La Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció que asignará recursos para la creación de listas negras de quienes se oponen a su agenda ideológica en materia de género, orientación e identidad sexual.

Con el fin de «nombrar y avergonzar” a gobiernos y organizaciones que critican la promoción de la ONU de la orientación sexual y la identidad de género, crearán listados con el objetivo de mostrar a los «culpables» en una próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos.

De acuerdo con el llamamiento a contribuciones para el informe: Género, orientación sexual e identidad de género en la página oficial del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, su fin es proteger a las personas «contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género».

Si bien ninguna persona, en ningún lugar, debería ser objeto de violencia o discriminación injusta, la ONU ha demostrado que escudada en esa presunta protección ha intervenido en la soberanía de los países para imponer agendas ideológicas que ejercen presión para cambiar las leyes nacionales de manera contraria al derecho internacional e incluso atentan contra derechos humanos fundamentales.

En lugar de lo que debería ser su objetivo principal, garantizar que ninguna persona experimente violencia, la oposición al experto independiente se ha centrado en gran medida en la promoción de programas radicales por parte de este despacho.

Existen todavía países donde la homosexualidad es no solo penalizada sino criminalizada, incluso con castigo físico y hasta con pena de muerte. Pero en lugar de centrarse en responsabilizar a los gobiernos por estos abusos, la oficina ha profundizado en la promoción de los llamados derechos sexuales, que no tienen ningún fundamento en el derecho internacional.

Además, ha demostrado un compromiso con el avance de la educación radical en “sexualidad” para menores, incluso a costa de aplastar los derechos humanos fundamentales, como los derechos de los padres y el derecho a la libertad de religión.

Dicha educación, en vez de centrarse en el aspecto fisiológico de la sexualidad, opta por negar la realidad biológica de las personas e implementar una lectura que lo asume como una imposición social.

Según advierte The Daily Signal, a pesar del flagrante abuso de su autoridad, es probable que los esfuerzos del experto independiente tengan un efecto paralizador en algunos gobiernos. Particularmente vulnerables son aquellos que dependen de la ONU para sumas significativas de dinero por concepto de ayudas.

Agrega que habrá gobiernos que preferirían subordinar sus puntos de vista, en lugar de estar sujetos a la deshonra de la ONU. Otros intentarán defender sus posturas culturales y religiosas tradicionales, aunque sean etiquetados como violadores de los derechos humanos.

La cultura de la cancelación desde la ONU

Esto pone de manifiesto el peligro de cómo la ONU ha caído en la dinámica progresista de la cultura de la cancelación.

Por ejemplo, el próximo Generation Equality Forum, un evento importante patrocinado por ONU Mujeres con el objetivo declarado de reunir a 2500 representantes de organizaciones feministas de una manera que sea «inclusiva de las comunidades subrepresentadas y marginadas», ya ha emitido severas directivas de silenciamiento.

La plataforma en línea del foro declara que «no tolera lo siguiente», enumerando el «discurso de odio» amorfo como un criterio para ser eliminado del sitio de discusión.

“Chantaje económico” de la ONU con el coronavirus

En el marco de la pandemia del coronavirus, la ONU se ha valido de las necesidades de los países con menos recursos para ofrecer ayuda a cambio de reformas que exigían desproteger la vida intrauterina.

«La ONU no debería usar esta crisis como una oportunidad para avanzar en el acceso al aborto como un ‘servicio esencial’», dijo el administrador interino de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) de Estados Unidos, John Barsa, mediante una carta al secretario general de la ONU.

Eso sucedió bajo la gestión de Donald Trump, quien, junto al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se unieron a Polonia, Hungría, Indonesia, Egipto y Uganda para firmar la Declaración de Consenso de Ginebra, a la cual se adhirieron otros 27 países, principalmente de África.

“Hoy dejamos un marcador claro; las agencias de la ONU ya no pueden reinterpretar y malinterpretar el lenguaje acordado sin rendir cuentas”, dijo el secretario de Servicios Humanos y de Salud (HHS) en Estados Unidos, Alex Azar, durante la ceremonia el 22 de octubre de 2020.

“Sin disculpas, afirmamos que los gobiernos tienen el derecho soberano de hacer sus propias leyes para proteger la vida de inocentes y redactar sus regulaciones sobre el aborto”, agregó Azar.

En total, los países firmantes representan a más de 1600 millones de personas.

“Desde un punto de vista bioético, el contenido de la declaración es de gran valor. Defiende la primacía de la familia y ‘el derecho al más alto nivel posible de salud para la mujer’ para promover su papel esencial en la sociedad moderna, así como la prioridad de proteger el derecho a la vida”, señaló el Observatorio de Bioética.

Con el cambio de mando en la Casa Blanca, la ONU ha perdido uno de sus frenos principales frente al abuso de poder sobre la soberanía nacional, especialmente de los países más necesitados.

En el caso de Ecuador, por ejemplo, la ONU ofreció más de 46 millones de dólares para ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus. Pero entre las condiciones necesarias, el país debía legalizar el aborto, por lo cual la candidata a la Vicepresidencia del Ecuador, Martha Villafuerte, lo llamó un “chantaje económico”.

También en la región, Honduras se enfrentó a la presión de la ONU para legalizar el aborto y cambiar la denominación del matrimonio como vínculo entre hombre y mujer, alegando que el país centroamericano tenía obligaciones internacionales.

La mayoría de los países del mundo continúan consagrando en la ley el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y solo 29 han legalizado la unión entre personas del mismo sexo.

Finalmente, la ONU demuestra cómo al buscar exponer a los gobiernos y otras organizaciones que rechazan las intromisiones en asuntos de jurisdicción nacional, el organismo internacional de mayor alcance perpetúa un clima de intimidación en un espacio que fue diseñado para el diálogo entre naciones, no la imposición sobre las mismas.