El juez del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta ha procesado al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar y aboca la causa a juicio oral.

Lo ha hecho en un auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) en el que ve indicios de criminalidad contra Valdés, detenido el pasado 11 de agosto después de que unos testigos alertasen a unos agentes de una fuerte discusión cuando el matrimonio estaba en el balcón de su domicilio de Majadahonda (Madrid).

Una decisión que llega después de que él y su mujer negasen la semana pasada cualquier agresión física o psíquica, una tesis que ha sostenido este miércoles su hija, quien ante el juez ha exculpado a su padre y ha rechazado que hubiese maltrato.

Pero no lo entiende así el magistrado instructor, que en su auto da traslado a la Fiscalía para que en el plazo de diez días informe sobre si solicita la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa contra Valdés, quien padece una grave enfermedad, por la que recientemente estuvo ingresado durante unos días mientras se tramitaba su causa.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto. Aquella tarde Valdés mantuvo una discusión con su esposa, quien para zanjar el asunto subió a un piso superior confiando en que dadas las patologías que sufría el magistrado no le siguiera, pero este subió y la mujer, temiendo por su integridad, gritó «Socorro, auxilio, ayúdenme por favor».

Valdés, al percibir que los gritos eran oídos por personas que estaban en un parque público cercano a su vivienda en Majadahonda, cerró la ventana, corrió las cortinas y continuó la discusión.

«Desde el exterior, los viandantes percibieron movimientos bruscos y golpes, que determinaron una lesión, no diagnosticada, en el dorso de la mano derecha de la mujer», añade el auto del juez, que precisa que estas personas alertaron enseguida a la Policía.

Así, el instructor le procesa por un delito del artículo 153 del Código Penal, que castiga con seis meses a un año de prisión o trabajos a la comunidad a quien «por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico» o una lesión, o «golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia».

Una pena que se elevaría si el delito tiene lugar en el domicilio común.

Enmarcado en el sector progresista del Tribunal Constitucional, Valdés es uno de los cuatro magistrados cuyo puesto está pendiente de renovación tras concluir su mandato hace diez meses y actualmente se encuentra apartado de sus funciones en el tribunal por baja médica.