En política se llama fontaneros a aquellos altos cargos, normalmente asesores, personal de confianza, etc., que “cocinan” las decisiones, pero siempre detrás de las bambalinas, es decir sin que el público les conozca, en la mayoría de los casos. La Moncloa tiene centenares de fontaneros, a cual más inútil, por los resultados que vemos.

Respecto a la Casa Real, no me atrevería a decir que tiene fontaneros, sino más bien enemigos, o republicanos camuflados, que trabajan silenciosamente en pro de la destrucción de la Institución. Leticia y Urdangarín son dos de ellos.

La justicia, que en realidad es la Administración de Justicia, es decir una entidad dependiente de un Ministerio, por mucho que nos empeñemos en hablar del Poder Judicial, y para algunos del joder judicial, también tiene sus fontaneros, la mayoría de ellos absolutamente prescindibles, pues no aportan valor añadido alguno al producto final, sino más bien se dedican a vivir del cuento, sin trabajar en aquello para lo que (supuestamente) están preparados.
Sin ánimo de ser exhaustivos, vamos a enumerar algunos de ellos:

1. LOS LETRADOS DEL CGPJ, que en número de varias decenas han huido de la jurisdicción, pues quieren vivir tranquilamente en Madrid, y cuyas principales funciones son tocarse las partes nobles a dos manos, y parir unas contestaciones a los recursos que parecen producto de la diarrea mental de sus redactores, enumerando jurisprudencia hasta aburrir, pero sin decir nada, y todos literalmente similares, aunque los asuntos no tengan nada que ver. Se ve que son expertos en cortar y pegar.

Están hasta diez años en el Consejo, lo que es realmente infumable, pues no hay Derecho a que juristas competentes, o por lo menos con una oposición superada, dediquen una buena parte de su vida laboral a actividades burocráticas, que cualquier técnico administrativo haría mejor que ellos.

Cuando cambie el CGPJ, convendría prescindir de todos y cada uno de ellos, y posteriormente desinfectar el Consejo, preferiblemente con un producto antiparásitos, antes de reiniciar las actividades, con muchísimos menos letrados, pues no hacen falta tantos para nada, y con una duración en el cargo de un par de años, a lo sumo, para evitar que se acaben acomodando en el papeleo, huyendo de la trinchera de los juzgados, dónde está su verdadera labor.

2. SECRETARIOS COORDINADORES PROVINCIALES, que en número de medio centenar, que se dice pronto, han huido –también- de su trabajo, y se dedican a designar, tomar posesión, etc., a los secretarios judiciales sustitutos, labor que podría hacer perfectamente cualquier funcionario de la Audiencia Provincial correspondiente, o directamente el Ministerio, consiguiendo así un ahorro de 50 sueldos, pues hay que nombrar a 50 sustitutos para que hagan el trabajo que estos señores no hacen.

3. JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS SUSTITUTOS, que hace décadas se están intentando eliminar progresivamente, o por lo menos disminuir, tropezando con grandes resistencias en las carreras respectivas, donde a todos les encanta tener asistentes que hagan el trabajo que nadie quiere hacer.

Aún recuerdo cuándo siendo fiscal sustituto tuve que “comerme” una gigantesca estafa inmobiliaria, a centenares de personas, en un procedimiento con una veintena de tomos de instrucción, y que ningún fiscal de carrera quiso coger, no queriendo ocupar ninguno de ellos la plaza vacante de fiscal de la 2ª. categoría del juzgado de instrucción correspondiente…, nombrando por tanto a un abogado fiscal sustituto, es decir al que suscribe, y pagándole como fiscal de la 3ª. –y última- categoría, pero haciéndole desempeñar una plaza de superior categoría, pero eso sí, sin cobrar las diferencias retributivas correspondientes.

En mi etapa como secretario judicial, en cinco órganos judiciales, entre juzgados y audiencias provinciales, siempre me extrañaron dos cosas: la existencia de juzgados absolutamente prescindibles, dado el escaso número de asuntos, y el hecho de que en algunas localidades hubiese dos juzgados, cuando uno sólo podría hacerse cargo perfectamente de la totalidad de los asuntos, con la consiguiente reducción del gasto público.

En Aragón, por ejemplo, algunos de los juzgados rurales sobran, pues hoy en día casi todo el mundo tiene coche, y desplazarse de Boltaña a Barbastro, por ejemplo, está al alcance de la práctica totalidad de las personas. O de Calamocha a Teruel, por ejemplo.

Empeñarse en mantener juzgados de pueblo, donde prácticamente no hay nada que hacer, pero que suponen un gasto público considerable, es absurdo.

Recuerdo que cuando he estado de juez, fiscal o secretario judicial en pueblos, nuestra principal actividad era la hostelería, y no me refiero a trabajar en el gremio, sino a ir a tomar café, desayunar, almorzar, etc., en los bares de nuestra “jurisdicción”, procurando eso sí invertir el dinero cada día en uno distinto, para una mejor distribución del gasto público, pues a sentido de la justicia no nos gana nadie.

En resumen, sobran juzgados, sobran letrados en el Consejo y sobran secretarios coordinadores provinciales. Y faltan ganas de trabajar, muchas ganas de trabajar por parte de bastantes miembros de la Administración de Justicia, mientras que otros se matan trabajando a lomo caliente…, cobrando todos lo mismo a final de mes.

*Abogado y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
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