada por la Fiscalía, a la que se unió Vox, y se admitió a trámite en abril de 2019. Tras el procesamiento, el juicio contra el president comenzó el 18 de noviembre, y su llegada a la vista consistió en toda una escenificación de apoyo de todo el mundo independentista hacia el presidente.

Una vez en la vista, Torra reconoció los hechos, si bien apuntó en su defensa que la orden de la JEC era ilegal e imposible de cumplir, un argumento de carácter más político que jurídico que su defensa repitió ante el Tribunal Supremo durante la vista de casación.

“No cumplí las órdenes, o lo que es lo mismo la desobedecí, era imposible cumplir una orden ilegal, dictada por un órgano ilegal y no podía hacerla para no vulnerar los derechos de los ciudadanos”, afirmó ante la Sala que terminó condenándolo.

RESISTENCIA “CONTUMAZ Y OBSTINADA”

La sentencia llegó el pasado 19 de diciembre, cuando el Tribunal Superior le condenó a una pena de inhabilitación de año y medio para el ejercicio de cargos electos y a una multa de 30.000 euros por “su contumaz y obstinada resistencia” a cumplir las órdenes de la JEC.

La repercusión política de esta decisión quedó en suspenso dado que la condena aún no era firme si había recurso ante el Supremo, algo que Boye se apresuró a anunciar. Por su parte, la Fiscalía pidió su inadmisión de plano, lo que de haberse aceptado por la Sala de lo Penal del alto tribunal habría acelerado la ejecución de la condena, y por lo tanto la inhabilitación del presidente.

El tribunal optó por el contrario por admitir la casación y por la celebración de una vista pública para revisar la condena, que se fijó para el pasado 17 de septiembre.

Al acto acudió el propio Torra, lo que no era preceptivo, y tras su celebración hizo una declaración institucional afirmando que no tenía ninguna intención de convocar elecciones en Cataluña a pesar de que la decisión del Supremo, a todas luces previsible, supusiera su inhabilitación.