Diego Conesa es el líder del PSOE en la región de Murcia y el Delegado del Gobierno en esta comunidad. El dirigente quería ser el presidente de todos los murcianos. Por ello, ha estado semanas tratando durante semanas de convencer a Ciudadanos para presentar la moción de censura. Lo ha conseguido, pero para que se hiciera efectiva, ha tenido que renunciar a la pretensión de ocupar el sillón presidencial del Palacio de San Esteban (sede de la Presidencia de la Región de Murcia y del Consejo de Gobierno).

A finales de enero, Diego Conesa, declaraba en los juzgados de Totana. En uno de sus juzgados hay una causa abierta contra el líder de los socialistas murcianos en la que se le acusa de haber cometido un delito de prevaricación administrativa cuando era alcalde de Alhama de Murcia por no tramitar una denuncia de tráfico presentada por el sargento de la Policía Local.

La persona que había cometido la infracción de tráfico era el concejal de IU de Alhama, Juan Romero. Esa infracción impuesta por el sargento jefe de la Policía Local de Alhama de Murcia, José Clares -cuando Conesa era alcalde de esa localidad- terminó en el fondo de un cajón porque el alcalde que gobernaba en minoría se apoyaba en los votos de los concejales de IU para sacar adelante muchos de sus proyectos municipales. En el periodo en el que ocupó la alcaldía alhameña, entre los años 2015 y 2018, el ahora líder del PSRM gobernaba en minoría y tenía que apoyarse habitualmente en los tres ediles de IU para poder sacar adelante sus proyectos.

En el programa de Trece, ‘El Cascabel’, ha estado José Clares, ex sargento de la policía local de Alhama de Murcia, para contar por qué denunció a Diego Conesa por no tramitar esta denuncia: “Los hechos se remontan al mes de marzo del año 2016, cuando dos agente le formularon una denuncia a un concejal de Izquierda Unida y esa denuncia quedó sin tramitar cuando el resto de denuncias que se formularon lo hicieron con normalidad.

“La denuncia fue con base en una ley de Seguridad Ciudadana. Pararon al concejal en un control del municipio y montó un poco de revuelo. Entonces los agentes le tramitaron la denuncia por alteración del orden público. Le hicimos el control de alcoholemia y dio negativo. Al perecer formó un revuelo porque cualquier actuación policial no es bien recibida por los vecinos, incluso en esta ocasión uno vecino se ofreció para formar parte de la declaración de lo que había ocurrido porque estaba un poco sorprendido por la situación”, ha explicado el ex sargento.

Por último, Clares ha dado más detalles sobre esta decisión: “El órgano sancionador era el alcalde, yo no tenía potestad para tramitar esa denuncia si no se cumplía el conducto reglamentario. Había una forma de proceder a nivel interno que se utilizaba en situaciones normales cuando no había un plus añadido. Había que dar cobertura al resto de los agentes y yo decidí que debía actuar en esta dirección. El resto de vecinos que habían sido afectados manifestaron sus quejas, ya que las denuncias que se les habían impuesto sí habían prosperado. Todo esto hay que vivirlo en un municipio de 22.000 habitantes, ya que hubiera sido distinto que hubiera pasado en una ciudad como Madrid”.