Pescando en río revuelto está el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. No lo disimula. En medio de la agonía de las empresas españolas afectadas por las secuelas económicas del coronavirus avanza en su pretensión de nacionalizarlas con la complicidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cambio de mantenerse en el Palacio de La Moncloa.

Sus pasos son “decididos” y buscan “facilitar la entrada del Estado en el capital de compañías privadas”, asegura Ok Diario. De esa manera, afirma el medio, se cristalizaría “el sueño de Pablo Iglesias de que todas las empresas sean públicas como en los países comunistas”.

Podemos aspira a una “política industrial estatista», es decir, que sea el Estado el que dicte la estrategia de las empresas y que se haga cargo de pagar todos los salarios, que lógicamente tenderán a ser categorizados e igualados dentro de cada categoría. Iglesias lo habla y lo promueve. En su cuenta de Twitter deja clara su visión entre lo público y lo privado.

Con una coartada diseñada

Mediante el fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, llamado Fondo de apoyo a las empresas estratégicas y dotado inicialmente con 10000 millones de euros, se concretaría el anhelo de Iglesias.

Este fondo ya inyectó dinero en Globalia (Air Europa) pero está limitado para continuar salvando compañías al orientar sus aportes solo a empresas que presten un servicio esencial, que tengan una importancia para el interés general o la seguridad nacional por su actividad, las infraestructuras que manejan, que sean líderes de su mercado, o que, si desaparecen, puedan provocar una situación de monopolio u oligopolio, o un conflicto social por la cantidad de trabajadores que irían a paro.

Pero “no se trata solo de estas empresas en apuros” revela el portal. El plan de Sánchez e Iglesias “quiere jugar a lo grande y también contempla entrar en las principales compañías del país” con la excusa de que están “amenazadas” por un gigante comunitario de su sector, “algo que no es nada descabellado a la vista del desastroso comportamiento bursátil en 2020, donde empresas de energía, la banca, las telecomunicaciones, la construcción y el turismo reflejan pérdidas.

Tomar hasta un 5 % del capital de la empresa amenazada es el objetivo del vicepresidente español para tener derecho a estar presente en su consejo de administración y, en consecuencia, tener poder de decisión sobre su estrategia y sus operaciones, indica el medio español.

Ello significaría “una nacionalización encubierta en toda regla” pero para Iglesias se encaja en su concepto “republicano” que debe reinar en España. Así lo profesa en su cuenta de Twitter.

Con el escenario a favor

La economía española, según los últimos datos que ha hecho públicas la oficina estadística Eurostat, arroja una “fuerte destrucción de capacidad productiva”, en contraste con el resto de los países miembros de la Unión Europea.

Como indicativos cita que la tasa de desempleo que presenta el país está en “claro ascenso” y supera el 16 %; muy por encima de la tasa de paro que muestran otras economías como Alemania y Países Bajos, destacándose los casi 400.000 empleos destruidos, cifra que resalta como la mayor “destrucción” de puestos de trabajo en el bloque comunitario.

En este escenario desfavorable destaca además que “30 % de las empresas nacionales se encuentran en situación de quiebra. Todo ello, en adición a otros indicadores que, como los beneficios empresariales han caído cerca de 70 %”. Eurostat también sitúa a la economía española a la cabeza en materia de desempleo juvenil cuya tasa de paro asciende a 40%.

Con el reporte en rojo, el medio asegura que “la factura que deja el COVID-19 a la economía española no es pequeña” y abre el camino a las intenciones de Podemos, que encuentra “vulnerable el tejido empresarial”.

Una intención persistente

Acabar con un “oligopolio que impide la competencia real» es el argumento que desde el año pasado intenta posicionar en la opinión Pablo Iglesias para justificar sus intenciones de nacionalizar el aparato productivo del país, revela Finanzas.

Según el vicepresidente del Gobierno español, el actual modelo hace que los beneficios de “grandes corporaciones» no dejen de crecer. Su discurso comunista y revanchista lo defiende de las críticas alegando que el papel de Podemos es «señalar lo que el Gobierno y sus aliados no se atreven a decir».

El plan de Iglesias es instaurar, para comenzar, un «plan nacional de transición energética» que sirva para «ahorrar energía rehabilitando edificios y apostando por las renovables». Un proyecto que implicaría una «inversión estatal razonable» (15000 millones de euros al año, la cuarta parte de lo que costó rescatar a la banca), que crearía 400.000 empleos de calidad, «fortalecería» un tejido industrial propio y «reduciría» la dependencia energética de España”, según Finanzas.

Iglesias agrega que no tiene miedo de que lo llamen “estatalistas” ni de que lo culpen de atraer a las “diez plagas de Egipto” porque afirma que su objetivo es “perseguir el fraude fiscal de los ricos y las grandes corporaciones para aumentar los ingresos del Estado”.

En sus palabras «las nacionalizaciones no deben hacerse para salvar intereses privados sino para defender lo público, que es defender a la gente». Se trata entonces del mismo argumento de Hugo Chávez en Venezuela. El resultado es ampliamente conocido: ruina y miseria. ¿Se repetirá la historia en España?