Salah Abdeslam, el principal de los acusados que comparecieron este miércoles en el juicio por la matanza en la sala de conciertos Bataclan y los otros ataques terroristas del 13 de noviembre de 2015, atrajo la atención en la primera vista al reivindicar su pertenencia al Estado Islámico (EI) y hacer invocaciones de carácter religioso.

Abdeslam no quiso privarse de la oportunidad que tenía en el primer interrogatorio somero sobre su identidad, este miércoles, para decir que “no hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta”.

Además, aparte de negarse a dar los nombres de sus padres, cuando el presidente del tribunal, Jean-Louis Péries, le preguntó en qué trabajaba, respondió provocador: “he abandonado cualquier profesión para convertirme en un combatiente del Estado Islámico”.

El joven franco-marroquí de 31 años, que habló de forma atropellada, vestía una camiseta negra y se ha dejado una barba salafista, es el único que sigue vivo de los diez miembros de los comandos que asesinaron a 130 personas e hirieron a más de 400 en París y Saint-Denis.

Las víctimas supervivientes y sus familias estaban prevenidas de que este tipo de salidas podían producirse, como lo había señalado minutos antes de iniciarse el proceso Arthur Dénouveaux, presidente de Life for Peace, una de las asociaciones que se constituyeron para defender sus intereses.

Dénouveaux, que sobrevivió a la masacre del Bataclan, declaró a la prensa antes de entrar a la sala que “la Justicia francesa está acostumbrada a las provocaciones de los terroristas desde hace décadas. Es una forma (que tienen) de eludir sus responsabilidades”.

Géraldine Berger-Stenger, abogada de la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo (AFVT) que representa a 37 partes civiles, explicó que había prevenido a sus clientes de ese tipo de declaraciones y de que, sobre el fondo, no deben esperar gran cosa de los acusados.

Para la letrada, lo importante es que las víctimas “puedan hablar y conseguir explicaciones sobre la preparación de los atentados”.

Este proceso, que se va a prolongar hasta finales de mayo de 2022, tiene un carácter “histórico” por “la intensidad dramática” de los hechos que se juzgan y “está fuera de lo común” por su magnitud, afirmó el juez Péries al inicio de esta primera vista.

Hay 20 hombres acusados, de los cuales 14 comparecen ante el tribunal (once encarcelados y tres libres bajo control judicial).

Seis serán juzgados en ausencia, aunque se presume que cinco de ellos murieron en ataques de la coalición internacional contra el EI en Siria e Irak, en especial Oussama Atar, el que presuntamente ordenó estos atentados y los perpetrados en el aeropuerto y en el metro de Bruselas el 22 de marzo de 2016, obra de la misma red yihadista.

Con los cargos que se les reprochan, Abdeslam, Atar y otros diez podrían acabar condenados a cadena perpetua.

Las autoridades francesas, sabedoras de que todo el país y todo el mundo va a estar atento a lo que ocurra en el Tribunal de lo Criminal de París, han desplegado medios sin precedentes.

El viejo Palacio de Justicia, que está a pocos cientos de metros de la catedral Notre Dame, ha sido acondicionado y se ha construido en su interior una nueva sala de audiencias temporal con capacidad para 550 plazas, a la que se añaden otras diez salas de retransmisión adicionales para acoger en total a 2.000 personas.

Las fuerzas del orden han establecido un perímetro de seguridad en toda la manzana en la que la circulación está prohibida y solo pueden acceder a su interior aquellos que tiene autorización, como los cientos de periodistas franceses y extranjeros de los 141 medios que se han acreditado.

En las entradas se han instalado una docena de pórticos de seguridad, que se suman a los habituales del Palacio de Justicia, y que ilustran la atención que se presta a la seguridad porque, como señaló hoy el mismo ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, el riesgo terrorista ya es “particularmente elevado” en el país en tiempo normal, Y aumenta más con acontecimientos como este.

Según el programa del proceso, las audiencias de esta semana se van a dedicar a cuestiones de procedimiento (básicamente la constitución como acusación particular de víctimas que no lo hubieran hecho hasta ahora) y a la lectura de un resumen del sumario, que consta de cerca de un millón de páginas.

A partir de la semana próxima intervendrán investigadores que contarán el desarrollo de los hechos. Uno de los puntos fuertes será la intervención de responsables políticos, empezando en noviembre por los que eran en el momento de la matanza el presidente de Francia, François Hollande, y su ministro de Interior, Bernard Cazeneuve.