Convengamos en que la situación que vive ahora Juan Carlos es absolutamente absurda. Acusado de huir por la extrema izquierda y empujado a marchar de España por la otra parte del Gobierno, sigue siendo objeto de filtraciones interesadas que tienen como objeto dificultar la vuelta a su casa a alguien sobre quien no pesa una sola acusación. Resulta absurdo que tengamos que lapidar a un gran Rey en el mismo país que tiene un partido chavista imputado ocupando vicepresidencia y ministerios o un presidente que plagió su tesis doctoral, que pacta con los peores enemigos de España y que esconde muertos por la pandemia (véase el conteo del INE).

Es absurdo que JC se plantee volver al país en el que fue Jefe del Estado casi cuatro décadas y haya que estudiar la conveniencia o no de que lo haga por Navidad. Es muy posible que toda esa patulea que quiere derribar la institución prefiriera que su vuelta fuera consecuencia de investigaciones que lo convirtieran en sospechoso, pero a eso no debería arriesgarse: digan lo que digan unos y otros, la Navidad es una fecha muy propicia para su vuelta, por más que el clima en torno a él parezca irrespirable por la presión mediática (que no judicial) en torno a su figura.

Para su vuelta, quieran unos o no, parece imprescindible la complicidad de Zarzuela. Del Gobierno que presionó para que abandonara España solo cabe esperar una completa colección de maniobras de acoso para presionar a Felipe VI. Con Juan Carlos lo intentarán todo, hasta despojarle del título de Rey, y la Casa Real no debería coadyuvar, como sí hizo en agosto, a legitimar ataques exagerados a su anterior jefe. En el pasado verano, puede que de forma involuntaria, Zarzuela contribuyó (con aquella búsqueda de la ejemplaridad) a hacer tabla rasa de toda su extraordinaria aportación a la historia democrática de España. No deberían pensar en absoluto que se lo vayan a reconocer o agradecer: esa forma de degradarle que acaricia la izquierda gobernante no es inocente. Mantener a JC lejos de España es desdeñar su legado histórico por la vía de los hechos y Felipe VI, que indudablemente tiene sus razones, debería asumir como interés propio la ayuda para recuperar la imagen pública de su padre dándole la vuelta, lenta y prudentemente, al clima de opinión inducida que se cierne sobre su persona. Sufrirá mucha presión, pero una inteligente mezcla de distancia prudente y neutralidad oficial, es decir, no proceder a ningún tipo de desautorización, podría ser muy útil para todos los actores de este culebrón absurdo. JC deberá, por demás, mantener una agenda privada de perfil muy discreto.

Aquí los dirigentes menos ejemplares de España piden ejemplaridad a quien quieren echar. No porque consideren graves los errores de JC, sino para derrumbar a su hijo y derribar el último obstáculo que frena sus planes. Es también absurdo que no queramos verlo.