Gabriela Moreno.- A pocos días de cumplirse un año de la detención del presunto testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombiano Álex Saab, se conoce la vergonzosa decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de ordenar detener su extradición a Estados Unidos.

En un acto de rendición ante la dictadura chavista, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos emitió este martes un documento en el que exige que se detenga el proceso «de inmediato», alegando que se trata de un «diplomático» que ha sido sometido a una «ilegal detención». La postura cómplice de la ONU tiene un largo expediente. Basta con haberle dado un asiento en el Consejo de Derechos Humanos a Venezuela, cuyo régimen es acusado de crímenes de lesa humanidad. También Irán, China, Rusia y Corea del Norte han tenido voz en esta instancia para hablar sobre derechos humanos. El chiste se cuenta solo.

La comunicación oficial firmada por los relatores especiales del Comité de Derechos Humanos sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, Helene Tigroudja y Arif Bulkan, ordena también a Cabo Verde, como Estado parte, a que adopte todas las medidas necesarias para «garantizar el acceso a atención médica adecuada» a Saab «preferiblemente por médicos independientes y especializados de su elección».

El próximo sábado se cumple un año de la detención de Aléx Saab en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la Isla de Sal, Cabo Verde, cuando el avión privado en el que viajaba aterrizó para repostar combustible con la intención de continuar su ruta a Irán. Estados Unidos tiene jurisdicción en el caso para pedir su extradición porque el dinero venezolano que Saab habría logrado lavar lo depositó en cuentas estadounidenses.

Según el calendario judicial, la Corte Constitucional de Cabo Verde ya debía haber decidido si lo deja en libertad o si entrega al barranquillero a la Administración de Drogas de EE. UU., para enfrentar en suelo norteamericano las acusaciones por su presunta participación en una megaoperación de lavado de activos –superior a los 350 millones de dólares– vinculada al chavismo.

Sin embargo, el fiscal general de Cabo Verde, Luís José Landim, afirmó que cree que están “haciendo lo correcto” y señaló que el tema se resolverá a través de las leyes caboverdianas, sin “presiones externas”.

“Siempre, desde el principio, hemos dicho que aplicamos la Ley de Cabo Verde, la Constitución, toda la ley aplicable, no la ley que se quiere imponer desde fuera o en cualquier otro lugar”.

Diplomacia sin peso

El nombramiento de Saab como embajador plenipotenciario por parte del régimen chavista para tratar de darle inmunidad diplomática ha sido inútil como también sus únicas explicaciones emitidas en un medio sobre sus relaciones con Maduro y la procura de la mediación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para presionar a Cabo Verde.

Tampoco han tenido efecto los sobornos, intentos de fuga, automutilaciones, campañas en las redes sociales, el uso de un falso obispo y hasta conciertos masivos en plena pandemia para intentar librarlo de la extradición a EE. UU.

De su boca en todo este tiempo sólo ha salido que se declara parte de una “extralimitación judicial por motivos políticos de Estados Unidos y de algunos de sus compinches regionales”, cuya meta es debilitar a Maduro utilizándolo para extraer «información para usar en su contra».

“No soy el verdadero objetivo”, dijo al canal ruso Actualidad RT porque se considera como uno más en la lista de una «guerra jurídica» en procesos judiciales con «fines políticos», por parte de EE. UU., a pesar de que admite sus nexos con Irán, Rusia y Turquía, pero agrega que se “enmarcan en una absurda teoría de la conspiración”.

Arresto con lujos

En un resort playero llamado Vila Verde, con villas, centro comercial y caminerías cumple su medida de prisión domiciliaria concedida luego de seis meses de reclusión en el penitenciario Terra Boa, reseña Infoabe.

La única imagen sobre su detención donde se aprecia vestido con camiseta negra, esposado y escoltado por dos policías en dirección hacia un tribunal pertenece a un camarógrafo de Radio Televisión de Cabo Verde, cuya planta estaba a escasos metros. La postal del contratista de Nicolás Maduro abunda en redes y medios.

Ahí espera por la decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, en Praia, la capital del país, en Isla de Santiago, ubicada a unos 40 minutos en avión del lugar donde se produjo su arresto.

Mientras, su familia se mudó a Moscú. En Rusia, su esposa, la modelo Camila Fabbri, y su hija ingresaron en un operativo de bajo perfil. Maduro aprobó el traslado desde Caracas luego de ventilarse la incautación de 1,8 millones de euros a nombre de Fabbri por parte de la justicia italiana entre bienes y obras de arte. Para el diario ABC, “algo misterioso” se cuece en el país de Vladimir Putin.

Las ilusiones de la defensa

El equipo de la defensa del empresario colombiano Álex Saab, encabezado por el exjuez español, Baltazar Garzón, espera que la Corte Constitucional de Cabo Verde se pronuncie en los próximos días sobre la apelación a la orden de extradición autorizada previamente.

Sus abogados insisten en que aún cuentan con “recursos adicionales” en caso de que la decisión de la Corte Constitucional sea adversa a su cliente, quien es solicitado por la Fiscalía Federal del Sur de Florida bajo acusaciones de corrupción y de lavado de dinero.

Sin mencionar cuáles son esos recursos, afirman que serán “consideradas domésticamente e internacionalmente” y los notificarán tan pronto hayan «tomado una decisión sobre los próximos pasos”, declararon los abogados en un correo electrónico enviado a el Nuevo Herald.

Sus esperanzas se centran en que la Corte Constitucional “protegerá el buen nombre de Cabo Verde, asegurando que las violaciones constitucionales que han tomado lugar en las cortes inferiores sean rectificadas en su decisión”. Ahora la ONU empuja las ilusiones de Álex Saab y de quienes quieren evitar por todos los medios su extradición.