VOX ha presentado una querella, ante el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por Obstrucción a la Justicia, Represalias y Prevaricación, recogido en los artículos 464 y 404 del Código Penal, por la destitución del Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y la dimisión del DAO General Laurentino Ceña.

En el escrito, la Vicesecretaría Jurídica de la formación, que dirige Marta Castro, recuerda que hace un año ya presentó una querella por estos mismos hechos y fue archivada por no constituir delito ni aportar prueba suficiente. Ahora, tras la sentencia recaída en el procedimiento disciplinario, Castro pone de relieve que existe prueba de que el cese del Coronel de la Guardia Civil fue “inmotivado, arbitrario” y, además, tuvo relación directa con “la petición de realización una actividad abiertamente ilegal”.

En concreto, se refiere a la solicitud de facilitar información sobre las investigaciones ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, por la investigación del 8-M, que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

VOX, que analiza la citada sentencia, considera que el verdadero motivo de la pérdida de confianza fue “no avenirse a acometer un acto manifiestamente ilegal solicitada desde las más altas instancias del Ministerio”. Ello, explica la querella de la formación, “supone el reconocimiento expreso de la comisión del delito, del que resulta responsable Marlaska, del que se afirma que se constata la vinculación de los intereses ministeriales con un proceder arbitrario, con evidente desviación de poder, y, además, mentir públicamente, a la vista de las manifestaciones realizadas desde mayo de 2020”.

En el análisis se pone de manifiesto la posibilidad de otros delitos, como acoso laboral motivo por el que el Tribunal Supremo deberá realizar el oportuno ofrecimiento de acciones como perjudicado e investigar los hechos. La Vicesecretaría Jurídica considera “difícil” evitar una investigación por prevaricación, obstrucción y represalias.

Finalmente, Castro solicita que se remita el expediente disciplinario completo, el procedimiento seguido en el Juzgado Central de Instrucción número 8, incluido un documento entregado en el mismo y clasificado como reservado, además de las declaraciones de la directora de la Guardia Civil, del Secretario de Estado de Seguridad y de Marlaska.