Por David Jiménez (Reproducido) Al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, le han llamado muchas cosas, pero últimamente el insulto que más escucha es “dictador”. El apelativo ha calado lo suficiente como para que se convoquen manifestaciones con el lema “stop la dictadura”, políticos de la oposición denuncien un complot para implantar un sistema totalitario y la prensa populista parezca a un paso de pedir la intervención de las Naciones Unidas. En algún momento quizá caigan en cuenta de la contradicción: si estuviéramos en una tiranía, no podrían hacer ninguna de esas cosas.

No, Pedro Sánchez no es un dictador, pero tampoco está demostrando ser el demócrata que requieren los tiempos. Su gobierno de coalición con Unidas Podemos puede gustar más o menos, pero es producto de la voluntad de los españoles. Las medidas tomadas para controlar la pandemia, casi siempre tardías y mal ejecutadas, son similares a las del resto de democracias, desde Australia a Islandia.

Y, sin embargo, que no estemos a punto de convertirnos una versión latina de Corea del Norte no excluye un progresivo y preocupante deterioro de la salud democrática de España. Sánchez ha sido, desde su llegada al gobierno, otro eslabón en la cadena de dirigentes que prometen terminar con el asalto de lo público desde la oposición, para olvidar su compromiso nada más llegar al poder.

Resulta especialmente incoherente en un presidente que no pierde oportunidad de alertar contra quienes niegan la legitimidad de su gestión, advirtiendo del riesgo que presentan radicalismos y autoritarismos. Si esa amenaza existe, ¿no sería el momento de reforzar las instituciones que pueden hacer de contrapeso?

El líder socialista se marchó, sin intervenir y antes de que terminara, del debate donde su gobierno pidió un nuevo estado de alarma, una medida de extrema excepcionalidad que merecía mayor respeto parlamentario. Fue un nuevo episodio en la falta de transparencia que ha acompañado su gestión desde el inicio de la pandemia.

Solo la presión de los medios forzó al presidente a responder a preguntas no filtradas durante las ruedas de prensa en la primera ola, un comité de expertos que supuestamente recomendaba las medidas sanitarias resultó no existir y los españoles siguen sin tener hoy datos fiables de contagios o muertos, a menudo por la incapacidad de las regiones para aportarlos.

La comisión independiente que llevan exigiendo desde hace meses los científicos para analizar los errores que han situado a España como uno de los países más golpeados del mundo en las dos primeras olas de la COVID-19, sigue sin ponerse en marcha. El riesgo es que sigamos cometiendo los mismos fallos cuando llegue una tercera.

La visión patrimonialista del presidente sobre las instituciones es anterior a la pandemia. Como fiscal general del Estado escogió a Dolores Delgado, su imparcial exministra de Justicia; como director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a un histórico militante de su partido; y como director gerente de la agencia pública de noticias EFE a un exportavoz socialista, después de cesar al presidente que le recordó que la agencia no es del gobierno.

La coalición de izquierdas, con un récord de 22 ministerios, se ha convertido en una agencia de colocación de amigos y fieles de los partidos que la forman, incluidos cientos de asesores de quienes los ciudadanos desconocemos ocupación, méritos e incluso nombres, a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo favorable a identificarlos.

Debería ser al revés: nunca fue tan importante una fiscalización de cada cargo y la justificación de sus sueldos cuando miles de personas están perdiendo sus trabajos y el desempleo supera el 16 por ciento.

La justificación de que los demás partidos hacen lo mismo cuando están en el poder es tan cierta —las instituciones siempre se convierten en botín de los ganadores en las elecciones—, como fútil para los intereses ciudadanos. El manual que los políticos españoles deberían tener sobre la mesilla les recordaría que votar cada cuatro años es solo uno de los medios de una democracia efectiva.

La intromisión desde el Gobierno en la justicia, los medios de comunicación públicos o los organismos que velan por intereses nacionales, grave de por sí en tiempos ordinarios, resulta intolerable cuando la paciencia de la ciudadanía está al límite. Los disturbios del pasado fin de semana en varias ciudades por parte de manifestantes contrarios a las medidas sanitarias muestran los riesgos de ese hartazgo.

La eficacia en la lucha contra la pandemia, o cualquier otra acción de gobierno, requiere de un ejemplo que los políticos no están dando. Resulta incomprensible ver cómo los parlamentarios incumplen las mismas medidas que imponen a los ciudadanos, a la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, saltándose el toque de queda que ella estableció o al ministro de Sanidad, Salvador Illa, asistiendo a un evento con unos 80 invitados mientras pide a los ciudadanos que eviten reuniones.

Pero ni los incumplimientos cívicos de los gobernantes ni las negligencias en la gestión tienen consecuencias. Los políticos mantienen sus puestos y asistimos a la renuncia de profesionales capacitados que se niegan a tomar decisiones que merman la lucha contra la pandemia. Es el caso de la región de Madrid, donde han dimitido once altos cargos desde mayo mientras su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ignoraba las recomendaciones de los expertos para que reforzara la atención primaria, organizara equipos de rastreo y diera coherencia y continuidad a medidas que siguen generando confusión.

En su lugar, Ayuso encargó la construcción de un hospital nuevo en el que se pensó en todo, menos en lo esencial: la contratación de los sanitarios para atender a los pacientes.

El nepotismo, la no asunción de responsabilidades, la manipulación de las instituciones en beneficio partidista o la falta de transparencia debilitan las democracias y refuerzan los populismos, que se alimentan del cinismo de las élites políticas y la frustración de los votantes. Si se le añade una pandemia que conlleva la renuncia de libertades individuales, en medio de una grave crisis económica, los riesgos aumentan.

Nunca hubo mejor momento para reformar los procesos de selección de altos cargos, promulgar leyes que garanticen la independencia de organismos públicos y legislar en favor del acceso de la población a toda la información sobre qué se hace con el dinero de sus impuestos. Cuando se demandan grandes sacrificios a la ciudadanía, la mínima contrapartida que deben ofrecer los políticos es transparencia, frugalidad —el Gobierno español acaba de subirse el sueldo— y garantías de que las instituciones serán puestas al servicio del interés general, no del partido en el poder.

* David Jiménez es periodista y colaborador regular de The New York Times