Superados los 1.300 reportados como fallecimiento como consecuencia de las vacunas contra la COVID-19, en el Reino Unido y ante la actuación antijurídica del Gobierno, he remitido un mensaje al Presidente del Gobierno español, con el siguiente contenido:

Su Gobierno ha hecho que se esté vacunando a la gente sin su consentimiento informado, lo que les hace responsables de las reacciones adversas de las vacunas experimentales, incluyendo las muertes.

En Estados Unidos, el Gobierno ha creado una página web donde informa de los “posibles efectos secundarios después de vacunarse contra el COVID-19”, puede encontrar esta página en español en el siguiente enlace: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html.

En esta misma página, puede encontrarse un enlace al Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS): https://vaers.hhs.gov/. Este sistema permite que cualquiera pueda notificar reacciones adversas a las vacunas contra el COVID-19. También incorpora informes con el tipo de reacciones, incluyendo los fallecidos.

El Reino Unido dispone de un sistema similar y en la página web del propio Gobierno se informa semanalmente de estas reacciones en https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions, mediante los informes de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency – MHRA).

En el último informe del Reino Unido (9 de junio de 2021), se habían reportado 228.422 con reacciones adversas, incluyendo 1.328 fallecidos.

En los ensayos clínicos, las vacunas de AstraZeneca, Moderna y Pfizer, produjeron reacciones adversas en más de “1 de cada 10 personas” vacunadas.

Por lo antedicho, le sugiero que creen una página web que permita reportar las reacciones adversas y que incluya información precisa sobre los efectos secundarios y sobre las víctimas de las vacunas experimentales, para evitar las responsabilidades penales derivadas de esta opacidad.

Además, de esta forma evitarán que los médicos del Gobierno también tengan responsabilidades penales por las lesiones cometidas por vacunar sin consentimiento informado.

Javier Marzal Mercader.