“El sistema político de los EEUU”, un ensayo elaborado por el abogado de AD, Estanislao de Kostka, imprescindible para conocer la realidad norteamericana (IV): La declaración de la Independencia
Alerta Digital reproduce por capítulos el libro escrito por nuestro abogado jefe, Estanislao de Kostka, sobre el sistema político de los Estados Unidos de América, desde antes de sus orígenes hasta los inicios del siglo XXI.
La declaración de la Independencia
Estanislado de Kostka.-Antes de iniciarse en 1775 el conflicto bélico norteamericano, los colonialistas se consideraban ciudadanos ingleses. La idea de una nación separada e independiente del Gobierno británico, no fue aceptada hasta poco antes de la Guerra de la Independencia. No en vano, antes del proceso revolucionario hubo numerosos momentos en los que los colonialistas realizaron intentos de solventar por medios pacíficos los problemas que compartían, sin que ello implicase tendencias separatistas. Estos esfuerzos fueron en realidad el primer paso hacia la independencia.11
Los primeros intentos de cooperación tuvieron lugar entre 1643 y 1684 cuando cuatro colonias de Nueva Inglaterra formaron la nueva Confederación Inglesa, con el objetivo de tratar de evitar los peligros de los ataques indios. Otro intento se realizó en 1754, cuando delegados de las colonias del norte se reunieron en Albany para hablar sobre las relaciones con los indios. Fue en esta reunión donde Benjamin Franklin ideó la propuesta de un gobierno colonial conocida como el Plan de Albany. El proyecto reclamaba la creación de un consejo intercolonial con poderes para realizar tratados con las tribus nativas americanas, para colonizar y comprar tierras del oeste, para declarar la guerra y firmar la paz, así como para regular las relaciones con los indios. Pero la propuesta de Benjamin Franklin no fue aceptada por varias asambleas de las colonias, que bajo control del Gobierno británico, deseaban preservar sus poderes.
EL PRELUDIO A LA INDEPENDENCIA
Después de 1760, los esfuerzos de cooperación de las colonias se vieron truncados por las políticas impositivas de la metrópoli, dirigidas a incrementar los ingresos del Reino de Gran Bretaña a expensas de los colonialistas. La victoria de Gran Bretaña sobre Francia y España en 1763 en la Guerra de los Siete Años tuvo altos costes económicos para la primera. Como resultado, la carga impositiva sobre las colonias se incrementó de forma sustancial y buena parte recayó sobre las clases terratenientes y políticamente influyentes. Convertidos en un gran Imperio, los británicos se vieron obligados a aumentar la presión fiscal, lo que crispó los ánimos coloniales, especialmente bajo el reinado de Jorge III. La adhesión del inmenso territorio de Canadá y la continua presión sobre los territorios británicos por parte de los indios y los españoles, no ofrecía perspectivas de que se pudieran reducir los costes militares de mantener tan vastos territorios, por lo que fue necesario incrementar la tributación a las colonias, que hasta entonces tenían reducidos impuestos.
Pero, además, la guerra había puesto de manifiesto la necesidad de un mayor control político y administrativo sobre los territorios coloniales, que se hizo más patente una vez finalizada la guerra, al haber aumentado los territorios bajo control británico. En 1763 los británicos hicieron una proclamación real que establecía una línea de separación territorial entre las colonias y los territorios indios de los apaches, marcación territorial que suponía que las relaciones comerciales con los territorios exteriores debían someterse a los comisionados británicos designados al efecto. Tal decisión significaba en primer lugar que se establecían límites a la expansión en las tierras occidentales y, en segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, que las perspectivas económicas y comerciales futuras de los colonos tenían también límites.
En 1763 fue nombrado Primer Ministro británico George Grenville con el objetivo de solucionar los problemas de financiación de los gastos causados por la guerra, optando por diferentes medidas de carácter impositivo sobre las colonias de ultramar. La primera decisión adoptada por el Parlamento británico fue el Acta de Plantación (Plantation Act) de 1764, conocida como el Acta del Azúcar, que además de medidas fiscales sobre productos como el azúcar, el vino y otros bienes importados por los colonialistas, establecía un sistema de aduanas presidido por un Tribunal (Vice-admiralty Court) con base en Halifax, en el Estado de Carolina del Norte, cuya simple existencia se percibió como una amenaza a ser juzgado por tribunales no locales. Aunque Boston fue quien más objeciones mostró a los incrementos de impuestos, lo cierto es que tales medidas fueron aceptadas en un principio por las colonias. La denominada Acta de Moneda Circulante (Currency Act), aprobada por el Parlamento británico en 1764, supuso una nueva limitación a las perspectivas económicas de las colonias al retirar de la circulación papel moneda, al tiempo que ponía claramente de manifiesto el control británico sobre las cuestiones fiscales y económicas de las colonias. Estas producciones legislativas hicieron patente la voluntad del Gobierno británico de gravar impuestos sin conceder representación política a los contribuyentes. Actitud que fue denunciada y a la que siguió la exigencia de las colonias de que se aplicara uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos ingleses: el que garantiza que los impuestos sólo pueden ser exigidos, si existe representación política en la Cámara que los legisla.
En 1765 el resentimiento antibritánico se incrementó, al intensificarse la aplicación del Acta del Azúcar y promulgarse el Acta de Acuartelamiento (Quartering Act). Esta última exigía a las colonias proporcionar suministros a las tropas británicas allí estacionadas, así como ofrecerles cobijo en edificios no ocupados. Pero aún más exasperante y con mayores consecuencias sociales y políticas fue el Acta del Sello (Act Stamp), aprobada en 1765, por la que se establecía el pago de un impuesto a través de una póliza o timbre para determinados productos, para los actos legales y para las transacciones comerciales. El sentimiento de Londres, compartido por entonces por el propio Benjamín Franklin, era que las colonias aceptarían los nuevos impuestos como lo habían hecho con anterioridad. Pero esta nueva Acta en realidad se convirtió en la fuente de conflicto más importante de todas las medidas adoptadas hasta entonces por el Parlamento británico. El Acta del Sello afectaba a las principales transacciones comerciales y a los profesionales más cualificados como abogados, periodistas y banqueros, pero, además, se trataba de la primera medida legislativa impositiva aprobada por el Parlamento británico que se percibiría como injusta. Varias colonias enviaron comisiones a Nueva York en el verano de 1765, donde el Acta del Sello se denunció como una violación del Derecho anglosajón, a sólo ser gravados con impuestos por los representantes electos. El Acta produjo un gran descontento social que comenzó a manifestarse con disturbios, especialmente en Boston, lo que obligó finalmente a suspenderla.
La sustitución del Primer Ministro George Grenville por el Marqués de Rockingham, inicialmente calmó los ánimos ya que procedió a derogar el Acta del Sello, no por simpatía con los movimientos ciudadanos, sino más bien por las protestas y la presión de los comerciantes ingleses afectados por el embargo a sus productos. El Parlamento británico calificó la actitud de las colonias como contrarias a Derecho, pero se vio obligado a derogar las medidas aprobadas, si bien en el mismo acto de derogación aprobó la llamada Acta Declarativa (Declaratory Act), por la que el Parlamento quería dejar claro que tenía el poder y la autoridad para imponer legislación sobre las colonias “en todos los casos sea cual sea”. Los colonos reaccionaron con júbilo e intentaron ignorar el Acta Declarativa, aunque como el propio John Adams advirtió en su Disertación sobre el Canon y la Ley Feudal (Dissertation on the Canon and Feudal Law), el Parlamento británico intentaría de nuevo gravar con impuestos a las colonias. Lo que ocurrió en 1767, cuando Charles Townshend fue nombrado Canciller del Fisco del Gobierno británico y poco después se gravaron productos básicos y de uso común, distinguiendo entre productos internos y externos, lo que reforzó la creencia entre las colonias de que estaban siendo paulatinamente reducidas a un papel secundario dentro del Imperio.
Cuando Lord North fue nombrado Primer Ministro británico a inicios de 1770, el Rey inglés Jorge III y su Gobierno recuperaron cierta estabilidad, aunque de forma temporal. A esta calma sin duda contribuyó la retirada de impuestos sobre todos los productos excepto el té, pero se vio nuevamente interrumpida por pequeños enfrentamientos entre los colonos y las tropas británicas destacadas en territorio norteamericano. Especialmente significativos fueron los acontecimientos producidos en Boston, cuando tropas británicas amenazadas por la muchedumbre abrieron fuego y mataron a cinco personas, en un acto conocido como la Matanza de Boston. Otro acontecimiento no de menor calado ocurrió en Nueva York dónde la Asamblea legislativa se negó a aceptar las demandas británicas sobre alojamiento de las tropas. Ante este hecho el Parlamento británico amenazó con disolver el legislativo neoyorquino, lo que se interpretó como una clara injerencia británica y como la primera aplicación literal del Acta Declarativa. Pero esta no fue la única acción británica percibida como injerencia.
En 1773 se intentó resolver las dificultades de la Compañía India del Este (East India Company), mediante el Acta del Té (Tea Act), por la que los británicos otorgaban el monopolio de la comercialización de este producto a una organización sin relación con las colonias norteamericanas. El té pasaba a ser vendido exclusivamente por agentes de la Compañía, a diferencia de antes que esta función la realizaban comerciantes independientes mediante el sistema de subasta. Este hecho enfureció a los colonos y provocó disturbios en diferentes puertos marítimos que recibían las mercancías, aunque fue en Boston donde adquirieron un mayor calado. Los acontecimientos llegaron a un punto de tensión sin retorno, cuando el 16 de diciembre de 1773 un grupo de colonos de Boston disfrazados de indios Mohicanos (Mohawk), abordaron los barcos anclados en el puerto de Boston tirando por la borda los cargamentos de té. A este acto respondió el Parlamento británico legislando medidas que reducían la autonomía política de Massachusetts e intentaban someterles a la disciplina imperial. La aprobación del Acta del Gobierno de Massachusetts (Massachusetts Goverment Act) cerró el puerto de Boston y por primera vez alteró la Carta Constitucional Colonial (Colonial Charter), sustituyendo el consejo electivo de 1691 por uno de designación, al que se le dotaba de amplios poderes, al igual que al Gobernador. Tras los acontecimientos de Boston, la relación entre los colonialistas y el Gobierno británico adquirió una nueva dimensión. En 1774 el Parlamento aprobó una serie de medidas conocidas como las Actas Coercitivas (Coercitive Acts), que incluían una Ley que prohibía la carga y descarga de barcos en el puerto de Boston. En esas fechas el Acta de Acuartelamiento fue renovada y sus disposiciones se extendieron a todas las colonias. Los americanos comenzaban a sentir que las colonias estaban siendo ocupadas más que gobernadas, lo que supuso el inicio de las protestas contra el Gobierno británico.
Los agravios a los colonialistas provocaron en algunas colonias la formación de comités informales de corte político y reivindicativo. Por ejemplo, se crearon comités de acción política que denunciaban situaciones de injusticia por parte de la metrópoli, o comités de correspondencia, cuyo objetivo era crear una comunicación fluida entre las distintas colonias, para poder estar informadas sobre las acciones del Parlamento británico que se percibían como amenazas para las colonias. Poco a poco las colonias tomaron conciencia de identidad política propia, a lo que en gran medida contribuyeron los ensayos publicados por el abogado y legislador John Dickinson, que fueron ampliamente difundidos en 1767 y 1768 con el nombre de Cartas de un Granjero en Pensilvania (Letters from a Farmer in Pennsylvania), y que dieron pie a formar por primera vez una oposición unida en las colonias. Dickinson no negaba la autoridad de Parlamento británico sobre los territorios del Imperio, pero sí sobre los asuntos internos de las colonias, supeditando la lealtad de las colonias a una relación entre iguales y no a la obediencia a entidades políticas en posición de superioridad. Pero, en este estadio, los colonos ni pretendían ni demandaban la independencia frente al poder británico.
El propio Dickinson había señalado que tal posibilidad sólo implicaba dolor. El enfrentamiento en esta fase no buscaba el objetivo de modificar las estructuras políticas de poder, sino que las discrepancias se referían a la legislación emanada del Parlamento británico. Se trataba de exigir igualdad frente a los británicos, especialmente en la fijación impositiva, sobre la base de que no podían establecerse impuestos sin el consentimiento de los afectados. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer sentimientos entre los colonos que cuestionaban la autoridad legal del Parlamento británico sobre las colonias, especialmente a partir de finales de la década de 1770, cuando James Wilson, un abogado inmigrante escocés de Filadelfia, escribió un ensayo en el que ponía de manifiesto por primera vez estas ideas. Bajo el título de Consideraciones sobre la Naturaleza y la Magnitud de la Autoridad del Parlamento Británico (Considerations on the Nature and Extend of the Legislative Authority of the British Parliament), el ensayo, publicado en 1774, no hacía sino recoger las ideas que ya se habían extendido por las colonias y entre influyentes colonos como el propio de Benjamín Franklin, quien sostuvo que la soberanía legal del Parlamento británico terminaba donde empezaba su costa.
La posición británica al respecto era clara: las colonias se encuentran representadas en el Parlamento británico, de igual forma que lo están la mayoría de británicos que no votan, por los que si votan. Lo cierto es que la posibilidad de que las colonias tuvieran representación en el Parlamento británico, ampliamente debatida, era inviable debido a los problemas de tiempo y distancia. Pero, además, no era aceptada por las colonias por la escasa representación que se les otorgaría. Los argumentos de los colonos también eran claros: las colonias debían tener un régimen de igualdad respecto a los británicos, puesto que les protegía el mismo common law. De hecho, este argumento se convertiría en una de las primeras afirmaciones del Primer Congreso Continental reunido en septiembre de 1774, al sostener que las colonias estaban sometidas a los mismos principios jurídicos recogidos en el Derecho Consuetudinario británico.
(CONTINUARÁ)
El Vice-Admiralty Court estaba en Halifax, Canadá, no en NC.
Donald Trump sigue apoyando a Marruecos. La Región es un periódico de Orense, provincia gallega para los que dicen que toda la prensa y TV está en gallego y se persigue el español:
Donald Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental (laregion.es)
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