Santiago Abascal, en un mitin en Valencia en 2019

Fue el mitin más multitudinario de la campaña de las elecciones generales de 2019 en la Comunitat Valenciana. Vox escogió uno de los pabellones de Feria València para el gran acto en el que Santiago Abascal fue aclamado por 7.500 personas apenas tres días antes de que el partido verde se convirtiera en la tercera fuerza más votada en España. El recinto ferial facturó 32.812,49 euros, pero el gasto pudo escapar al control y la fiscalización del Tribunal de Cuentas porque no se informó en los términos que exige la normativa.

Un año y medio después, el organismo ha incluido este incumplimiento de la ley electoral en un informe que analiza las contabilidades de los partidos. El tribunal precisa que es el proveedor del servicio -en este caso Feria València- el que tenía la obligación de comunicar los detalles del cobro, al superar los 10.000 euros.

Ahora bien, el ente descarga parte de la responsabilidad de este tipo de omisiones en las formaciones políticas, puesto que deben dejar claro a sus proveedores la obligatoriedad de aportar la información de todos los gastos facturados dentro del plazo para que se incluyan en la contabilidad electoral y pueda garantizarse su fiscalización.

Vox es el partido que más malparado sale del informe, puesto que el Tribunal de Cuentas propone recortarle en 72.600 euros su subvención electoral, al haber computado como gasto 36.600 euros en espacios publicitarios de televisiones privadas, pese a que la ley no lo permite.

Otros ocho proveedores tampoco informaron de facturas superiores a 10.000 euros con varios partidos, entre ellos IFEMA, que acogió un mitin de Unidas Podemos en Madrid por 33.767 euros. Pero la compañía con más cobros sin declarar es Facebook: ocultó recibos por 815.539 euros.

Subvención denegada a Compromís

El órgano fiscalizador ya reprochó a la multinacional tecnológica que no comunicara una serie de gastos electorales facturados a Compromís por 10.858 euros en las últimas elecciones municipales. En relación al último informe del Tribunal de Cuentas sobre las generales, la coalición valencianista ha presentado alegaciones tras negársele el derecho a una subvención para cubrir gastos de propaganda electoral por 173.127 euros. Més Compromís argumenta que se integró en el grupo parlamentario plural del Congreso, pero el organismo insiste en que no cumple los requisitos para cobrar la ayuda en virtud de sus resultados electorales.