Alerta Digital reproduce por capítulos el libro escrito por nuestro abogado jefe, Estanislao de Kostka, sobre el sistema político de los Estados Unidos de América, desde antes de sus orígenes hasta los inicios del siglo XXI.

El proceso constitucional

Estanislao de Kostka.- Una vez finalizada la guerra y obtenida la independencia, reconocida por Inglaterra en 1783, las antiguas 13 colonias convertidas ahora en estados, formaron una unión de estados confederados con plena soberanía sobre sus territorios. Los nuevos estados se organizaron siguiendo el modelo republicano, con un ejecutivo débil, cámaras legislativas fuertes y constituciones escritas que limitaban el poder de los gobernantes. Las asambleas electas, que durante mucho tiempo habían sido el principal órgano político de las colonias, constituían sin duda un buen punto de partida y la base que fundamentaba la denominada memoria institucional, de gran importancia en la formación ideológica de la nueva nación y asentada también sobre las teorías republicanas publicadas en el continente europeo.

Esta experiencia acumulada, permitió a los nuevos estados asentar su legitimidad en las tradiciones, en los procedimientos políticos ya establecidos, así como en la transferencia de autoridad desde las agonizantes asambleas coloniales a las nuevas asambleas estatales que se constituían, normalmente a través de convenciones estatales constituidas para tal fin.

La mayoría de los estados se dotaron de constituciones, debatidas, redactadas y aprobadas en las convenciones estatales designadas al efecto o en las asambleas legislativas ya existentes. En estas constituciones se establecía una única cámara legislativa y se recogía el derecho a sufragio, inicialmente limitado a varones sobre la base del pago de impuestos, aunque pronto se amplió. Desde el punto de vista del poder político, las constituciones estatales supusieron la consolidación del poder que venían ostentando los líderes locales, normalmente sobre la base de un poder económico paralelo. Los gobernadores estatales con frecuencia eran hombres de gran riqueza o elegidos por el sector adinerado, si bien existían excepciones como por ejemplo Virginia, que a pesar de contar con una poderosa élite terrateniente, no ostentaba el poder político. Algunos estados mantuvieron barreras de carácter religioso para ocupar cargos públicos, en un momento en el que la separación entre la Iglesia y el incipiente Estado no se concebía.

Las constituciones de las que se dotaron los nuevos estados eran conservadoras y no existía en el ánimo de los constituyentes un espíritu de ruptura con las estructuras sociales y políticas existentes de origen británico. Se trataba de construir el nuevo régimen sobre la base de lo existente y dotándose de nuevos órganos de poder, independientes y electos. Ese conservadurismo y ese afán de reformar más que de cambiar, influyó en buena medida en que las constituciones estatales no introdujeran grandes aportaciones democráticas. Éstas provendrían más bien del propio devenir de los acontecimientos políticos, en un momento en que las nuevas fuerzas políticas se enfrentaban a las tradicionales, creando y desarrollando formas de hacer política hasta entonces desconocidas. Las élites políticas
pusieron en práctica el principio de representación proporcional, a pesar de que esto suponía una transformación importante.

El nuevo sistema electoral ni fue objeto de polémica, ni se puso en cuestión, pasando su implantación casi de manera desapercibida, aunque significaba una ruptura con la tradición colonial. Pero a pesar de instaurar un sistema de representación proporcional, lo cierto es que las restricciones al sufragio permitieron a las élites políticas y económicas tradicionales conservar su poder político. En la mayoría de las ocasiones los hacendados residían en núcleos urbanos donde ostentaban considerable peso político, cuya consolidación fue posible por la inexistencia de la lucha de clases que se extendía por Europa. Normalmente las elecciones se celebraban anualmente y se establecían límites de estancia en los cargos. Las legislaturas estatales no se constituyeron como órganos rígidos y cerrados, sino que se dotaron de mecanismos que permitían la integración de representantes de los nuevos asentamientos, configurando un modelo abierto a la integración de los territorios que se ocupaban.

Con los Artículos de la Confederación las incipientes repúblicas se encontraban en disposición de diseñar nuevas estructuras políticas, que permitieran gobernar un territorio geográfica y políticamente tan plural. Pero las dificultades a las que se enfrentaban no eran pocas, al carecer de una verdadera unidad interna continental, tener una acción colectiva limitada, un ejército que debía ser mantenido y escasa experiencia en la configuración de un sistema continental de finanzas. En definitiva, los emergentes estados independientes carecían de instituciones políticas comunes, con la excepción del Congreso de la Confederación, aunque se enfrentaban a problemas compartidos que permanecieron más allá de la Guerra de la Independencia. La estructura política de la Confederación estaba constituida por un Comité integrado por un representante de cada Estado, cuyas funciones y
competencias eran escasas ya que sólo se materializaban en el caso de que el Congreso no se encontrara reunido. El Congreso carecía de autoridad suficiente al no tener ni capacidad impositiva, ni medios coactivos con los que hacer cumplir sus decisiones. Pero, además, las decisiones políticas relevantes debían ser aprobadas por nueve de los trece estados, lo que en la práctica convertía el funcionamiento institucional del sistema político en inoperante.

La experiencia política pasada sirvió para asentar las primeras bases de lo que más tarde sería la unión de los estados norteamericanos. El movimiento para modificar los Artículos de la Confederación tenía amplio apoyo, pero también oponentes. Entre éstos últimos se encontraban grupos económicamente favorecidos por el sistema vigente, o que simplemente se oponían por miedo a una forma de gobierno más centralizada. El resultado de estos puntos de vista contrapuestos fue un proceso arduo, dirigido a la redacción de una constitución que pudiera ser comúnmente aceptada por los estados y que obtuviese el apoyo de los ciudadanos. La plasmación práctica de ese laborioso esfuerzo todavía perdura, ya que más de dos siglos después de escrita y ratificada la Constitución de los Estados Unidos de América, es la Carta Magna más longeva vigente en el mundo. Pero la relevancia del texto constitucional estadounidense de 1789 no sólo viene dado por haber regido los destinos de la nación desde su fundación, sino también por haber servido de modelo en las constituciones de Canadá, Australia, México, Suiza y otras muchas naciones. Sin lugar a duda, la Constitución estadounidense ha demostrado su efectividad histórica, si medimos ésta desde el punto de vista de aplicación práctica real, es decir, “cuyas normas dominan el proceso político” y es observada por sus destinatarios. Como acertadamente señaló Thomas Halter “la Constitución refleja el equilibrio de poderes entre las fuerzas con derecho a hacer progresar sus intereses en la América de la década de 1780. Refleja sus valores y sus creencias, sus deseos y sus anhelos, su conocimiento y su ignorancia”.

A pesar de la influencia que el sistema político inglés tuvo en la configuración del sistema político estadounidense y de sus estructuras legales, llama la atención la falta de un documento constitucional escrito en una nación y su existencia en la otra. Pero, además, el sistema de gobierno británico difiere respecto al estadounidense, en que concentra todo el poder en el Parlamento, que en teoría no está limitado por una Constitución, por los tribunales o por la Ley existente; frente al modelo constitucional estadounidense que se construyó, caracterizado como veremos por la difuminación de poderes a través del sistema de frenos y contrapesos (cheks and balances).