Por Agustina Sucri.- La irrupción del covid-19 en el mundo condujo a un rápido desembolso de fondos públicos, toma de decisiones urgentes e intervenciones de salud pública sin precedentes. Al mismo tiempo, el desarrollo y la contratación del suministro de vacunas contra esta enfermedad ha ido acompañada por una preocupante y peligrosa falta de transparencia. Así lo advierte un exhaustivo informe realizado por el Programa de Salud Global de Transparency International -el principal organismo anticorrupción- y el Centro Colaborativo de la Organización Mundial de la Salud (OMS CC) para la Gobernanza, Responsabilidad y Transparencia en el Sector Farmacéutico, con sede en la Facultad de Farmacia Leslie Dan de la Universidad de Toronto (EE.UU.).

El documento, titulado “¿Quién se beneficia? Transparencia en el desarrollo y adquisición de las vacunas contra la covid-19”, confirma lo que muchos vienen señalando desde hace tiempo mientras quienes prefieren ignorar la realidad buscan descalificarlos con ridículos rótulos de “negacionistas” , “antivacunas” o «impulsores de fake news». “Si se tiene en cuenta que, según reveló una reciente encuesta, un tercio de la población mundial -1.300 millones de personas- no está dispuesta a vacunarse contra el coronavirus, la transparencia es vital para generar confianza”, subraya el informe.

En el trabajo de Transparency International se analizó la documentación de 20 de las principales vacunas contra el covid-19 que estaban o habían completado la fase 3 de investigación clínica hasta el 11 de enero de 2021. También examinó los datos de casi 200 contratos, hasta marzo de este año, para 12 vacunas: Moderna (mRNA-1273), Pfizer/BioNTech (Comirnaty BNT162b2), Medicago (w/GSK adjuvant, CoVLP), Bharat Biotech (Covaxin BBV152), CureVac (CVnCoV), Sinopharm (Beijing, BBIBP-CorV), AstraZeneca (AZD1222 / Covishield ChAdOx1 nCoV-19), CanSino Biologics (Convidicea Ad5-nCoV), Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S), Novavax (NVX-CoV2373), Sinovac Biotech (CoronaVac) y Gamaleya Research Institute (Sputnik V).

Del análisis se desprende “una tendencia inquietante de escasa transparencia en los ensayos clínicos, así como en la contratación para el suministro de vacunas”, signada por:

* El panorama incoherente de la política de transparencia de los ensayos clínicos a nivel mundial.

* La difusión deficiente de los protocolos de los ensayos clínicos de las vacunas.

* El uso frecuente de los medios de comunicación para anunciar los resultados de los ensayos clínicos sin una publicación adjunta que incluya el análisis de los datos asociados, algo que favorece las informaciones erróneas y los malentendidos.

* Un nivel extremadamente bajo de las publicaciones de los contratos en todo el mundo.

* Ediciones significativas en los contratos publicados, que ocultan datos esenciales de interés público.

* El precio oscilante de las vacunas y las extensas cláusulas de indemnización, subrayando la necesidad de una mayor transparencia en estas áreas.

ENSAYOS EN HUMANOS

«La transparencia de los ensayos clínicos es la única manera de controlar la seguridad y la eficacia de las vacunas y es una salvaguarda clave contra la notificación selectiva de los resultados o la manipulación de los datos”, remarcan los autores del documento, quienes señalan que, a pesar de ello, el análisis de los ensayos clínicos registrados para las principales vacunas revela que sólo se han anunciado los resultados del 45% de ellos. “De esta cifra, el 41% no ha publicado un análisis de datos, lo que significa que solo se proporcionaron los resultados más importantes a través de un comunicado de prensa o conferencia de prensa, con una cantidad de datos mínima”, añaden

Esta tendencia de manejar la “ciencia mediante comunicados de prensa” nos ha llevado al intercambio selectivo de resultados y a la falta de explicación de los detalles metodológicos que son fundamentales para interpretar los resultados, alertan los autores del informe, para luego enfatizar que “los comunicados de prensa y las conferencias de prensa permiten a las empresas secuenciar los comunicados informativos junto con los movimientos bursátiles, obteniendo así una posible oportunidad para obtener beneficios privados”.

Otra grave irregularidad tiene que ver con la información relativa a los protocolos de investigación que se implementaron al probar las vacunas en seres humanos. “Sólo en el 12% de los ensayos clínicos se publicaron los protocolos. En el 88% de los ensayos registrados en nuestro análisis no había protocolos accesibles al público, por lo tanto, no había forma de conocer las condiciones en las que se llevaron a cabo”, destaca el informe.

PELIGROSO PRECEDENTE

«Estos resultados son preocupantes y tienen importantes implicancias no sólo para la respuesta al covid-19, sino también para futuras emergencias sanitarias”, enfatizó Jonathan Cushing, director del Programa de Salud Global de Transparencia Internacional, quien agregó que: “La falta de transparencia de muchos ensayos clínicos, combinada con los enormes incentivos financieros para producir tratamientos eficaces, deja la puerta abierta a la información selectiva de los resultados o a la manipulación directa de los datos”.

«La falta de datos accesibles al público crea un espacio para verdades a medias, engañosas y potencialmente peligrosas, desinformación y teorías conspirativas, que a su vez contribuyen a la indecisión sobre las vacunas», prosiguió.

En cuanto a la escasa o nula transparencia de los contratos entre los laboratorios desarrolladores de las vacunas y los gobiernos, el análisis del organismo anticorrupción apunta que del puñado de contratos que se hicieron públicos, casi todos incluyen importante cantidad de información clave tachada, como el precio total pagado, el precio por dosis o los plazos de entrega.

«El análisis de 183 contratos para 12 vacunas anticovid revela que sólo el 7% de los contratos entre desarrolladores y gobiernos se publicaron por los canales oficiales. Y sólo Republica Dominicana publicó el contrato sin información oculta. La mayoría presenta páginas enteras tachadas, que ocultan información de interés público fundamental”, precisa Transparency International.

Los 11 contratos publicados formalmente los proporcionaron cuatro países y un bloque: Reino Unido, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos y la Unión Europea. Los cinco firmaron varios acuerdos con los desarrolladores de las vacunas sin llegar a publicar de manera formal todos los contratos. De manera formal, publicaron una media del 23 por ciento de sus acuerdos concluidos. Estados Unidos es la única excepción, que publicó formalmente los seis contratos que firmó.

También resultan alarmantes las grandes disparidades que halló el organismo respecto del precio pagado por las mismas vacunas. Como ejemplo, cita el caso de la vacuna Oxford/Astra-Zeneca por la cual las economías de renta media-alta, como Sudáfrica, pagan un promedio de 25% más por dosis que las economías de renta alta como la Unión Europea.

En ese sentido, Cushing hizo hincapié en que “ocultar los contratos de la vista del público o publicar documentos llenos de texto tachado significa que no sabemos lo que los gobiernos han firmado”. “Dadas las enormes cantidades de dinero público invertidas en investigación y desarrollo en todo el mundo, los ciudadanos tienen derecho a saberlo todo sobre las vacunas que sus impuestos han ayudado a financiar», opinó.

INMUNIDAD LEGAL

Por otra parte, el trabajo de Transparency International pone de manifiesto que aquellos países que no tienen leyes relacionadas con la responsabilidad incluyeron cláusulas de indemnización en los contratos. “Estas cláusulas garantizan que el proveedor esté protegido de las repercusiones legales en caso de que se produzca una reacción adversa a una vacuna”, se detalla.

«Sin embargo, como muestran los contratos de Pfizer con la República Dominicana y Albania, algunos acuerdos contractuales cubren responsabilidades adicionales. Las cláusulas de estos contratos van mucho más allá y tratan de trasladar el riesgo a los gobiernos nacionales y alejarlo del desarrollador, incluso si el desarrollador o los socios de la cadena de suministro cometen errores”, remarca el organismo anticorrupción.

El análisis, respaldado por los informes de los medios de comunicación y de las ONG, indica la existencia de una ‘norma pandémica’ en la que un aspecto prioritario de la negociación para los proveedores ha sido limitar el nivel de riesgo financiero en caso de que algo salga mal en el desarrollo y distribución de vacunas. A su vez, dichos aspectos de un contrato se vuelven más sensibles desde el punto de vista comercial, creando un mayor estímulo en nombre del proveedor para editar o no editar dicha información.

«Esta situación se agrava concretamente en las economías de renta media baja, ya que muchas no tienen la capacidad administrativa o legal para adaptarse rápidamente y los sistemas de contrataciones ya pueden estar sobrecargados debido a la pandemia”, explica el documento.

Tras detallar a lo largo de las 56 páginas de su informe cada una de las irregularidades encontradas, Transparency International propone una serie de recomendaciones que deberían ponerse en práctica para revertir tanto el actual panorama como posibles situaciones futuras.

En esa línea, insta a los gobiernos nacionales a adoptar y hacer cumplir la legislación que exige el registro previo de todos los ensayos clínicos y la publicación de los resultados resumidos dentro de los 12 meses siguientes a su finalización. “Todos los gobiernos que hayan comprado vacunas también deberían seguir el ejemplo de Estados Unidos y publicar sus contratos”, subraya.

En tanto, indica que los desarrolladores de vacunas deben publicar sus protocolos de ensayos clínicos en un registro de acceso público (si no lo han hecho ya) y que deberían utilizar los medios de comunicación para anunciar los resultados de los ensayos clínicos sólo cuando se haga en conjunto con el análisis de datos publicado en una revista médica revisada por pares, en un registro de ensayos o en un artículo pre-impreso.

El documento del organismo anticorrupción, lejos de pretender abonar los mensajes “antivacunas” y las “teorías conspiracionistas”, pone el foco en datos concretos. Así, salta a la vista que las dudas que pueden surgir sobre la conveniencia de aplicarse o no algunas de las vacunas disponibles contra el covid-19 no parecen descabelladas cuando se hace tan evidente la falta de transparencia en torno a ellas. El informe constituye un valioso aporte para reconocer y remediar las irregularidades que con justo motivo no pueden ser ignoradas.