Cuando explico a mis alumnos el tema del empleo público, les digo que hay dos clases de funcionarios: por oposición y por ocupación.

Me miran con sorpresa, pensando que estoy como una cabra, hasta que les explico la realidad, y es que no me gusta ocultar la verdad a nadie. Y entonces me dan la razón, sobre todo si son personas adultas y conocen, también, como funciona la sociedad española.

Hoy en día tenemos más empleados públicos por ocupación que por oposición. Y hablo de empleados, no de trabajadores, pues muchos de ellos no pegan palo al agua, pues realmente no tienen nada que hacer, ya que están allí simplemente como enchufados del partido político correspondiente, liberados para poder dedicarse a la actividad política, con la tranquilidad que da tener un salario fijo mensual con el que poder vivir dignamente.

Se han inventado múltiples sistemas para crear estas plazas de “comisarios políticos”, desde asesores hasta personal eventual, de confianza, etc. Y, por supuesto, puestos funcionariales de un determinado nivel en los que se puede nombrar a personas ajenas a la administración correspondiente, desde numerosas direcciones generales hasta vice consejerías, asesores técnicos –aunque no sepan hacer una o con un canuto-, etc. La cuestión es colocar a los amigos y correligionarios, por cuenta del erario público. La administración como botín del partido ganador.

Independientemente de lo anterior, muchas veces hace falta personal para cubrir interinidades, sustituciones, contrataciones temporales, que no requieren la creación de una plaza fija, dado su carácter transitorio, etc. En estos casos se acude a las bolsas de personal contratado, constituidas al efecto, y en donde deberían primar los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Principios constitucionales que son los más violados de nuestro ordenamiento jurídico, pues la mayoría de esas bolsas, por no decir todas, funcionan con escasa transparencia, los llamamientos a trabajar se producen con muy poca publicidad, etc. Y los criterios para su funcionamiento suelen primar la antigüedad en el servicio, con lo cual las personas que llevan más tiempo en la bolsa correspondiente, acaban convirtiéndose en una suerte de FUNCIONARIOS POR OCUPACIÓN, pues no hay forma de echarles o desplazarles, en demérito de las nuevas incorporaciones, muchas veces con mayor capacidad y mérito que ellos.

Esta situación ha sido obviada y corregida por alguna bolsa, como la de Correos, donde la persona de la bolsa que se incorpora al trabajo pasa luego a ocupar el último lugar de la misma, lo que da lugar a que todos tengan la posibilidad de trabajar, y el organismo correspondiente disponga de más personal capaz de hacer una sustitución.

En Aragón el Servicio Aragonés de Salud aprobó y publicó la Resolución de 26 de febrero de 2014 (BOA del 10 de marzo), por la que da instrucciones en materia de ceses cuando haya varios nombramientos eventuales y existan plazas sin cubrir, y dispone que cesen primero los que más antigüedad tengan…, lo que no me parece un criterio desacertado, y ello por varios motivos:

1. Para evitar la existencia de funcionarios por ocupación (realmente okupación), que impidan o dificulten el acceso a empleos públicos de nuevos candidatos, con más méritos y capacidad que ellos, a excepción de la antigüedad.

2. Porque son las personas que más prestación contributiva por desempleo podrán cobrar cuando cesen, debido a que tienen más tiempo cotizado, y ello les permitirá seguir viviendo hasta que consigan otro empleo.

3. Es una forma de distribuir equitativamente en la sociedad el escaso trabajo público existente, teniendo en cuenta que el acceso a los empleos públicos es un derecho para todos los españoles, ya que son los únicos trabajos a los que podemos acceder en igualdad de condiciones, puesto que las empresas privadas contratan a quien quiere, sin que haya libre concurrencia ni nada por el estilo.

Obviamente los sindicatos médicos, paramédicos y asimilados, han puesto el grito en el Cielo, pues para ellos el criterio lógico hubiera sido cesar primero a los más modernos, de forma que los funcionarios por okupación pudieran seguir trabajando hasta que se extinguieran, como los dinosaurios, bien por muerte natural, jubilación o cataclismo universal.

Como pueden ver, nada tengo contra el Gobierno de Aragón, y les felicito por esta iniciativa, que espero se extienda cuanto antes a la totalidad de las bolsas existentes en España, como forma de revitalizar y rejuvenecer el servicio público, con las personas más capaces y meritorias, tal y como proclama nuestra Constitución.

*Abogado y escritor.
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