Nuria López (R) El abogado del rey emérito, Juan Carlos I, ha anunciado este miércoles que el exmonarca ha presentado una declaración voluntaria ante Hacienda para regularizar impuestos por la que abona 678.393 euros, lo que incluye intereses y otras costas. El pago guarda relación con el caso de las tarjetas opacas que tanto el exjefe de Estado como otros miembros de su familia utilizaron durante al menos tres años, entre 2016 y 2018.

De esta manera, Juan Carlos I pretende legalizar los fondos que recibió por parte del multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, de los que dispuso utilizando como testaferro al coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, y que fueron usados para el pago de viajes, hoteles o restaurantes, entre otros gastos personales.

Por medio de su letrado, Javier Sánchez Junco, el rey emérito ha hecho público un comunicado en el que indica que “ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes una declaración sin requerimiento previo, de la que resulta una deuda tributaria, ya satisfecha” por el importe indicado.

El reconocimiento y pago de la deuda se ha producido antes de que la Administración Tributaria o la Fiscalía hayan notificado a Juan Carlos I el inicio de actuaciones, por lo que las investigaciones por este caso, a partir de ahora, no tendrán ningún recorrido penal.

La Fiscalía mantenía abiertas diligencias preprocesales por estos fondos no declarados procedentes del empresario mexicano, amigo personal del exmonarca, en las que se investigaba un posible delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.

¿A cuánto dinero oculto corresponde la regularización?

Debido al escueto comunicado de la defensa del exmonarca no se sabe por cual de las dos vías existentes se ha producido la regularización.

En el caso de que haya sostenido que los fondos no declarados eran producto de una donación, el importe ahora abonado (casi 700.000 euros) corresponderían a unos fondos de más de un millón y medio de euros.

Si hubiera optado por la segunda alternativa, la más probable, como un incremento patrimonial por la vía del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), el incremento durante dos años habría supuesto alrededor de 1,2 millones de euros.

De tal modo que el patrimonio ocultado por Juan Carlos I se encontraría en una horquilla de entre 1,2 y 1,6 millones de euros.

¿Por qué Hacienda no había actuado todavía?

Corinna y el rey emérito.

La Agencia Tributaria de España podría haber abierto un expediente, puesto que las primeras pistas sobre este caso aparecieron en prensa ya en 2017, pero no lo había hecho hasta la fecha. Si se hubiera iniciado una inspección, cualquier pago, como el que acaba de hacer, ya no habría cerrado la causa.

Aunque se acusa a Hacienda de haber retrasado las diligencias debido a que se trataba del anterior jefe de Estado, desde la Agencia Tributaria alegan que no es posible iniciar ningún procedimiento administrativo cuando hay causas judiciales abiertas. Lo cierto es que el rey emérito de España de momento no está siendo investigado personalmente en ninguna causa, aunque sí diversas tramas en las que podría estar involucrado.

Zanjado el frente judicial menos importante

El príncipe saudí Mohammed bin Salman habla con el rey emérito Juan Carlos I en Abu Dabi, 25 de noviembre de 2018.

Con la actuación anunciada ayer, Juan Carlos I zanja uno de los tres frentes judiciales que pesaban sobre él, aunque se trata del de menos importancia y también menor cuantía económica.

El caso salió a la luz cuando el Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales denunció a la Fiscalía la detección de los pagos realizados por el coronel Murga para gastos personales del rey emérito con fondos procedentes de Sanginés-Krause. El militar llegó a declarar ante la Fiscalía que los regalos habían sido pagados de su propio bolsillo, a pesar de que su patrimonio personal lo hacía inviable. Poco después, el empresario mexicano reconoció que él había pagado esos gastos por la amistad que tenía con Juan Carlos I.

Se estima que estos fondos han sido ahora regularizados porque son los únicos movimientos realizados con posterioridad a 2014, fecha de la abdicación del exmonarca y momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad que la Constitución española brinda al jefe de Estado. Ese escudo legal sí sería efectivo en el caso de otras investigaciones abiertas sobre hechos sucedidos antes de que abandonara el trono.

Las otras dos causas judiciales que siguen su curso y que involucran al rey emérito implican cantidades de dinero mucho mayores. La primera versa sobre la fortuna que Juan Carlos primero ocultó en Suiza, proveniente de Arabia Saudí y que podría tener como origen una comisión ilegal, de más de 60 millones de euros, por la construcción del tren de alta velocidad de La Meca a Medina. Por este asunto, también se están realizando averiguaciones por parte de la Fiscalía suiza.

La tercera causa tiene que ver con el hallazgo de otra fortuna en la isla de Jersey por valor de alrededor de 10 millones de euros, aunque en este caso el rey emérito niega rotundamente que sea suya.

Desde un hotel de lujo

Juan Carlos I ha tramitado el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con varios años de retraso, desde un hotel de superlujo situado en los Emiratos Árabes Unidos, país en el que reside desde al menos el pasado 3 de agosto, cuando hizo pública su salida del país.

Esta regularización cierra una puerta penal, pero abre otra importante de cara al prestigio de la institución de la que fue cabeza durante casi cuarenta años: la del reconocimiento del fraude y, de alguna manera, de que el pago no se abría realizado si no existiera el riesgo de ser imputado penalmente por unos hechos que ya no estarían protegidos por la inviolabilidad.

El daño que las actividades privadas de Juan Carlos I le ha infligido a la Monarquía quedó patente, primero, en su apresurada e inesperada abdicación en 2014; y después, de una manera más trasparente, en marzo de este año, cuando el actual rey Felipe VI emitió un comunicado en el que reconocía que conocía la existencia de la fundación en la que se había recibido la presunta comisión de Arabia Saudí y retiró la asignación de dinero público que hasta entonces recibía su padre, de casi 200.000 euros anuales.