Todos los días nos encontramos con acusaciones totalmente desproporcionadas de los fiscales, que posteriormente son rebajadas sustancialmente por los jueces y magistrados.

La licencia que otorga el Código Penal para fijar las penas por hechos delictivos en base a las acusaciones, deben de tener un límite proporcionado.

El Código Penal, es un arma jurídica para castigar comportamientos delictivos. Pero como cualquier otro arma, incluida la de fuego, debe utilizarse con mesura, responsabilidad y de manera proporcional.

A los fiscales, se les permite utilizarla, saltándose los límites de un buen uso. Su responsabilidad, a diferencia de la de jueces y magistrados, es ínfima, lo que les permite efectuar acusaciones con penas desproporcionadas. No es suficiente que los jueces y magistrados en sus sentencias corrijan los excesos o las acusaciones imprudentes y temerarias, es urgente poner freno a esos desmanes, sin que ello suponga cuartar, limitar el legítimo derecho del Ministerio Público de cumplir con su obligación.

Se está produciendo un uso abusivo de esa potestad que le confiere nuestra Carta Magna. Y si a este uso abusivo se añade las directrices políticas, que en múltiples ocasiones reciben de sus superiores jerárquicos, utilizando el Código Penal, como agravantes o atenuantes.

El arma jurídica que supone el Código Penal, con la máxima pena de privación de libertad, debe aplicarse con rigor escrupuloso.

El principio constitucional de la seguridad jurídica, quiebra cuando arbitrariamente se producen excesos en las penas por parte del Ministerio Público, aunque con posterioridad sean corregidas en las sentencias por los jueces y magistrados.

Dentro de este contexto, otro hecho relevante, que ya en su día denunció el ya fallecido Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo y exFiscal General del Estado, José Manuel Maza, en el sentido de que las instrucciones en los procesos judiciales no deben ser dirigidas por la UDEF, UCO, sino por los fiscales y jueces, circunstancia esta que no siempre se cumple.

Asimismo, se debe garantizar como también apuntó, el exMagistrado José Manuel Maza, que se eviten filtraciones, y además se sanciones las mismas, algo normal en las casusas mediáticas cuyos máximos garantes deben ser los fiscales y jueces.

Una última reflexión sobre la forma de poner freno a esos excesos, al igual que está regulado para las acusaciones privadas y populares, es el hecho de condenar en costas por mala fe o temeridad también a los fiscales.

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