Pablo Iglesias y Podemos aterrizaron en la vida nacional en medio de un clima de desafección hacia los protagonistas del bipartidismo como esa nueva política regeneracionista contra la casta corrupta. El suyo es un caso paradigmático sobre el envejecimiento prematuro de un proyecto y de sus actores cuando el escaparate y la retórica escondían a un grupo de arribistas dispuestos a la toma del poder para servirse del mismo.

En estas últimas semanas, el socio de Pedro Sánchez en el Gobierno es objeto de varias instrucciones en los juzgados por distintas causas. El partido se encuentra hoy imputado por una presunta Caja B. Los escándalos crecen no como enanos, sino como gigantes, una vez reventado el tapón del sumidero por revelaciones como las de Calvente, pero no solo.

Desde ayer, Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, y varios de sus colaboradores están más cerca de responder ante la Justicia por su conducta presuntamente ilegal en el escándalo Dina. El juez García Castellón ha pedido al Tribunal Supremo que instruya una causa penal por delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y delitos de daños informáticos relacionados con su principal participación en el oscuro episodio del robo de la tarjeta del móvil de su exasesora Dina Bousselham, la filtración y la manipulación de sus contenidos y la instrumentalización de este sombrío capítulo en beneficio propio en la contienda electoral. La condición de aforado, privilegio del que abominaba, evita su imputación, que queda ahora en manos del Alto Tribunal. Ahora bien, las repercusiones políticas son insoslayables.

El Gobierno no puede cargar ni con un vicepresidente encausado ni con un partido envuelto en indagaciones judiciales por corrupción. Iglesias está obligado a renunciar o a ser relevado, pues la sombra de la sospecha es un lastre que un Ejecutivo con desafíos de enorme envergadura no debe soportar, con Europa, además, pendiente de su ejecutoria. De la respuesta de Unidas Podemos a sus diferentes frentes judiciales, sin la más mínima explicación y con ataques contra la «derecha judicial» y las «cloacas», cabe deducir que Iglesias se enrocará. Tampoco hay que aguardar nada del Código Ético del partido que él mismo se encargó de desactivar hace semanas. El foco se centrará entonces en Sánchez, sobre todo si no hace lo que debe, lo que debería haber hecho hace tiempo. Si se convierte en consentidor por activa o por pasiva, entonces podríamos rememorar aquello de dos por el precio de uno de González y Guerra. Sea como fuere, queda claro que aquel famoso «tic tac» que el todavía vicepresidente esgrimió contra el Gobierno del PP retumba ahora sobre su futuro. Presunción de inocencia por delante, es una evidencia que el banquillo ya no es un imposible.