Ignoro si es deliberada medida de presión, mensaje encapsulado del Gobierno para la facción independentista no ‘junquerista’ o, simplemente, mera expresión de la burricie consustancial con la mayoría de miembros escogidos de la podemia gobernante. Sea una cosa u otra, es una estulticia mayúscula declarar que Puigdemont debería poder volver a España sin ser requerido por la Justicia y sin ser siquiera inspeccionado por la Policía. Tal afirmación la realizaba la que es conocida en política como ‘La Niña de la Curva’, Ione Belarra, futura querida líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, que, en un despelote intelectual que hace las delicias de algunos buscadores de perlas, ha clamado por profundizar en lo que ella llama ‘la desjudicialización’, que no es otra cosa que inactivar al Poder Judicial para que todos los socios del gobierno de Sánchez se muevan en una cierta impunidad que no ponga en peligro la estabilidad de la banda. Con los indultos a la vuelta de la esquina, Puigdemont ha preguntado qué hay de lo suyo y de los dos comparsas que le acompañan, en la esperanza de poder beneficiarse de la pedrea de indultos que el Gobierno prepara para antes de que cuaje el verano.

Desde el prisma del podemismo cogobernante, la encargada de la Agenda 2030 ha sido consecuente con el discurso global de la formación: juzgar a políticos por ‘poner urnas’ es vetar la libertad política inocente y constructiva de una serie de individuos que defienden los derechos del pueblo catalán a su autodeterminación. No sé dónde están la novedad y la sorpresa. Lo que hace diferente a ese exabrupto es que lo ha pronunciado una miembro del Gobierno, miembro todo lo inexplicable que queramos, pero ministra al fin y al cabo, y no una desdibujada militante de un partido menor y antisistema. Lo que ha propuesto la individua es que no se juzguen delitos, y que el poder ejecutivo hurte al judicial su capacidad y obligación de perseguir conductas reprobables. Propone nada menos que el Gobierno proteja a fugados de la Justicia y que elementos como el gran responsable del golpe en Cataluña se incorpore a la vida civil sin dar explicaciones de ningún tipo acerca de la sedición traicionera que oficializó en 2017.

El Gobierno de la Nación ha saltado al ruedo con su portavoz, la mayor de las Azúcar Montero, a puntualizar la barbaridad que ha soltado una compañera de Consejo de Ministros. Dice que Puigdemont debe ser traído a España para ser juzgado, lo cual es la posición oficial… de momento. Belarra, en un ejercicio de irresponsabilidad tan llena de ignorancia como de inconstitucionalidad, es muy posible que haya adelantado un escenario que cualquier día podemos contemplar verbalizado en otros miembros del Gobierno así progresen sus necesidades. Si mañana hace falta el de Guaterlú para afianzar algún desequilibrio, no duden que esa tontería de la desjudicialización la manejará también el ministro de Justicia. Y ese tío estará aquí tan tranquilo. A lo mejor la ministra no ha hecho más que advertirnos la próxima curva.